La tragedia forense en Juárez

Ciudad Juárez enfrenta una crisis fúnebre marcada por hallazgos de cuerpos abandonados y cremaciones fraudulentas, con la Funeraria Del Carmen en el centro del escándalo. Autoridades detectaron violaciones a clausuras, fraudes a familias dolientes y un patrón de negligencia institucional que permitió operar a pesar de sanciones previas

Esta información fue publicada por La Silla Rota con la firma de José Estrada. Para ver la publicación original presionar aquí.

Tomado de La Silla Rota

Una atmósfera de engaño, dolor y putrefacción se cierne sobre Ciudad Juárez, donde la aparición de cuerpos en crematorios y domicilios vinculados a funerarias ha destapado una crisis que va más allá de un mero incumplimiento: revela una profunda negligencia de los órganos reguladores del sector. Lo que comenzó como un hallazgo aislado en un crematorio se ha convertido en una madeja de horror que ha dejado a familias enteras con la incertidumbre sobre el destino final de sus seres queridos y ha puesto en evidencia la falta de supervisión en una industria tan sensible como la funeraria.

El epicentro de esta pesadilla se ubica en la Funeraria Del Carmen, un nombre que hoy resuena con amargura entre las víctimas de un fraude que alcanza ribetes macabros. Esta historia, que se nutre de los testimonios vertidos en las audiencias judiciales de Miguel Ángel A.O. y Roberto Isaac A.A., señalados como propietarios y encargados de la Funeraria Del Carmen, inició su capítulo más oscuro el pasado 28 de junio. Fue entonces cuando, al interior del crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, se hizo un hallazgo estremecedor: múltiples cuerpos sin incinerar, desatando una investigación que, en un principio, parecía subestimar la magnitud del problema.

Desde el inicio de las pesquisas, los nombres de diversas funerarias, incluyendo Amor Eterno, Del Carmen y Latinoamericana, fueron señaladas por supuestamente haber llevado cuerpos a Plenitud. No obstante, las autoridades, en un acto que hoy se percibe como una grave omisión, indicaron que las investigaciones se limitarían a eso. La creencia era que las funerarias solo habían cometido el error de trasladar los cuerpos a un lugar no autorizado, descartando de entrada la posibilidad de actividades criminales más profundas por parte de estas empresas. Esta decisión inicial, vista en retrospectiva, resultó ser un gravísimo error de juicio que permitió que la Funeraria Del Carmen, específicamente, continuara operando bajo la sombra de la impunidad y la ilegalidad.

La verdadera dimensión del engaño y la desidia se reveló en la Funeraria Del Carmen, situada en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y Níquel. El persistente y nauseabundo olor a putrefacción que emanaba del lugar no solo alertó a los vecinos, sino que desenmascaró un caso plagado de fraudes, donde familias juarenses recibieron cenizas que no correspondían a sus difuntos, un acto de profunda afrenta a la memoria y al duelo.

La auditoría que destapó el horror

El punto de inflexión llegó la tarde del 12 de julio. Un inspector de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) se presentó en las instalaciones de la Funeraria Del Carmen. Lo que encontró fue un escenario dantesco. A simple vista, la funeraria presentaba sellos de «Suspensión» impuestos por la misma dependencia desde octubre de 2024, sellos que habían sido, de forma flagrante, violados por los propietarios.

Miguel Ángel A.O., quien figuraba en los registros como propietario y responsable sanitario, llegó al negocio alrededor de las 2 de la tarde. La diligencia transcurrió bajo el protocolo habitual: saludo, explicación de la revisión y firma de papeles. Sin embargo, apenas la inspección comenzó, el empleado de Coespris notó dos elementos que encendieron todas las alarmas: un fuerte olor a descomposición y la ausencia de servicios básicos como agua y electricidad en el local.

Al llegar al “cuarto frío” de la funeraria, el olor era insoportable. Allí, envuelto en bolsas de plástico, se encontraba el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. Ante tal hallazgo, el protocolo exige dar aviso al Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y la detención del encargado sanitario del negocio. Este último debería enfrentar cargos por delitos como inhumación, exhumación y respeto de cadáveres. Además, se confirmó que la funeraria había continuado ofreciendo servicios a la ciudadanía a pesar de la suspensión total de actividades vigente desde octubre del año pasado, lo que subraya la ineficacia de los mecanismos de control.

Mientras Miguel Ángel A.O. era arrestado y los peritos realizaban el levantamiento del cuerpo, una mujer llegó a la funeraria, buscando los restos de su hermano, Luis Martín, quien había estado allí desde el 24 de junio, fecha en que se contrataron los servicios funerarios. El horror se profundizó cuando los análisis periciales y forenses determinaron que los restos encontrados no pertenecían a Luis Martín, sino a otro hombre identificado como José María I.M., quien había fallecido el 31 de mayo en un ataque armado.

