Una residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en más de 51.7 millones de pesos, pasará definitivamente al Estado tras quedar firme su extinción de dominio. La SCJN desechó el último recurso de la defensa del exdirector de Pemex, con lo que cerró la vía legal para recuperar el inmueble
Ciudad de México, 29/08/26 (Más).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el último recurso promovido por la defensa de Emilio Lozoya Austin y dejó firme la extinción de dominio de una residencia ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en más de 51.7 millones de pesos y relacionada con las investigaciones por los sobornos vinculados con la compra de Agronitrogenados.
De acuerdo con el reportaje publicado por el portal Eme Equis, la resolución de la Suprema Corte confirmó que el inmueble pasará de manera definitiva al patrimonio del Estado, luego de que la presidencia del máximo tribunal determinó desechar la impugnación presentada por los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La decisión permitió que cobrara carácter definitivo la sentencia emitida previamente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil. Con ello, Lozoya ya no cuenta con una vía para recuperar la propiedad mediante este litigio.
La residencia tiene una superficie de mil 165 metros cuadrados y se encuentra dentro del exclusivo fraccionamiento Residencial La Retama. El inmueble cuenta con acabados de alta gama, estructuras contemporáneas y medidas de seguridad privada, de acuerdo con la información del caso.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) establecieron que el terreno y la construcción fueron adquiridos en 2012 por 38 millones de pesos. Según la indagatoria, los recursos utilizados para la operación estuvieron relacionados con transferencias provenientes de Alonso Ancira, entonces director de Altos Hornos de México (AHMSA).
Estas operaciones fueron vinculadas con el esquema de sobornos e intermediación investigado por la autoridad en torno a la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. En 2013, Pemex concretó la adquisición de la planta a un precio que, de acuerdo con las investigaciones citadas, implicó un sobreprecio estimado en 273 millones de dólares.
El litigio por la propiedad se desarrolló mediante la figura de extinción de dominio, un procedimiento de naturaleza civil que permite al Estado reclamar bienes presuntamente relacionados con actividades ilícitas bajo determinadas condiciones.
Durante el proceso, la defensa de Lozoya argumentó que la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 implicaba una aplicación retroactiva. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación sostuvo que la acción de extinción de dominio es independiente del proceso penal y que no requiere necesariamente una sentencia penal previa para proceder.
El criterio aplicado establece que la autoridad debe acreditar que el bien está relacionado con el hecho ilícito en los términos previstos por la legislación. Bajo esa interpretación, la resolución civil pudo avanzar de manera independiente al proceso penal relacionado con el exfuncionario.
El caso de la residencia forma parte de las investigaciones realizadas durante los últimos años sobre una presunta red de corrupción y operaciones financieras vinculadas con la gestión de Lozoya al frente de Pemex. Las indagatorias también han incluido otros casos relacionados con empresas y transferencias internacionales, entre ellos el escándalo de Odebrecht.
Con la resolución definitiva, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) será el encargado de comercializar el inmueble mediante una subasta pública. La propiedad quedará así disponible para generar recursos a favor del Estado.
El dinero obtenido por la venta será destinado al erario y, de acuerdo con lo señalado en el caso, podrá orientarse al financiamiento de programas sociales e infraestructura comunitaria.
La resolución representa el cierre del litigio patrimonial sobre una de las propiedades relacionadas con las investigaciones contra el exdirector de Pemex, quien ocupó el cargo entre 2012 y 2016. La extinción de dominio permite que el inmueble permanezca bajo propiedad estatal aun cuando el procedimiento penal siga una ruta jurídica distinta.
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