Ciudad de México, 01/04/25 (Más / IA).- Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estrechamente vinculadas al oficialismo, han iniciado abiertamente sus campañas para conservar un lugar en el máximo tribunal del país.
En un proceso electoral inédito promovido por el partido Morena, que impulsa la elección popular de jueces, las juezas han comenzado a participar en actos públicos mientras continúan con sus funciones jurisdiccionales dentro del Alto Tribunal. Conforme a las nuevas reglas, la ministra más votada presidirá la Corte durante los siguientes dos años.
Las campañas comenzaron oficialmente este fin de semana, pero las aspirantes iniciaron actividades proselitistas semanas antes, en ocasiones adelantándose a los tiempos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar esta elección sin precedentes. L
Las tres juezas han aprovechado su visibilidad pública y sus cargos para promoverse, participando en foros estatales organizados por actores políticos locales y difundiendo contenidos en redes sociales mediante cuentas oficiales. Esta simultaneidad entre funciones judiciales y actividad política ha generado cuestionamientos sobre la separación entre la labor jurisdiccional y la búsqueda de votos.
Durante el fin de semana, las ministras participaron en eventos de carácter electoral respaldadas por organizaciones sindicales y sociales. En algunos casos, se reportó la presencia de acarreo, con transporte gratuito, reparto de alimentos y asistencia organizada por grupos gremiales, prácticas comunes en campañas políticas tradicionales. Esta movilización de bases refleja el respaldo político y social que impulsa sus candidaturas.
Loretta Ortiz fue respaldada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Cooperativa Cruz Azul y comerciantes de La Merced. En un evento celebrado en un auditorio prestado por el SME, Ortiz estuvo acompañada por Martín Esparza, dirigente del sindicato, y habló sobre su vínculo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la propuso originalmente para el cargo.

“Soy una chulada de mujer, porque, a mis 70 años, no estoy tan mal”, afirmó entre aplausos, “y tengo también la capacidad”. Ortiz explicó que realiza campaña tras concluir su jornada laboral y durante fines de semana. También señaló que el pleno de la Corte aprobó un calendario para evitar asignaciones de nuevos casos a los ministros salientes, pero manifestó su desacuerdo con que la nueva Corte inicie con un rezago de ocho mil asuntos. “La ministra Lenia Batres ya se quería ir de campaña”, comentó Ortiz, marcando distancia con su colega.
Por su parte, Yasmín Esquivel lanzó su campaña en Ecatepec, Estado de México, con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El mitin fue escenario de demandas ciudadanas, entre ellas la falta histórica de acceso al agua potable.

Durante su intervención, Esquivel reiteró temas del discurso obradorista: “Es tiempo de abrir la puerta de la justicia para quienes han sido olvidados”. Pese a los señalamientos de plagio en sus tesis, la ministra ha mantenido una presencia mediática destacada y se perfila como una de las favoritas en la contienda por la presidencia del tribunal.
Lenia Batres, quien se autodenomina “Ministra del Pueblo”, organizó una caminata en Tlalpan, Ciudad de México, y un mitin al aire libre, donde afirmó: “Creo que soy la única candidata que está empezando con la gente, empezando en la calle, en un espacio abierto”.

Batres, hermana del exjefe de Gobierno Martí Batres, criticó las restricciones del INE, especialmente la prohibición de vínculos con partidos políticos durante la campaña judicial. “Es una campaña muy particular, no nos están dejando mucho espacio para difundir información”, expresó.
La elección judicial del 1 de junio implica la renovación de cientos de cargos en el Poder Judicial mediante boletas múltiples, en un proceso donde los candidatos deben financiar sus campañas con recursos propios, sin rebasar los límites impuestos por la autoridad electoral.
Según las reglas, su promoción debe realizarse en debates, foros académicos, caminatas y redes sociales, sin propaganda pagada. No obstante, la presencia activa de actores sindicales, la difusión mediática y el uso de estructuras políticas locales han marcado el arranque de estas campañas, desdibujando los límites entre función pública e interés político.
En este nuevo escenario, la justicia mexicana se encuentra en una encrucijada entre la toga y la plaza pública.
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