En su declaración ante el Ministerio Público, Miguel Ángel A.O. intentó deslindarse, alegando desconocimiento sobre el cuerpo y señalando a sus sobrinos y un nieto como los “encargados” que habían atendido a la familia de la persona fallecida. Esta justificación, sin embargo, no exime de responsabilidad a los titulares de un negocio que operaba bajo una suspensión y en condiciones insalubres.

El engaño maquillado de cenizas

La acusación principal de la Fiscalía General del Estado contra los empleados de la Funeraria Del Carmen proviene de la denuncia interpuesta por la familia de José María I.M. Su madre y nuera contrataron los servicios el 1 de junio. Relataron que un hombre, identificado como Roberto Isaac A.A., las atendió e incluso las acompañó a recoger los restos de José María en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Por un total de 38 mil pesos, la familia pagó por servicios funerarios que incluían la ceremonia religiosa y la incineración.

Roberto Isaac A.A., quien fue detenido el 19 de julio por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), actualmente se encuentra en libertad gracias a un juicio de amparo que evitó su detención. Sin embargo, se presentó voluntariamente a la audiencia inicial donde se le acusa de fraude, falsificación de documentos e inhumación, exhumación y respeto de cadáveres.

El testimonio de la familia de José María fue clave: Roberto Isaac les aseguró que el cuerpo sería incinerado en un crematorio de El Paso, Texas, y que habían tramitado la autorización para el traslado y cremación ante la Fiscalía General del Estado. Pero estas afirmaciones eran falsas. La verificación oficial demostró que el cuerpo de José María no pudo haber cruzado legalmente la frontera, pues ni siquiera en vida poseía visa de turista. Además, en Chihuahua, la Fiscalía General del Estado solo permite la cremación en casos de muertes naturales, no en hechos de violencia.

Pese a las objeciones y la insistencia de la familia, los empleados de la funeraria les entregaron una urna con supuestas cenizas de José María el 10 de junio. Era una caja de madera con una bolsa de plástico sin ninguna identificación visible en su interior. La verdad comenzó a salir a la luz el 28 de junio, cuando se dio a conocer el hallazgo de los 386 cuerpos en el crematorio Plenitud. El nombre de la Funeraria Del Carmen captó la atención de la familia, y al buscar respuestas, los engaños se hicieron evidentes.

Antes de presentar su denuncia formal ante la FGE el 10 de julio, las mujeres intentaron obtener los documentos de la cremación en la funeraria, pero los empleados se los negaron, alegando haber perdido el acceso a su correo electrónico y su incapacidad para recuperarlos. Días después, cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo de José María en las instalaciones de la funeraria, su madre se presentó ante la FGE para devolver la caja de madera que, ahora sabía, nunca contuvo las cenizas de su hijo. Roberto Isaac A.A. aguarda en libertad la definición de su situación legal por parte del juez de control, prevista para el 30 de julio.

Macabros hallazgos continúan y la omisión reguladora se agrava

La crisis no se detiene. La mañana del jueves 24 de julio, las indagatorias relacionadas con la Funeraria Del Carmen continuaron. Elementos de la Policía Municipal y la AEI actuaron tras recibir denuncias sobre olores fétidos provenientes del domicilio de Roberto Isaac. Las diligencias se vieron retrasadas por la imprudencia inicial de los agentes que intentaron ingresar sin una orden de cateo, lo que nuevamente resalta la falta de coordinación y procedimiento adecuado en el manejo de una crisis de esta magnitud.

En el lugar, se realizó un hallazgo macabro: una carroza que contenía un féretro y, en su interior, los cuerpos de dos niños, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Además, en la cochera de la misma casa, se encontró el cuerpo de otro hombre. Estos nuevos descubrimientos elevan a cuatro el número total de cuerpos localizados desde el 12 de julio hasta la fecha, con solo dos personas presentadas ante las autoridades judiciales. La recurrente aparición de cuerpos en condiciones irregulares, las funerarias operando bajo suspensión y los engaños a familias en duelo, no solo evidencian una red de actividades ilícitas, sino que apuntan directamente a la ineficacia de los órganos reguladores. La Coespris, al imponer sellos que son violados impunemente, y la Fiscalía, al parecer subestimar la gravedad inicial de los hallazgos, han permitido que esta crisis se gestara y escalara. La sociedad juarense demanda no solo justicia para las víctimas, sino una revisión profunda y una regulación estricta que impida que tragedias como la de la Funeraria Del Carmen se repita, garantizando el respeto a la dignidad humana, incluso después de la muerte.