San Cristóbal de las Casas, 04/11/24 (Más / IA).- La Iglesia católica en México se ha convertido en una de las voces más críticas y activas frente a la violencia que azota al país.
La reciente agresión al padre Marcelo Pérez, atacado a tiros tras oficiar su última misa en una parroquia del barrio de Cuxtitali, ha sido un detonante en el diálogo inédito entre el nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum y la institución religiosa, en un intento por encontrar soluciones conjuntas a la crisis de seguridad. Este atentado, cuyo eco ha llegado hasta el Vaticano, marca una escalada en las tensiones y en la postura de la Iglesia, que ha decidido no guardar silencio ante el aumento de homicidios, extorsiones y crímenes de alto impacto en estados como Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero.
La relación entre el Gobierno y la Iglesia católica se había deteriorado considerablemente durante el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, caracterizado por la política de seguridad “Abrazos, no balazos”. La situación tocó fondo en 2022 con el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara, lo cual impulsó a la Iglesia a posicionarse en contra de la estrategia de seguridad. Desde entonces, líderes religiosos y sacerdotes han denunciado públicamente la ineficacia de las políticas gubernamentales y han llamado a replantear el enfoque para enfrentar la violencia y reconstruir el tejido social.
Esta postura crítica ha tenido eco en el actual Gobierno, que se ha mostrado abierto al diálogo. El obispo Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), confirmó a El País que recientemente se reunieron con Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. “Se están creando puentes, al menos hay diálogo, algo que no tuvimos en seis años”, expresó Castro, destacando la necesidad de una colaboración más profunda y coordinada entre la Iglesia y el Gobierno para abordar la crisis de seguridad. En el encuentro, los representantes de la Iglesia compartieron ejemplos de trabajo comunitario que, según ellos, han tenido éxito en otras regiones y enfatizaron la urgencia de sumar esfuerzos, afirmando que “ustedes solos no van a poder”.
La Iglesia católica ha promovido desde el asesinato de los jesuitas un Diálogo nacional por la paz, reuniéndose con actores de la sociedad civil y logrando que los candidatos en las pasadas elecciones presidenciales, incluida Claudia Sheinbaum, firmaran un compromiso para implementar propuestas contra la inseguridad. Sin embargo, este respaldo no ha sido unánime: mientras que algunos sectores del clero reciben el acercamiento del Gobierno con esperanza, otros muestran cautela y escepticismo, temiendo que los recientes esfuerzos se limiten a declaraciones simbólicas sin acciones concretas que respalden las demandas de justicia.
La situación en Chiapas es particularmente crítica. Este estado enfrenta una guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la persistencia de grupos paramilitares, criminales locales y una creciente militarización. Fray Gonzalo Ituarte, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, advierte que la violencia en Chiapas es resultado de un prolongado conflicto de desigualdad, donde se ha llegado incluso a acusar a la Iglesia de ser “adversaria” del Estado por sus críticas y por alzar la voz en defensa de las comunidades indígenas. “El problema es que se considere adversario al que hace una crítica al Estado”, señala Ituarte, quien denuncia además la complicidad y corrupción en ciertos niveles de Gobierno y fuerzas de seguridad en la región.
En otras partes del país, como Guerrero y Michoacán, las experiencias son similares. En Guerrero, los obispos locales intentaron a principios de año mediar entre grupos del crimen organizado, un esfuerzo que terminó de forma trágica con la decapitación del alcalde de Chilpancingo en octubre, lo cual fue visto por algunos sectores de la Iglesia como un recordatorio de los riesgos y límites de negociar con el narcotráfico. En Michoacán, el padre Gregorio López Gerónimo, conocido como el ‘padre Goyo’, ha documentado el ascenso del crimen organizado en complicidad con políticos locales desde los años noventa. Expulsado en 2020 de la Diócesis de Apatzingán por su participación en actos de resistencia pacífica y críticas al narcotráfico, el ‘padre Goyo’ sigue defendiendo el papel de la Iglesia en la protección de las comunidades más vulnerables: “Nuestra misión no es cuidar las parroquias, es cuidar a la gente”, afirma.
El jesuita Javier Ávila, un veterano defensor de derechos humanos en la sierra Tarahumara, se ha mantenido firme en su denuncia contra la violencia, criticando la impunidad y la ineficacia de las autoridades. Tras el asesinato de dos de sus compañeros en 2022, el padre Ávila continúa señalando que la estrategia de seguridad en México no está funcionando. Asegura que la justicia no se hace con balazos, se hace con leyes y con actitud de paz.
Esta movilización de la Iglesia católica no solo busca justicia para sus miembros, sino que también pone en evidencia el fracaso de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años y exige un cambio de enfoque que incluya a la sociedad civil y a instituciones religiosas en la búsqueda de soluciones. Con más de 15,000 sacerdotes distribuidos en todo el país, la Iglesia insiste en que su rol es fundamental en la construcción de paz, especialmente en comunidades desprotegidas. Sin embargo, el éxito de este nuevo diálogo con el Gobierno aún está por verse, mientras las voces internas de la Iglesia alertan sobre la necesidad de medidas más firmes y menos retóricas.
Chiapas, un estado sitiado por el crimen, y la Iglesia en primera línea de fuego en un México cada vez más violento.
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