Ciudad de México, 06/05/2026 (Más).- Francisco Labastida Ochoa volvió al debate público por sus declaraciones sobre Sinaloa, el narcotráfico y la solicitud de extradición contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, un tema sobre el que el exmandatario estatal sostiene tener autoridad política y experiencia directa, pues gobernó la entidad entre 1987 y 1992, cuando ya se advertía el crecimiento de los grupos criminales.
De acuerdo con El País, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al excandidato presidencial priista por sugerir que Rocha Moya fuera extraditado de inmediato, tras la solicitud formulada por el fiscal del distrito sur de Nueva York. Labastida respondió que no pretende actuar como juez, pero defendió su derecho a opinar y sostuvo que el Gobierno mexicano debe aplicar la ley y cumplir el tratado de extradición firmado con Estados Unidos.
El político de 83 años afirmó que no se trata de una relación de subordinación frente a Washington, sino de una obligación legal. “La presidenta tiene que aplicar la ley. No es cuestión de cooperación. Tiene que cumplir con el tratado firmado entre Estados Unidos y México, a fuerza, no tiene para dónde hacerse. Y no es un asunto de nación subordinada o protectorado, es la ley”, señaló.
Labastida recordó su trayectoria pública, que incluyó la Secretaría de Energía, la gubernatura de Sinaloa, la embajada de México en Portugal, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Gobernación, la candidatura presidencial del PRI en 2000 y el Senado de la República. Hace dos años renunció al PRI, inconforme con la dirigencia de Alejandro Moreno, y publicó una autobiografía política sobre el ejercicio del poder presidencial.
Al hablar de Sinaloa, el exgobernador evitó ubicar el origen del problema exclusivamente en el actual gobierno o en Morena. Recordó que la relación de la entidad con la producción de drogas se remonta a mediados del siglo XX, cuando se sembró amapola en la región del Triángulo Dorado, y luego evolucionó hacia estructuras criminales más complejas que derivaron en los cárteles de los años ochenta.
Labastida aseguró que al asumir la gubernatura, en enero de 1987, ordenó una depuración de la Policía estatal mediante exámenes de confianza. Según su relato, 70 por ciento de los elementos no aprobó y casi la mitad terminó en prisión al comprobarse vínculos con el narcotráfico, en una época marcada por personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo.
El exmandatario también recordó el asesinato de la defensora de derechos humanos Norma Corona, ocurrido en Culiacán en 1990, y afirmó que funcionarios federales intentaron encubrir a los responsables reales. “Aquí ha habido en la historia de México, ligadas al narcotráfico, básicamente dos piezas clave: la Procuraduría y la Dirección Federal de Seguridad”, dijo.
Aunque reconoció que también fue señalado en su momento por supuestos acuerdos con narcotraficantes, Labastida sostuvo que esas acusaciones fueron débiles y defendió su gestión al afirmar que combatió el problema, redujo homicidios, depuró corporaciones locales y enfrentó a estructuras federales contaminadas por el crimen.
El exgobernador lamentó que la influencia del narcotráfico creciera en administraciones posteriores y mencionó a varios exmandatarios sinaloenses. También señaló que en 2021 acompañó al priista Mario Zamora y observó presiones contra candidatos, operadores territoriales y familiares de aspirantes, hechos que, dijo, fueron denunciados en la impugnación electoral.
Frente al caso Rocha Moya, Labastida dijo tener sentimientos encontrados: por un lado, considera positivo que se combata al narcotráfico; por otro, lamenta que la investigación provenga de Estados Unidos y no de las autoridades mexicanas. “Es inconcebible, es inaceptable”, afirmó.
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