Una red criminal utilizó su influencia para controlar aduanas clave y facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos
Ciudad de México, 12/09/25 (Más).- Una red de contrabando de hidrocarburos a gran escala fue desmantelada recientemente por autoridades mexicanas, dejando al descubierto una compleja estructura criminal operando desde las aduanas del país. Catorce personas fueron detenidas –seis marinos, cinco funcionarios civiles y tres empresarios–, todos vinculados a una trama liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, altos mandos militares y sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El caso salió a la luz tras la incautación de 10 millones de litros de combustible ilegal en el buque Challenge Procyon, atracado en marzo en el puerto de Tampico. La investigación avanzó gracias a la colaboración de un exfuncionario de la Marina conocido como Santo, quien decidió convertirse en testigo protegido.
De acuerdo con El País, los hermanos Farías Laguna, conocidos como “Los Primos” dentro de la Secretaría de Marina, fueron favorecidos por la influencia de su tío, el almirante Ojeda Durán, lo que les permitió ascender rápidamente hasta ocupar puestos clave: Manuel Roberto como vicealmirante y comandante de la Duodécima Zona Naval en Puerto Vallarta, y Fernando como contralmirante y agregado naval en Madrid. Desde esas posiciones crearon una red de leales que colocaron en las aduanas estratégicas desde 2022, controlando designaciones, presupuestos y operaciones para facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos al país.
El actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha salido en defensa del exsecretario Ojeda Durán, respaldando su honorabilidad pese a los señalamientos.
La operación se sostenía mediante una cadena bien articulada de personajes. Uno de los operadores principales era Miguel Ángel Solano Ruiz, alias ‘Capitán Sol’, un exmarino que fungía como enlace entre los líderes y el resto de la red. Utilizaba la aplicación Threema para comunicarse de forma cifrada y fue quien informó a Santo sobre su nombramiento en la aduana de Tampico, además de coordinar pagos en efectivo por permitir el paso de los barcos. Su estilo de vida levantó sospechas: apostó más de 52 millones de pesos y acumuló propiedades por más de 13 millones, cifras incongruentes con su pensión de marino retirado.
Otro actor clave fue Climaco Aldape Utrera, capitán de navío en Salina Cruz, quien facilitaba la rotación de personal naval en las aduanas para asegurar el flujo de la operación. En 2024 fundó la empresa fachada Grupo Ald-Camp Agroindustria para lavar dinero del contrabando. A nivel operativo, Santo reveló la implicación directa de tres marinos en Tamaulipas: Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos y Sergio Varela Morales, quienes ocuparon cargos estratégicos en las aduanas de Altamira y Tampico, gestionando sobornos y la operación logística del huachicol.
También fue identificado Humberto Enrique López Arellano, director de supervisión de Aduanas Marítimas en Tampico, quien llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera tras pagar en efectivo un BMW de 590,000 pesos. Su actividad financiera irregular coincidió con la llegada de buques cargados de hidrocarburos ilegales al puerto.
El entramado se extendía a la administración civil mediante Francisco Javier Antonio Martínez, director de Finanzas de la ASIPONA de Tampico, quien facilitaba la importación de buques. Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, estaba vinculado con la empresa Intanza, importadora del diesel a bordo del Challenge Procyon, y experimentó un aumento abrupto de su patrimonio.
En el interior de la aduana de Tampico también operaban cuatro trabajadores detenidos por su rol en la trama: Endira Xóchitl Palomo Chávez, quien manipulaba las cámaras de seguridad; Perla Elizabeth Castro Sánchez, encargada de adulterar análisis de carga; y los verificadores Anatalia J. Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, responsables de tomar muestras falseadas.
La empresa Mefra Fletes fue la encargada de transportar el combustible ilegal a depósitos en Altamira. Tres de sus miembros fueron arrestados: Anuar González Hemadi –exjuez federal destituido por favorecer a acusados de violación–, Héctor Portales Ávila y José N. Otros tres implicados siguen prófugos: Roberto Blanco Cantú, presunto propietario de la empresa y vinculado al crimen organizado, y los socios José René Tijerina y José Isabel Murguía Santiago, este último hermano de un alcalde acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada.
El caso revela una operación que no solo involucraba a altos mandos militares y funcionarios civiles, sino que también demuestra cómo la corrupción estructural permitió durante años el ingreso de millones de litros de hidrocarburos ilegales al país, mientras los responsables se enriquecían ante la mirada permisiva del Estado.