Fueron a un rosario hace 15 años, aún no regresan

“En México, a las personas desaparecidas es improbable encontrarlas y acceder a la justicia. En el caso de Coahuila, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho desde las familias para impulsar leyes e instituciones, sigue siendo el ejemplo de la impunidad”, Jorge Verástegui, hermano y tío de Antonio y Antonio de Jesús Verástegui

Por Katya González

Saltillo, Coahuila, MÁS. – El 24 de enero del 2009, cerca de la media noche, Antonio y Antonio de Jesús Verástegui, se trasladaban en su camioneta hacia el ejido el Cadillal, ubicado a sólo 12 kilómetros de Parras de la Fuente, Coahuila, cuando regresaban de un rosario celebrado en el rancho Boquillas del Refugio.

Al igual que otros conductores, padre e hijo fueron interceptados por un grupo de sujetos armados identificados como personal de la Agencia Federal de Investigación.

Aunque a los pasajeros de otros vehículos solo les quitaron algunas de sus pertenencias, a Toño y Toñín, como los llama su familia, los subieron a los vehículos en los que se transportaban los sujetos y enfilaron hacia Parras de la Fuente. Desde esa noche su familia no supo nada más de ellos.

En los primeros minutos del 25 de enero, una persona llamó a su familia para avisarles de la situación. Antonio de Jesús, en aquel entonces, de 18 años, estudiaba en el Instituto Tecnológico de Saltillo, mientras que su padre, Antonio Verástegui González, de 51 años, se dedicaba al campo.

“Nos avisaron inmediatamente y a las 12 de la noche ya nos encontrábamos buscando la ayuda de la policía, tanto de la estatal, la ministerial y de la misma policía de Parras, pero estas estaban cerradas por lo que tuvimos que esperar al día siguiente”, relató Jorge Verástegui, hermano y tío de Toño y Toñín.

Al día siguiente la familia interpuso la denuncia correspondiente y se les notificó que iniciarían con operativo de búsqueda, sin embargo, Jorge afirma que esto no sucedió, pues mientras la familia buscaba a sus familiares por la ciudad, las unidades permanecieron en el mimo sitio.

Semanas más tarde, la familia contacto al entonces Fiscal General de Coahuila, Jesús Torres Charles y constato el involucramiento de la policía estatal, la ministerial y la municipal con un grupo delictivo que operaba en la entidad.

“Lo único que se logró es que los comandantes de la policía estatal y ministerial fueran removidos otro lugar, pero para entonces ya habían pasado meses y no logramos encontrarlos”, explicó.

Jorge comentó que si bien la familia Verástegui González logró identificar a alguno de los agresores y la información se proporcionó a la fiscalía de Coahuila, estos no actuaron argumentando que no tenían elementos suficientes. 

En entrevista con MÁS, Jorge, señaló que el largo proceso ha sido muy tortuoso para la familia debido a la incertidumbre causada por su desaparición, pues a 15 años aún se desconoce su paradero, así como lo que les pudo haber ocurrido.

“En México, a las personas desaparecidas es improbable encontrarlas y acceder a la justicia. En el caso de Coahuila, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho desde las familias para impulsar leyes e instituciones, sigue siendo el ejemplo de la impunidad”, opinó.

Agregó que a pesar de tener diálogo con las autoridades e incluso con el gobernador del estado, todo es una simulación, ya que al final sus desaparecidos no están, y no solo ellos, sino tampoco las personas responsables de su desaparición tampoco han sido procesadas.

Durante ese año, los casos de desaparición en el estado tuvieron un alza considerable y las familias comenzaron a organizarse para pedir avances en los casos.

En ese periodo de tiempo, al igual que los Verástegui, decenas de familias llegaron al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en busca de ayuda, para encontrar a sus seres queridos.

Para diciembre, un grupo de familias se reunieron con el Fiscal General del Estado para exigirle resultados de la búsqueda de las víctimas de desaparición y un día después, el 19 de diciembre del 2009, denunciaron públicamente la situación: convocaron a una rueda de prensa para denunciar que en Coahuila estaban ocurriendo desapariciones y el gobierno no tomaba cartas en el asunto. Hasta ese momento, durante ese año documentaron la desaparición de 21 personas.

Según las cifras del RNPDNO entre diciembre de 2008 y el mismo mes del 2009, al menos 386 personas desaparecieron en Coahuila, de las cuales 24 fueron localizadas: 5 de ellas sin vida y 19 más con vida. Actualmente, todavía se desconoce el paradero de 326 personas, incluidos Antonio y Antonio de Jesús.

