La nueva CURP y el derecho a la privacidad 

La necesidad de una cédula de identidad independiente es clara, pero la seguridad y el uso adecuado de los datos biométricos deben ser una prioridad. La Segob, aunque está facultada para formular y conducir la política de población, no ha demostrado ser capaz de garantizar la seguridad de estos datos y evitar su uso para fines políticos-electorales

EMEEQUIS. – El tema de la identificación ciudadana en México ha vuelto a ser foco de atención con la reciente aprobación en Comisiones del Senado de una nueva Ley General de Población. Esta ley, que deroga la de 1974, aborda una variedad de temas, desde la transición democrática hasta la migración y la educación sexual. Sin embargo, lo que ha generado más controversia es la propuesta de una nueva CURP con fotografía, firma y huellas dactilares. 

Es cierto que la nueva ley tiene ambiciones amplias, como la creación de consejos a nivel nacional, estatal y municipal para la gestión de datos personales sin un peso extra del presupuesto. Pero llama la atención la falta de justificación en el propio dictamen para reemplazar la Cédula de Identificación Ciudadana, un proyecto que ha estado en el limbo desde 1992, con esta nueva CURP. 

La nueva CURP, según la ley, será el documento oficial para identificar a los ciudadanos. Incluirá una serie de datos personales y biométricos, como el lugar y la fecha de nacimiento, además de la foto, firma y huellas dactilares del titular. Pero ¿es posible llevarla a cabo? 

La idea de una identificación oficial distinta a la credencial para votar no es nueva. Desde la administración de Carlos Salinas de Gortari en 1992, se ha intentado implementar sin éxito. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto hicieron intentos similares incorporando tecnología biométrica, fracasando en el proceso. 

Es importante recordar que el gobierno federal ha buscado de manera paralela hacerse de nuestros datos sensibles, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) en 2008, que terminó siendo un fracaso y su base de datos fue eliminado por el INAI en 2012.  

Además, en 2020, la Secretaría de Gobernación solicitó al INE los datos biométricos de los ciudadanos, solicitud que fue rechazada. El presidente López Obrador intervino en ese momento, pidiendo a la Secretaría no insistir en la solicitud. Sin embargo, el tema no se abandonó.  

En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley General de Población, que también incluía una Cédula Única de Identidad Digital con datos biométricos. Este proyecto está actualmente congelado en el Senado. 

En 2021, se intentó crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) con datos biométricos, pero fue invalidado por la SCJN tras ser impugnado por el INAI. Y más recientemente, en marzo de 2023, se aprobó una nueva Ley General de Operación de los Registros Civiles para centralizar en Segob los datos biométricos de los mexicanos en un Sistema Nacional de Registro e Identidad, que también está pendiente en el Senado. 

La credencial para votar se ha convertido, en los hechos, en el documento de identidad más confiable en México ante la incapacidad del gobierno federal de crear uno propio. Está equipada con múltiples medidas de seguridad y es ampliamente aceptada tanto por autoridades como por instituciones privadas.  

Sin embargo, no es suficiente para garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos, como niñas, niños y adolescentes, además de personas en prisión. 

Sumado al hecho de carecer un documento oficial de identidad, de acuerdo con Unicef, 6 de cada 10 personas sin acta de nacimiento son menores de edad. Además, las personas en prisión son despojadas de sus documentos de identidad al ingresar a un centro penitenciario, complicando su reinserción social y su acceso a servicios educativos, de salud o administrativos. 

Por lo tanto, la necesidad de una cédula de identidad independiente es clara, pero la seguridad y el uso adecuado de los datos biométricos deben ser una prioridad. La Segob, aunque está facultada para formular y conducir la política de población, no ha demostrado ser capaz de garantizar la seguridad de estos datos y evitar su uso para fines políticos-electorales. En esto coinciden diversos especialistas, organismos y colectivos a favor del derecho a la protección de datos personales. 

La discusión sobre una nueva cédula de identidad es un debate que merece ser tratado con seriedad y transparencia. No puede ser abordado de manera discrecional, como ha ocurrido con la reciente aprobación de la Ley General de Población en comisiones del Senado. También se requiere recursos públicos suficientes para garantizar la infraestructura vital para el manejo y cuidado de nuestros datos.  

Es un tema que afecta a todos los ciudadanos y, por lo tanto, requiere un debate público y bien fundamentado. Es importante que estemos atentos a las discusiones. El dictamen fue enviado al pleno del Senado, y en caso de ser aprobado, deberá ser discutido y analizado en la Cámara de Diputados. 

@Juan_OrtizMX


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