Tijuana, Baja California, 15/10/26 (Más).- Un regidor de Tijuana enfrenta una segunda denuncia por presunta violación contra una mujer de 31 años que ya lo había acusado del mismo delito en 2024, sin que hasta ahora las autoridades hayan ejercido acción penal en su contra.
Miguel Loza, actualmente regidor independiente, fue señalado por Daniela de haber ingresado a su apartamento el pasado 17 de septiembre, acompañado de otro hombre, para golpearla, amarrarla, agredirla sexualmente y amenazarla por negarse a retirar la primera denuncia.
De acuerdo con información publicada por El País, que obtuvo una copia del expediente de la Fiscalía General de Baja California, la nueva agresión habría ocurrido pese a que las autoridades se comprometieron a brindar protección a Daniela, nombre utilizado para identificar a la víctima, y mantener en reserva su domicilio ante las amenazas de muerte que había recibido. La primera investigación permanece estancada desde hace casi dos años.
Según su declaración ante el Ministerio Público, alrededor de las 17:30 horas del 17 de septiembre, un desconocido con apariencia de escolta abrió la puerta de su apartamento y permitió la entrada del regidor. Ambos presuntamente la golpearon y ataron de pies y manos, antes de que Loza la agrediera sexualmente. “Eso te pasa por no haber hecho lo que te dije”, le habría expresado el funcionario.
Durante la agresión, el político presuntamente le reprochó que no hubiera aceptado un acuerdo para cerrar la primera denuncia. “No hubiéramos llegado a esto. Se hubiera terminado hace mucho si nos hubiéramos arreglado antes tú y yo”, declaró Daniela que le dijo Loza, quien también la habría amenazado antes de abandonar el inmueble.
La mujer denunció los hechos aproximadamente cinco horas después. Al día siguiente, agentes de la Fiscalía inspeccionaron el apartamento y recogieron diversas evidencias. Los análisis periciales detectaron líquido seminal en el cuerpo de Daniela y en una servilleta que presuntamente utilizó su agresor; sin embargo, todavía no se ha determinado si las muestras corresponden al regidor, quien no ha comparecido ante el Ministerio Público.
La pareja de Daniela declaró que encontró a la joven golpeada, acurrucada en un sillón y con parte de su ropa tirada en el suelo. También denunció haber recibido mensajes intimidatorios desde un número desconocido, entre ellos: “Te dije que te ibas a arrepentir, líder” y “De nada, líder. Te la dejé… ayer. Te dije que yo siempre gano”. Sospecha que fueron enviados por Loza, aunque su procedencia no ha sido acreditada.
La primera denuncia contra el funcionario se remonta a 2024, cuando Daniela lo contrató como abogado para representarla en un procedimiento por violencia familiar. Según su testimonio, Loza la agredió sexualmente en su despacho cuando acudió a recoger un contrato de servicios profesionales por 100 mil pesos. La joven sostiene que aquella agresión derivó en un aborto. Pese al tiempo transcurrido, la investigación no ha producido resultados judiciales contra el señalado.
Loza, de 36 años, militó en el Partido Acción Nacional desde 2012 hasta enero de 2025, cuando renunció tras hacerse pública la primera denuncia. Actualmente es regidor independiente y aspira a una diputación en las elecciones de 2027. El político ha negado las acusaciones y sostiene que existen intereses electorales detrás de los señalamientos.
Su abogada, Yeny Charrez Carlos, informó a El País que la defensa se reserva cualquier declaración pública sobre la nueva denuncia, sin que ello represente reconocimiento de los hechos. También pidió respetar la presunción de inocencia y distinguir las acusaciones de los hechos acreditados por las autoridades.
La Fiscalía de Baja California no respondió a los cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones ni aclaró si Daniela contaba con protección cuando ocurrió la segunda agresión denunciada.
Aunque el Ministerio Público solicitó vigilancia policial durante 90 días alrededor de su domicilio, persisten las dudas sobre las medidas de seguridad ofrecidas anteriormente.
Con dos denuncias por violación, evidencias periciales y señalamientos de amenazas, el caso mantiene abierta una pregunta fundamental: ¿por qué la justicia todavía no ha determinado la responsabilidad del funcionario?
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