Miami, Estados Unidos, 15/10/26 (Más).- El líder de Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero Lara, afirmó que la música mexicana atraviesa un “momento bendecido”, en referencia al crecimiento internacional del género y al éxito de canciones como La Chona, declaración que coincide con una etapa de expansión comercial de la música regional mexicana, pero también con controversias judiciales y financieras que han involucrado a algunos de sus exponentes y empresarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con información de EFE y antecedentes publicados por medios nacionales, Quintero Lara hizo estas declaraciones durante una entrevista en Miami, donde ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El músico señaló que el reconocimiento representa un motivo de orgullo para los mexicanos y destacó la presencia de la música norteña en distintos países, sin relacionar directamente ese crecimiento con organizaciones criminales.
“Somos bendecidos. La verdad es que La Chona nos ha enseñado mucho y nos ha llevado a muchos países”, expresó el compositor, quien escribió el tema en 1995. La canción ha mantenido popularidad durante décadas y se utiliza de manera recurrente en fiestas y videos difundidos en redes sociales, donde ha alcanzado nuevas audiencias entre distintas generaciones.
Los Tucanes de Tijuana fueron fundados en 1987 y han vendido más de 20 millones de álbumes, según los datos difundidos por EFE. La agrupación también se presentó en el festival Coachella en 2019, un acontecimiento que contribuyó a la proyección internacional del regional mexicano. Quintero Lara consideró que la música latina vive una etapa de expansión y que su reconocimiento puede motivar a otras personas a perseguir sus objetivos.
Sin embargo, el crecimiento del género coincide con investigaciones y procesos judiciales contra determinados artistas y empresarios. Uno de los casos más conocidos es el de Julión Álvarez, quien fue incluido en 2017 en una lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos financieros con Raúl Flores Hernández, señalado por sus relaciones con organizaciones criminales. Las sanciones contra el cantante fueron retiradas posteriormente, en 2021 y 2022.
Otro expediente corresponde a Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para violar la Ley Kingpin, relacionada con operaciones comerciales con personas sancionadas por presuntos vínculos con el narcotráfico. El proceso estuvo relacionado con conciertos organizados por el promotor Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho” Pérez. Ortiz recibió tres años de libertad condicional y una sanción económica.
En el ámbito empresarial, Ángel del Villar, fundador de DEL Records, fue condenado en Estados Unidos a cuatro años de prisión federal, tres años de libertad supervisada y una multa de dos millones de dólares. Su empresa, DEL Entertainment, también recibió una multa de 1.8 millones de dólares por mantener negocios relacionados con conciertos con Pérez Alvear después de que este fuera sancionado por las autoridades estadounidenses.
Las investigaciones financieras también alcanzaron al intérprete conocido como El Makabelico, identificado como Ricardo Hernández Medrano, a quien la OFAC señaló por presuntas operaciones de lavado de dinero en beneficio del Cártel del Noreste mediante conciertos y regalías musicales. Estos señalamientos corresponden a expedientes específicos y no representan, por sí mismos, una acusación contra el conjunto de la industria musical mexicana.
Otros artistas han enfrentado procesos por delitos distintos. Larry Hernández alcanzó en 2016 un acuerdo judicial en Carolina del Sur que redujo los cargos relacionados con una disputa por el pago de una presentación a alteración del orden público, por lo que recibió 36 meses de libertad condicional. En 2024, Natanael Cano fue vinculado a proceso en Sonora por presunto cohecho, después de un incidente de tránsito en Hermosillo relacionado con la entrega de dinero a policías municipales.
La violencia también ha golpeado a integrantes de la industria. El cantante Valentín Elizalde fue asesinado en 2006, mientras que el intérprete de corridos tumbados Chuy Montana murió en 2024. Ese mismo año fue asesinado en Ciudad de México el promotor musical Jesús Pérez Alvear. Por otra parte, Ramón Ayala fue detenido en 2009 durante un operativo en una fiesta privada en Cuernavaca, Morelos, relacionada con Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”.
En México, las autoridades municipales también han establecido restricciones a los narcocorridos. En Chihuahua, Los Tucanes de Tijuana perdieron una fianza de 735 mil 410 pesos en mayo de 2025, luego de interpretar 12 canciones de ese género durante la Feria de Santa Rita. En Tijuana se aprobaron restricciones y multas por presentaciones de este tipo, mientras que en Aguascalientes se incorporaron disposiciones penales relacionadas con la apología del delito mediante narcocorridos.
La declaración de Quintero Lara sobre el “momento bendecido” de la música mexicana se refiere al alcance de sus canciones, la presencia internacional de los intérpretes y el reconocimiento de sus compositores. La pregunta planteada en el encabezado remite a otra discusión: la relación de algunos sectores de la industria con investigaciones por narcotráfico, el contenido de los corridos y las medidas gubernamentales para limitar su difusión. Los casos judiciales deben distinguirse de la trayectoria de los artistas que no están involucrados en esos expedientes.
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