Astillero
Julio Hernández López
El origen es una denuncia anónima y, cumplidas ciertas diligencias judiciales, podría quedar en nada. Pero la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República contra Carlos Torres Torres, recientemente divorciado de la gobernadora “morenista” de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cae en terreno fértil, pues con insistencia se han señalado en esa entidad fronteriza indicios de enriquecimiento presuntamente derivados de actos de corrupción y de entendimientos y protección a negocios oscuros.
Torres Torres, junto a su hermano Luis, y el senador de Morena, Armando Ayala Robles (quien fue presidente municipal de Ensenada) son los destinatarios de las indagaciones de la fiscalía federal a partir de julio del año pasado, en el área dedicada a casos de delincuencia organizada (FED/FEMDO/ FEIDMHDARV-BC/0009656/2025), presuntamente por actos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico y tráfico de armas.
Morena no ha podido presentar cartas aceptables ni con buenos resultados luego de tres décadas de dominio panista en el gobierno de Baja California (merced a los arreglos de Acción Nacional con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari para que, cediendo cargos a ese partido y haciendo reformas federales derechistas, se “legitimara de facto” el arribo del priísta a Los Pinos).
Inaugurada con Ernesto Ruffo Appel esa larga estancia panista en el poder bajacaliforniano, llegó a su fin con Francisco Vega de Lamadrid (conocido como Kiko), pues en 2019 fue relevado por el entonces morenista Jaime Bonilla Valdez, quien durante un periodo recortado a dos años de gobierno cometió cuanta tropelía le fue posible, incluyendo la pretensión, luego declarada inconstitucional, de mantenerse en la gubernatura mediante una extensión aprobada por el Congreso local.
Después de Bonilla se habilitó a Marina del Pilar como candidata de Morena a la elección de seis años, con una marcada operación política del entonces presidente nacional del partido guinda, Mario Delgado, para favorecer a quien había sido diputada federal y presidenta municipal de Mexicali. Participó en el Partido Acción Nacional y en 2019, ya “morenista”, se casó con Carlos Torres Torres, también proveniente de las filas del PAN (con 19 años de militancia).
El esposo de la gobernadora fue nombrado coordinador honorario de proyectos estratégicos del gobierno del Estado. Con insistencia se señalaron los riesgos e indicios de corrupción al encargarse de coordinar planes de obras y servicios con financiamiento del gobierno de su cónyuge y participaciones empresariales susceptibles de hacer aportaciones “especiales”.
En mayo de 2025 le fue retirada la visa estadunidense al “primer caballero” de Baja California y se aseguró que lo mismo había sucedido con la gobernadora Ávila Olmeda, quien sobrellevó la polémica como pudo, incluso señalando que una visa no define la vida de nadie, aunque los retiros gringos de ese documento han estado enmarcados en una especie de acusación informal contra personajes públicos a los que Estados Unidos considera involucrados en actividades ilícitas.
En octubre del año pasado se anunció el divorcio de la pareja. En el entorno de Torres Torres se mencionó que el motivo no eran las investigaciones contra éste sino su pretensión de ser candidato a presidente de Tijuana, sin ser obstruido por acusaciones de nepotismo.
Ayer, la gobernadora eludió las preguntas de reporteros en el sentido de si respaldaba o metía las manos “al fuego” por su exposo. Ella confía en que la FGR hará investigaciones justicieras y precisas.
Ya habrá de verse si las eventuales acciones contra el esposo de la gobernadora no le afectan a ella y si detrás de todo no está el interés estadunidense de que le ofrenden personajes mexicanos de poder pero, también, de enturbiar (aún más) la vida institucional de esa entidad que puede ser considerada objetivo de seguridad nacional de Estados Unidos. ¡Hasta mañana!
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