La energía que nos falta

Por Marco Campos Mena

México puede tener petróleo, refinerías, ríos, sol y viento, y aun así depender de otros países para mantener en funcionamiento su economía. Parece una contradicción, pero es el resultado de confundir la propiedad de los recursos con la capacidad de aprovecharlos. La soberanía energética no consiste en que el gobierno sea dueño de las empresas del sector, sino en que el país tenga la infraestructura suficiente para garantizar el suministro que necesitan sus hogares, sus industrias y sus servicios.

El problema del gas natural es uno de los ejemplos más claros. En 2024, México importó alrededor del 70% del gas natural que consumió, principalmente de Estados Unidos. Una parte sustancial de nuestra generación eléctrica y de la actividad industrial depende de ese combustible. Por eso, una interrupción importante del suministro no sería simplemente un inconveniente para las empresas: podría convertirse en un problema de seguridad nacional.

En regiones industriales como el Sureste de Coahuila conocemos bien esa vulnerabilidad. Una alteración en el suministro puede obligar a las empresas a detener operaciones el mismo día, como ocurrió ya una vez. No afirmamos que todo México se paralizaría automáticamente en cuestión de horas, pero hay que entender que cuando la industria depende de un suministro continuo y existen pocas alternativas inmediatas, el margen de respuesta es limitado.

La vulnerabilidad no está únicamente en lo que compramos, sino en las alternativas que no hemos desarrollado. Un país que carece de suficiente almacenamiento, producción propia y fuentes complementarias de generación tiene menos margen para responder ante una crisis. Si nuestro principal proveedor decide reducir las exportaciones, la capacidad de maniobra será menor que la de una economía preparada para resistir el golpe.

Aquí es donde conviene revisar las decisiones de política energética de los últimos sexenios. La reforma impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto abrió la puerta a una mayor participación privada y a inversiones en proyectos de generación eléctrica, incluidos los parques solares y eólicos. Aquella política no resolvió la dependencia energética de México, pero sí apostó por diversificar las fuentes de generación y ampliar las posibilidades de inversión.

Con Andrés Manuel López Obrador, el énfasis cambió hacia el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, al tiempo que su administración restringió la expansión de determinados proyectos privados y modificó las condiciones regulatorias del sector. El argumento central era recuperar la soberanía energética y fortalecer a las empresas del Estado. La contradicción es que concentrar la estrategia en ellas no garantiza, por sí mismo, que México produzca todo el gas que necesita ni que cuente con electricidad suficiente para acompañar su crecimiento industrial.

El problema no es defender a Pemex o a la CFE. Ambas empresas cumplen funciones estratégicas. El problema aparece cuando la defensa de una institución se convierte en una razón para desaprovechar otras tecnologías, frenar inversiones o posponer la construcción de infraestructura. La soberanía no debería medirse por quién genera la electricidad, sino por la capacidad nacional para producirla, transportarla y garantizarla a un precio competitivo.

En ese contexto, resulta ilustrativo recordar el desdén con el que López Obrador se refirió a los aerogeneradores, a los que llamó «ventiladores para vacas». Más allá de la expresión, lo relevante es la visión que representa: reducir una tecnología de generación eléctrica a una caricatura, en lugar de discutir seriamente sus costos, sus beneficios y sus limitaciones. La energía limpia no es infalible, pero tampoco puede descartarse por prejuicio ideológico.

La energía solar ofrece un ejemplo particularmente claro. Si más viviendas, comercios y edificios industriales contaran con paneles fotovoltaicos, una parte mayor de la demanda eléctrica podría cubrirse localmente durante las horas de sol. Eso reduciría la presión sobre la red y sobre las centrales que utilizan gas natural. No significa que cada casa pueda abastecer directamente a una fábrica ni que los paneles resuelvan el problema durante la noche. Significa que cada kilowatt-hora generado cerca del lugar donde se consume puede contribuir a disminuir la demanda que debe cubrir el sistema centralizado.

Lo mismo ocurre con la energía eólica y la hidroeléctrica, siempre que existan condiciones geográficas, ambientales y técnicas para desarrollarlas. Ninguna tecnología es perfecta. Los parques eólicos y solares ocupan territorio y pueden generar impactos ambientales; las presas alteran ecosistemas y los proyectos hidroeléctricos dependen de la disponibilidad de agua. Pero reconocer sus limitaciones no justifica descartarlas. La discusión seria consiste en encontrar una combinación que reduzca riesgos, diversifique el suministro y permita aprovechar los recursos disponibles.

