La transparencia empeora en los estados

Desde Afuera

Por Jaime Villasana Dávila

Días atrás se presentaron los resultados de dos índices relativos a la transparencia y rendición de cuentas en los estados del país, específicamente en los Poderes Ejecutivos y Legislativos. Los resultados no son positivos y el escenario futuro tampoco es alentador.   

Al respecto los siguientes comentarios.

1. TRANSPARENCIA EN LOS PODERES EJECUTIVOS ESTATALES. La consultora ARegional publicó el jueves 17 de septiembre los resultados de su Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) de los gobiernos estatales, mismo que ha venido procesando desde el 2002. El ITDIF mide siete bloques temáticos. El resultado promedio para 2026 se ubicó en 59.38 puntos (de 100), mientras que en 2025 fue de 61.22 puntos. El gobierno estatal más transparente fue Querétaro con 97.86 puntos y luego Jalisco con 93.55 y, en el lado opuesto, los gobiernos estatales más opacos fueron Aguascalientes con 34.12, Guerrero con 35.30 y Nayarit con 37.81 puntos. Lo más delicado de los resultados, dice la consultora, es el retroceso en la disponibilidad de datos financieros al ubicarse en niveles del año 2003. En ese año el promedio fue de 52.80 puntos, pero debe considerarse que apenas en 2002 e inicios del 2003 habían sido aprobadas las leyes de transparencia federal y estatales. La calificación promedio más alta se dio en el 2015 con 81.21 puntos. ARegional señala que el bajo resultado en 2026 se debe en parte a la falta de homologación y al desinterés por publicar los desgloses en portales oficiales.

2. TRANSPARENCIA EN LOS CONGRESOS LOCALES. El Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes) dio a conocer el lunes 21 los resultados de su reporte de evaluación de Congresos locales en transparencia 2026, también conocido como Ranking CIMTRA-Legislativo. En su boletín de prensa señala que “la transparencia legislativa muestra señales de retroceso al caer el promedio nacional en 2026” al ubicarse en 43.4% (de 100%), mientras que en 2022 el promedio fue de 46.5%. Añade que en “esta evaluación de 2026 sólo siete Congresos locales obtuvieron una calificación superior a 60%”. El primer lugar de transparencia lo ocupó el Congreso de Chihuahua con 93.8%, seguido del Congreso de Guanajuato con 86.8% y Jalisco con 76.7%. Los últimos tres lugares los ocuparon Guerrero con 25.3%, Querétaro con 18.7% y Baja California Sur con 16.8%. El índice de CIMTRA evalúa ocho rubros y fue el de Control Interno el de peor resultado promedio con apenas 30%. CIMTRA advierte de “riesgos para la rendición de cuentas” y llama a “fortalecer la vigilancia ciudadana y la transparencia proactiva”. Este reporte y los previos están disponibles en www.cimtra.org.mx. Se añade que CIMTRA también mide la transparencia de algunos municipios mexicanos, especialmente los municipios capitales.    

3. UNA REFORMA QUE VINO A CAMBIARLO TODO…PARA MAL. Ciertamente el INAI y los institutos estatales de transparencia tenían muchas áreas de mejora, pero garantizaban mejor el derecho a la información y la rendición de cuentas de los poderes ejecutivos (gobernadores) y legislativos (Congresos). Lo anterior porque tenían “dientes” (podían multar), aunque en los últimos años de su existencia (2023 a 2025) sus resoluciones eran poco respetadas por gobiernos y otras autoridades al saber que tales organismos tenían sus días contados. Pero ¿por qué está la transparencia cayendo peligrosamente? Una de las razones es muy simple: a partir de la reforma del 2025 al sistema nacional de transparencia, y aprobada por la 4T, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales a nivel federal y estatal se autorregulan en el tema, es decir, son “juez y parte”, siendo su “juez” áreas especializadas que se les llaman “autoridades garantes” y cuyos titulares dependen del presidente, gobernador y diputados/senadores. Antes, y como ya lo cité, a estos poderes (y demás instancias públicas) los regulaban el INAI y los institutos estatales (“organismos garantes”), quienes tenían un nivel de autonomía bastante aceptable.

4. CONCLUYENDO: LOS RESULTADOS NO SORPRENDEN. No hay que ser experto para saber que los niveles de transparencia en todo el sector público mexicano iban a caer por este profundo cambio de “juez autónomo” a “juez y parte”. Por ello, hoy en día se observan con más frecuencia reservas de información de casos de corrupción o de personajes políticos, así como negativas a entregar información. Por ello hoy también hay más corrupción. Ante esta terrible realidad generada por la 4T, la presidenta Sheinbaum publicó un decreto en agosto pasado solicitando al sector gubernamental y público a que sean transparentes, palabras más o menos. La mala noticia es que ello no se logra con decretos, sino con instituciones sólidas que garanticen transparencia. Esas las tuvimos hasta el 2025. Hoy tenemos nada y “peor es nada”, dice el dicho. Ojalá la presidenta recapacite (ya lo hizo en otros temas) y, en algún momento del resto de su sexenio, envíe una reforma a la ley nacional de transparencia para renacer a los institutos de transparencia (o como se llamen) con los dientes y autonomía que les caracterizaban, añadiendo procesos y lineamientos claros para minimizar los abusos dados en su existencia previa y menos grandes en su estructura orgánica. A todos conviene su existencia, incluido a los gobiernos mismos.     

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