Durante la llamada “Guerra contra el narco”, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fueron documentados los primeros casos de desaparición en el país, como resultado de la disputa entre el Cartel del Golfo y Los Zetas, en la cual las fuerzas armadas, las policías estatales, municipales, así como la federal tuvieron una participación como cómplices de los grupos criminales, según denunciaron las familias.

En mayo de 2010, después de una manifestación en la Ciudad de México, los Verástegui, en conjunto con otras familias que también buscaban incansablemente a sus seres queridos adoptó el nombre de FUUNDEC: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

Los familiares comenzaron con el proceso el registro y documentación de sus casos, el análisis del contexto, así como acciones de investigación de campo para dar con el paradero de sus familiares.

Antes de FUUNDEC, las desapariciones eran ajustes de cuentas entre grupos del Crimen Organizado, y gracias a las acciones de la fundación estas comenzaron a ser observadas desde un enfoque de derechos humanos señalando la responsabilidad del estado

Como primer ejercicio, en diciembre de 2009 las familias se reunieron con el entonces Secretario General de Gobierno, Armando Luna Canales, el Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles, y con el Ministerio Público para que estos dieran seguimiento a los casos.

Tras meses de manifestaciones públicas, en septiembre de 2010 se logró concretar una reunión con el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés y se instalaron mesas de trabajo para analizar los casos con la participación de las familias, Fray Juan de Larios, el Fiscal General y el entonces Gobernador.

Así comenzó el proceso de reconocimiento del derecho a la búsqueda que tuvo su epicentro en Coahuila, generando un impacto a nivel nacional con impulsos de las asociaciones y de la Brigada Nacional.

Gracias al trabajo de la organización, se logró el reconocimiento al derecho a ser buscado, se tipificó el delito de desaparición por particulares, se creó la primera Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición y se crearon instancias ministeriales para la investigación del delito, la primera unidad de búsqueda no dependiente del Ministerio Público, o el Programa de Identificación Forense.

Sin embargo, el objetivo principal de esta no ha podido ser alcanzado, pues Antonio, Antonio de Jesús y otros miles de personas no han regresado a su hogar y, por el contrario, hasta el cierre de 2023 FUUNDEC contabilizó 3 mil 096 desaparecidos, mil 360 personas más de al cierre de 2017.

En el caso concreto de los Verástegui, han pasado 15 años desde su desaparición y su familia ha denunciado que a lo largo de los años su búsqueda ha sido obstaculizada por el propio gobierno federal en la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. 

Lo anterior luego de que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos de Antonio y Antonio de Jesús presentan errores en los datos e incluso, en el caso de este último aseguran no tener como contactar a la familia, por lo que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la visible simulación de búsqueda.

Además, en el 2020, su sobrino no aparecía en el registro luego de que la Comisión Nacional de Búsqueda considero que publicar el nombre de una persona desaparecida daña la intimidad de la familia, desacatando lo expuesto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Verástegui supuso que el nombre de su hermano aparecía, ya que él mismo lo registró en el portal en enero de dicho año, mientras que decidió no registrar a su sobrino para verificar cuál sería el proceso de validación de los datos, porque para ambos casos se tramitó una denuncia en la entonces Procuraduría General de Justicia de Coahuila, el mismo año en que fueron desaparecidos, y también su registro podía ser consultado en el extinto RNPED.

Para julio de 2020, Jorge solicitó a la Comisión que le entregara las declaratorias en donde los familiares autorizaron que la información de la persona desaparecida fuera publicada, así como aquellas en las que decidieron no hacerlo. La respuesta de la Comisión Nacional es que esa información era inexistente.

Tras una consulta realizada a la base de datos, se pudo constatar que actualmente los registros de ambas víctimas aparecen con las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Tras 5 mil 478 días de búsqueda, la familia hizo un llamado al gobierno del estado para que deje de ser “ejemplo de impunidad en el país y que transite a un estado que realmente procure justicia a y no solo proteja a su grupo político”, ya que aseguran, “es el mismo grupo político y son amigos de los responsables”.

“El llamado seguirá siendo esta insistencia de justicia y que se logren romper los pactos de impunidad que existen en Coahuila”, señaló Jorge.

A 15 años de la desaparición de Toño y Toñín, la familia colocó sus fotos frente al Palacio Nacional en la Ciudad de México como símbolo de su desaparición.

“Es un memorial temporal, pues tenemos la esperanza de retirarlo en cuanto Toño y Toñín estén de regreso en nuestra casa, con su familia, en el lugar al que pertenecen. No nos cansaremos de recordarlos, de nombrar, pues, aunque el olvido nos atenaza nuestra memoria sigue luchando”, señalaron.