Ciudad de México, 26/05/25 (Más).- En México, acceder a la justicia local representa una carga económica que muchas personas no pueden sostener. Según datos del Censo Nacional sobre Impartición de Justicia Estatal, una tercera parte de los casos que ingresan al sistema judicial local terminan archivados por desistimiento o inactividad procesal. Esta realidad, que afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad económica, refleja un sistema que, lejos de resolver conflictos, empuja a las víctimas a renunciar.
Un ejemplo de esta dinámica es el caso de Gabriela Pablos, quien en 2020 denunció penalmente la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. Tres años después, ante la falta de avance y la interpretación de una juez que descartó dolo en el acto, Gabriela desistió del proceso. “Llevar un caso ante la justicia en México es muy caro, y yo, como madre soltera, tuve que sopesar qué podía pagar”, explicó.
El sistema de justicia local —que resuelve la mayoría de los litigios civiles, penales, familiares y mercantiles entre ciudadanos— se ha convertido en un espacio donde los altos costos legales, la complejidad burocrática y la corrupción operan como mecanismos de disuasión.
La académica Ana Laura Magaloni, coordinadora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, identifica tres razones por las que la gente abandona sus litigios: la complejidad del sistema, los elevados costos legales y la práctica común de resolver conflictos por fuera del sistema judicial, aunque ello implique acuerdos desventajosos.
“Es un sistema que simula hacer justicia, pero que alarga los procesos apostando a que te canses, a que tu paciencia se quiebre o a que te empobrezcas”, comenta Gabriela, quien forma parte de la colectiva Madres Libertarias, dedicada a visibilizar la violencia vicaria. Ella enfrenta más de 90 procesos judiciales iniciados por sus exparejas, mientras sus propias denuncias por custodia y pensión alimenticia siguen detenidas.
Según cifras del Inegi, una de cada cuatro personas que tuvo contacto con un juez afirmó haber sido víctima de extorsión por parte de funcionarios judiciales. De ellas, solo la mitad pudo pagar lo exigido; el resto vio sus procesos paralizados o concluidos en su contra.
El panorama se agrava en casos como el de Gabriela, quien denuncia haber sido víctima de omisiones judiciales. Tras su divorcio en 2019, el juez encargado omitió en la sentencia final el pago de gastos adicionales pactados en un acuerdo ratificado. Su denuncia por incumplimiento ha permanecido detenida más de cinco años.
En 2023, más de 116 mil expedientes por pensión alimenticia estaban pendientes en los tribunales locales. Solo el 14% se resolvió. El promedio nacional de resolución es de tres años y medio, pero en estados como Yucatán puede llegar hasta los 15 años.
En este contexto, el próximo 1 de junio se renovarán mil 800 jueces y magistrados locales, como resultado de la reforma judicial constitucional aprobada en septiembre de 2024. Sin embargo, esta reforma, calificada como “política” por Magaloni, no contempla mejoras operativas que erradiquen la corrupción o reduzcan los tiempos de resolución. Tampoco incluye mecanismos para profesionalizar el sistema.
“La única diferencia es que ahora vamos a ir a votar por los jueces”, señaló Magaloni. “Eso no resuelve los problemas del sistema. Al contrario, los puede empeorar, porque un juez para ganar necesita el respaldo del sistema político”.
Con más de 600 mil procesos terminados sin sentencia sustantiva en 2023 y una reforma judicial que no apunta a la mejora estructural, el sistema de justicia local en México se presenta como un laberinto donde solo quienes pueden pagar, insisten. Para los demás, el costo de buscar justicia es, con frecuencia, simplemente impagable.
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