Por Francisco Ortiz Pinchetti
Es obvio que las circunstancias la obligaron. El peso de una herencia de 200 mil asesinatos y 100 mil desaparecidos en el sexenio de Andrés Manuel. La infiltración del crimen organizado en todos los niveles de Gobierno y su creciente control de extensas zonas del país. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con sus exigencias de una acción más seria y contundente del Gobierno mexicano contra el tráfico del mortal fentanilo. Y, sobre todo, las investigaciones filtradas sobre una presunta colusión del expresidente con el Cártel de Sinaloa –desmentidas, por supuesto– y las acusaciones del nuevo mandatario estadunidense y sus colaboradores sobre supuestas “relaciones intolerables” de políticos mexicanos con los cárteles del narco que “tienen una alianza con el Gobierno de México, y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos”. ¿Más claro?
Era ineludible. Y Claudia Sheinbaum Pardo decidió “sacudir el avispero” y desatar una guerra sin precedentes, no declarada, contra el crimen organizado. La intención: detener posibles acciones de otra naturaleza por parte del impredecible Presidente del país del norte, que por lo pronto consiguió declarar como terroristas a los principales cárteles mexicanos, un paso crucial para él.
A diferencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), ella no vistió una casaca militar que le quedara grande ni se plantó frente a los mandos militares para ordenarles, como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, combatir sin miramientos a la delincuencia organizada; pero en los hechos, instruyó a su Secretario de Seguridad Pública , Omar García Harfuch, nieto del general Marcelino García Barragán y hombre de todas sus confianzas, a terminar con la sospechosa tolerancia y arremeter con todo contra los delincuentes.
Se vale suponer que ella sabe bien que está en juego algo bastante más delicado que la posible imposición de aranceles por parte del Gobierno de Trump a las exportaciones mexicanas y aun sus bravuconadas sobre una eventual intervención militar de EU en nuestro territorio.
Lo más notable y sorprendente es que la decisión de Claudia constituye sin duda, –aunque ella lo niegue, por supuesto–, un rompimiento con la estrategia de “abrazos y no balazos” postulada por su antecesor, guía y promotor, argucia que para muchos escondía ese contubernio “intolerable” del Gobierno con el crimen organizado de que hablan los gringos.
Esta nueva actitud es más evidente a partir del 5 de febrero pasado, –apenas 15 días después del arranque del Gobierno de Trump– cuando inició la llamada Operación Frontera Norte, coordinada personalmente por el propio García Harfuch. Esta estrategia consistió, en respuesta evidente a las exigencias de Trump a esa “maravillosa mujer” que es la Presidenta de México, en el despliegue inmediato, fulminante diría yo, de 10 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en esa región, para realizar acciones de combate al tráfico de drogas, principalmente el fentanilo, claro, y el paso de grupos de migrantes hacia la Unión Americana.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó el martes 25 de febrero pasado un informe detallado sobre los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en apenas cuatro meses: captura de 13 mil 139 presuntos delincuentes y el aseguramiento de 112.8 toneladas de droga, en claro contrapunto con la inacción lopezobradorista en ese terreno.
Un contraste brutal
De octubre de 2024 al 23 de febrero pasado, precisó García Harfuch, se confiscaron mil 260 kilos y un millón 324 mil 924 pastillas de fentanilo, droga que López Obrador negó siempre que se produjera en México. También se localizaron 329 laboratorios clandestinos en diversos estados del país.
Como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, particularmente, fueron detenidas 899 personas y se desmantelaron 50 laboratorios. Desde el 5 de febrero que se implementó la Operación Frontera Norte se han detenido 746 personas y se han asegurado más de 700 armas de fuego.
La propia Presidenta presume ahora que como resultado de esa nueva estrategia, su guerra, entre septiembre de 2024, el último mes del Gobierno de Andrés Manuel, y el pasado mes de febrero, quinto de su mandato, el índice de homicidios dolosos en el país se ha reducido en un 15 por ciento. Pasó, dijo, de un promedio de 86.9 asesinatos diarios a “sólo” 74.8.
Y hay un bombardeo en medios con spots oficiales, – “Cambiando el futuro, con justicia”, se intitulan– en los que se reportan las acciones detalladas, día con día, del Gabinete de Seguridad contra el crimen, incluyendo detenciones, incautación de armas y drogas y estimación del daño económico que esas acciones significaron para los delincuentes en diferentes puntos del país.
Son auténticos “partes de guerra”
Momento culminante de esta insólita acometida fue la entrega sin precedentes a la justicia de Estados Unidos de 29 capos del crimen organizado, acción que el Gobierno trató de justificar y cayó en obvias contradicciones: Mientras García Harfuch aseguró que la determinación se tomó porque se tenía “información” de posibles liberaciones por parte de jueces de varios de esos delincuentes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el envío de 29 líderes narcotraficantes hacia Estados Unidos se llevó a cabo en respuesta a una solicitud hecha por parte del Gobierno encabezado por Donald Trump, la cual fue atendida en cuestión de horas. El operativo involucró la participación de más de tres mil 500 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves.
El fiscal aseguró que Estados Unidos hizo una solicitud “debidamente fundada”, e incluso que se entregó una lista “con nombres y apellidos” y que México respondió en fast track. “No habían pasado horas de que llegó (la solicitud), se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, se hizo el análisis y se procedió, fue un asunto inmediato”, reconoció Gertz Manero.
Por supuesto que Claudia niega una y otra vez que esta estrategia constituya una ruptura con la seguida por su antecesor. Reiteradamente ha insistido, como él, en que lo importante es atacar las causas de la inseguridad y los trabajos de inteligencia para combatir al crimen. Los hechos, sin embargo, la desmienten.
Curiosamente existen varias similitudes entre la llamada Guerra de Calderón y la actual estrategia de Claudia. Ambas administraciones han utilizado un enfoque militarizado en su lucha contra el crimen organizado. Calderón desplegó fuerzas armadas en diversas regiones del país, y Sheinbaum también ha recurrido a la participación de las fuerzas armadas –El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional– en las operaciones de seguridad.
Ambos han coincidido en el objetivo de desmantelar organizaciones criminales. Y también en el tema de atacar las causas sociales y económicas de la delincuencia. Calderón en efecto, como AMLO y Claudia ahora, también ha mencionado que la delincuencia no es sólo un problema de seguridad, sino que estaba relacionada con factores como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad social. El mandatario entonces panista creía que mejorar las condiciones de vida podría ayudar a reducir la delincuencia.
Tanto Calderón como Sheinbaum han declarado en su momento la intención de desmantelar las organizaciones criminales con la aplicación irrestricta de la Ley. En el futuro, y durante muchos sexenios, la acción emprendida por nuestra Presidenta será conocida como La Guerra de Claudia, supongo. Válgame.