Culiacán, Sinaloa, 10/06/25 (Más).- Un caso de desaparición ocurrido hace más de una década en Tamaulipas derivó en una trayectoria que culminó el pasado 1 de junio con el triunfo electoral de una defensora de derechos humanos que ocupará una jueza de distrito en Sinaloa.
Con 81 mil votos, Delia Quiroa obtuvo el cargo en materia mixta, como parte de los aproximadamente 2 mil 700 puestos del Poder Judicial que por primera vez fueron sometidos a elección popular en todo el país.
A punto de concluir su carrera en Ingeniería Mecatrónica, Quiroa enfrentó el primer secuestro de su hermano Roberto en 2013. La desaparición definitiva del joven, ocurrida en marzo de 2014, la llevó a abandonar sus estudios y comenzar una búsqueda que se transformó en activismo y litigio. Fundó el Colectivo 10 de Marzo, fecha del último levantón de su hermano, y desde entonces recorrió terrenos, denunció ante autoridades y promovió amparos en nombre de víctimas.
“La justicia también era un negocio”, afirmó en entrevista tras su elección, al recordar sus primeras experiencias con autoridades que prometían buscar a su hermano sin cumplirlo y abogados que –dijo– no se comprometieron con el caso. Esa desilusión la llevó a formarse como abogada y a involucrarse de lleno en la defensa de derechos humanos, primero desde la sociedad civil y ahora desde una posición institucional.
El respaldo a su trayectoria no fue unánime. Algunas compañeras activistas, como Edith González, presidenta de una organización en Reynosa, la describieron como “inteligente, audaz, valiente, servicial” y destacaron su perseverancia. Otras, como Susana Bañuelos en Sinaloa, expresaron reservas sobre el comportamiento que podrían asumir las buscadoras al ocupar cargos públicos. “Cuando agarran un puesto, se olvidan de que tienen familias atrás sufriendo”, dijo. Alma Rojo, representante de otro colectivo, afirmó que su llegada “no se ve como una esperanza”.
La reforma que abrió la puerta a estos comicios judiciales fue cuestionada en su momento por Quiroa, quien reconoció que el abstencionismo favoreció los triunfos con bajos niveles de votación. “Eso es lo triste”, señaló. Sin embargo, su campaña incluyó propuestas específicas para mejorar el acceso al juicio de amparo, entre ellas facilitar el acceso a expedientes, garantizar la presencia de computadoras en juzgados y priorizar los casos urgentes contemplados en el artículo 15 de la ley de amparo.
También planteó aplicar sanciones a las autoridades responsables de abusos. “Cuando una persona va al juicio de amparo es porque está alegando abusos de autoridad”, explicó. En su experiencia como litigante, observó que las sentencias rara vez derivaban en consecuencias para los funcionarios involucrados. “La ley permite inhabilitar para ocupar cargos públicos, multas y hasta sanciones penales”, insistió.
Aunque desarrolló su activismo en Reynosa, Tamaulipas, Quiroa optó por postularse en Sinaloa, su estado natal, al que regresó el año pasado. Indicó que la decisión respondió a razones de seguridad y para evitar conflictos de interés con casos relacionados a su colectivo. Desde su salida, su madre asumirá la representación del grupo de búsqueda.
La elección de un perfil proveniente del activismo marca una ruptura con el modelo tradicional de acceso a la judicatura, históricamente alejado de las víctimas y sus organizaciones. Laurence Pantin, del Observatorio de Justicia del Tecnológico de Monterrey, señaló que si bien el éxito de la reforma no debe medirse sólo por el acceso de nuevos perfiles, será relevante observar su desempeño y el de otros funcionarios electos.
La nueva jueza enfrentará el reto de transformar su experiencia como víctima y activista en decisiones judiciales que resistan el escrutinio público y respondan a las expectativas de quienes ven en su nombramiento una oportunidad para cambiar la relación entre ciudadanía y justicia. “Quiero marcar una diferencia y hacer las cosas bien. La gente que votó por mí, votó con esa misma ilusión”, concluyó.