Ciudad de México, 20/03/26 (Más).- Autoridades de Estados Unidos identificaron una red de empresas fachada presuntamente vinculadas a Mónica del Rosario Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, como parte de investigaciones relacionadas con operaciones financieras ilícitas.
Las compañías señaladas habrían sido utilizadas para encubrir movimientos de recursos y actividades económicas asociadas al grupo criminal, en un esquema que busca aparentar operaciones legales ante autoridades y sistemas financieros.
El reporte indica que las autoridades estadounidenses incluyeron a estas empresas en sus listados de sanciones, al considerar que forman parte de una estructura destinada a facilitar el flujo de dinero del narcotráfico mediante negocios aparentemente legítimos.
Entre las características detectadas en estas firmas se encuentran giros comerciales diversos, lo que permitiría dispersar los recursos y dificultar el rastreo de los fondos por parte de las autoridades financieras.
Las investigaciones también apuntan a que esta red empresarial estaría relacionada directamente con el entorno familiar de “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del narcotráfico en México, lo que refuerza las sospechas sobre su uso como mecanismo de lavado de dinero.
En paralelo, este señalamiento ocurre en un contexto de acciones recientes por parte de las autoridades mexicanas contra estructuras del crimen organizado. Apenas ayer, elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en el que aseguraron armamento, equipo táctico y presuntas instalaciones utilizadas por grupos delictivos vinculados al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con reportes oficiales, estas acciones se llevaron a cabo como parte de las estrategias para debilitar la capacidad operativa de dichas organizaciones, mediante la localización de centros logísticos y el aseguramiento de recursos utilizados en actividades ilícitas.
El señalamiento de estas empresas forma parte de las acciones del Gobierno de Estados Unidos para combatir las finanzas de organizaciones criminales, mediante sanciones que buscan bloquear activos y restringir operaciones en el sistema financiero internacional.
Este tipo de medidas suelen implicar la inclusión de personas físicas y morales en listas de control, lo que limita su capacidad para realizar transacciones y acceder a servicios financieros, especialmente aquellos vinculados con instituciones estadounidenses, en un intento por frenar el flujo de recursos ilícitos.
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