Chihuahua, Chihuahua, 13/05/26 (Más).- La confrontación política entre Morena y el gobierno de María Eugenia Campos Galván escaló tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara donde fueron aseguradas toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, en un caso que derivó en investigaciones federales por la presunta participación de agentes estadounidenses vinculados a la CIA en territorio mexicano sin autorización oficial.
La polémica comenzó luego del operativo efectuado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales localizaron uno de los narcolaboratorios más grandes hallados en el país.
La operación terminó envuelta en cuestionamientos después de que un accidente vehicular ocurrido el 19 de abril provocó la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos ciudadanos estadounidenses posteriormente señalados como presuntos agentes relacionados con la CIA.
De acuerdo con las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el laboratorio clandestino operaba en la sierra ubicada entre Morelos y Guachochi.
En el sitio fueron asegurados más de 55 mil litros de sustancias químicas, más de 50 toneladas de material sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de reactores, centrifugadoras, contenedores industriales y cilindros de gas LP utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.
Las indagatorias federales se centran ahora en determinar si existió participación ilegal de ciudadanos extranjeros en acciones reservadas exclusivamente a autoridades mexicanas. Videos y registros de la Fiscalía de Chihuahua muestran a cuatro estadounidenses conviviendo con mandos ministeriales y participando en actividades previas al operativo. En una de las grabaciones incluso aparece uno de ellos portando un arma larga dentro de instalaciones oficiales.
Las autoridades federales señalaron que no existe registro de autorización o notificación oficial para que dichos ciudadanos estadounidenses participaran en el convoy que se trasladó hacia la sierra.
Aunque las investigaciones coinciden en que no portaban insignias oficiales ni ejercían mando operativo, la Ley de Seguridad Nacional prohíbe que agentes extranjeros participen directamente en operativos, detenciones o acciones de seguridad pública en México.
El caso detonó un enfrentamiento político entre Morena y el gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván.
Legisladores y dirigentes morenistas exigieron comparecencias, transparencia y una investigación a fondo sobre la posible presencia de agentes de inteligencia estadounidenses en territorio nacional. Morena incluso convocó a movilizaciones pacíficas y pidió esclarecer responsabilidades dentro de la administración estatal.
Entre las voces más visibles del partido guinda destacó Ariadna Montiel Reyes, quien exigió información oficial sobre la participación de extranjeros y posibles violaciones a la soberanía nacional. Desde Morena se acusó falta de transparencia y se advirtió que el caso podría representar una violación a la legislación mexicana vigente en materia de cooperación internacional y seguridad.
Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos Galván respondió mediante un mensaje público en video, donde defendió el operativo y denunció una campaña de desinformación y ataques políticos contra su administración.
“Ante la desinformación y ataques políticos a propósito del exitoso operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina, quiero compartir con ustedes información importante sobre los avances de la investigación y las decisiones que he tomado”, expresó.
La mandataria estatal aseguró que en su gobierno “no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo obscurito” y reiteró que continuará colaborando con instituciones federales para esclarecer lo ocurrido.
También sostuvo que su administración seguirá trabajando “con firmeza, con resultados y en coordinación con las instituciones del Estado Mexicano, para cumplir nuestra misión de asegurar la paz, preservar el estado de derecho y garantizar la libertad de las familias chihuahuenses”.
Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas. La FGR mantiene dos carpetas activas: una por el posible ejercicio ilícito de atribuciones derivado de la presunta presencia de agentes extranjeros sin autorización federal y otra relacionada con la operación del narcolaboratorio y las responsabilidades penales de quienes participaban en la producción de drogas sintéticas.
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