La pregunta no es si las energías renovables pueden sustituir de inmediato a los combustibles fósiles. Es cuánto habría avanzado México si durante estos años hubiera ampliado de manera consistente todas las alternativas viables. La transición no tenía que significar abandonar de golpe el gas o el petróleo, sino reducir gradualmente la dependencia de ambos. Esa reducción habría representado un margen adicional de seguridad para el país.

Y el problema no termina en la electricidad. El diésel se ha convertido en otro punto vulnerable de nuestra economía. En la Región Sureste de Coahuila, la información que hemos recopilado apunta a que alrededor del 40% del transporte en tráileres depende de este combustible. A ello se suman autobuses y unidades de transporte de personal que movilizan diariamente a miles de trabajadores. Cuando aumenta el precio del combustible o escasea el suministro, el impacto se extiende por toda la cadena productiva: suben los costos logísticos, se presionan los precios y se reducen los márgenes de las empresas.

Los estímulos fiscales a los combustibles pueden evitar que un incremento internacional se traslade de inmediato y por completo al consumidor. Sin embargo, tienen un costo: el gobierno renuncia a una parte de la recaudación que podría obtener mediante el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. No es dinero que desaparezca automáticamente del presupuesto, pero sí es ingreso que deja de recibirse y que debe considerarse al evaluar las finanzas públicas. Cuando a esa presión se suma la dependencia de combustibles importados, el margen de maniobra fiscal se estrecha.

Así, México enfrenta dos vulnerabilidades que se alimentan entre sí. Por un lado, necesita importar energéticos para sostener una parte importante de su actividad económica; por otro, debe recurrir a medidas fiscales para amortiguar los efectos de los precios sobre la población. La dependencia cuesta en la factura de importación y también puede costar en recaudación, inversión y competitividad.

Pero hay una consecuencia todavía más delicada: la política exterior.

La energía es una mercancía, un insumo industrial y una herramienta de negociación. Quien controla una parte importante del suministro de un recurso indispensable puede ejercer presión sobre quien depende de él. Estados Unidos no necesita interrumpir por completo sus exportaciones para modificar el cálculo de México; basta con que la posibilidad de hacerlo resulte creíble para que esa vulnerabilidad entre en cualquier negociación comercial.

Eso no significa que cada diferencia bilateral vaya a resolverse mediante amenazas energéticas, ni que exista evidencia de un acuerdo secreto para intercambiar decisiones políticas por gas o combustibles. Significa que la dependencia reduce las opciones de un país y que, en una negociación desigual, tener menos alternativas puede traducirse en menos poder.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué margen de decisión conserva México cuando necesita asegurar el suministro de los energéticos que mantienen funcionando su industria? ¿Qué ocurriría si esa necesidad coincidiera con una disputa sobre el T-MEC, la seguridad fronteriza o la cooperación contra el narcotráfico? ¿Cuánto espacio tendría el gobierno para sostener una posición propia si el costo de hacerlo pudiera trasladarse a la electricidad, el transporte y los precios?

Y todavía queda una pregunta más incómoda: si la dependencia energética se convierte en una carta de negociación para Estados Unidos, ¿qué podría pedir a cambio? ¿Cambios en las condiciones del T-MEC? ¿Mayor cooperación en materia de seguridad? ¿Decisiones políticas que favorezcan sus intereses? ¿Concesiones que hoy ni siquiera contemplamos?

No podemos afirmar de antemano qué exigencias pondrá Estados Unidos sobre la mesa ni qué concesiones estaría dispuesto a aceptar México. Pero sí podemos señalar el riesgo de llegar a esa mesa con pocas alternativas. La política energética no es un asunto aislado de ingenieros, empresas o funcionarios: condiciona la capacidad de un país para proteger su economía y defender sus decisiones.

La soberanía no se proclama en un discurso ni se consigue concentrando toda la estrategia en una empresa estatal. Se construye con infraestructura, inversión, tecnología, fuentes diversas de generación, almacenamiento y una planeación que trascienda los sexenios. Cada alternativa que no desarrollamos es una opción menos cuando llega una crisis.

México no necesita elegir entre Pemex y las energías renovables, entre el Estado y la inversión privada, o entre el gas y la energía solar. Necesita dejar de tratar esas opciones como si fueran incompatibles y comenzar a utilizarlas de manera estratégica. Cuando un país no puede garantizar la energía que necesita, el problema deja de ser solamente cuánto paga por ella y se convierte en cuánto está dispuesto a ceder para conseguirla.