La nueva Corte enfrenta rezago de mil 440 casos

Ciudad de México, 01/09/25 (Más).- A partir de este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un proceso de reestructuración integral como parte de la reforma judicial impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El máximo tribunal del país quedó conformado por nueve ministras y ministros electos por voto popular, todos ellos señalados por su cercanía con el partido Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación.

La nueva integración de la Corte incluye a Hugo Aguilar Ortiz, quien será el próximo presidente del Tribunal; Lenia Batres Guadarrama, quien se autonombró como “la ministra del pueblo”; la exfiscal Sara Irene Herrerías Guerra; las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf; María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del expresidente López Obrador; el académico Giovanni Azael Figueroa Mejía; y los abogados Arístides Rodrigo Guerrero e Irving Espinosa Betanzo.

Con esta transformación, la SCJN dejó de tener once integrantes como era habitual hasta el último día de agosto. Además de la reducción en el número de ministros, la Corte perdió varias de sus facultades en materia constitucional y de amparo, con lo cual su capacidad para proteger derechos ciudadanos quedó limitada.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) también experimentó modificaciones profundas en otros órganos. El Consejo de la Judicatura Federal fue eliminado y en su lugar se instalaron el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Asimismo, la reforma contempló la desaparición de la mitad de los jueces y magistrados en el país, lo que ha generado incertidumbre respecto a la continuidad de las funciones judiciales.

El nuevo modelo judicial fue aprobado sin haber incluido en el proceso legislativo la participación de impartidores de justicia. Las decisiones sobre el rediseño institucional se tomaron sin abrir espacios formales de consulta con jueces, magistrados ni ministros, varios de los cuales serán removidos de sus cargos.

El origen exacto de la reforma no ha sido aclarado oficialmente. En la clase política se ha especulado que uno de los factores que influyó en la decisión del expresidente López Obrador fue el proceso de desafuero al que fue sometido en 2005, cuando la entonces Procuraduría General de la República solicitó retirarle la inmunidad por presuntamente violar un amparo relacionado con la construcción de una calle hacia un hospital en la capital del país.

Según publica Animal Político, otras versiones apuntan a una acumulación de fricciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial durante el sexenio de López Obrador. Entre ellas destacan diversas resoluciones judiciales que detuvieron proyectos emblemáticos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como reformas constitucionales que buscaban, entre otros puntos, trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional o modificar el marco legal en materia eléctrica y electoral.

Durante su discurso del 5 de febrero de 2023, en el 106 aniversario de la Constitución de 1917, López Obrador también habría resentido un gesto de la entonces ministra presidenta Norma Piña, quien supuestamente no se levantó ni aplaudió al recibirlo. Este hecho fue ampliamente difundido y discutido en medios de comunicación y redes sociales.

La Corte comienza esta nueva etapa con una carga de trabajo considerable. De acuerdo con datos oficiales, el tribunal enfrenta un rezago de mil 440 casos que deberán ser resueltos por la nueva conformación. La eliminación de facultades y la reducción de personal plantean dudas sobre la capacidad del organismo para resolver los asuntos pendientes con oportunidad y legalidad.

La reforma judicial representa una transformación sin precedentes en el sistema de justicia del país. Las implicaciones de los cambios aprobados aún están por desarrollarse, en medio de cuestionamientos sobre su legitimidad, su impacto en la división de poderes y su efecto sobre la garantía de los derechos humanos en México.