La declaración no es ley

Por Marco Campos Mena

Hay una frase que se repite estos días en el Senado, como si con eso fueran a calmar la tormenta que desataron: «esto no busca perseguir memes ni sátira». La dice el senador Javier Corral, la dice también Manuel Huerta y la respaldó la presidente en su conferencia matutina, con ese tono de quien aclara un malentendido menor. El problema es que ninguno de ellos va a ser quien aplique la ley cuando alguien la use contra un caricaturista incómodo, eso le toca a un fiscal, a un juez, a alguien que no estaba en la sala cuando se dijeron esas frases a modo y que solo va a leer lo que quedó en la ley o “la orden de arriba”.

Para entender que es lo que pasó tenemos que analizar clara y objetivamente lo que está sucediendo en materia legislativa.

Vamos por partes, porque el tema se ha vuelto una maraña de siglas y cifras que espantan más de lo que aclaran.

Lo que se conoce como «Ley Antimemes» son en realidad dos reformas distintas que se mueven al mismo tiempo. Una, en el Senado, crea un delito nuevo buscando proteger (con nombre de trámite burocrático) la «identidad gráfica gubernamental»: castiga con uno a cinco años de cárcel a quien use logotipos o documentos oficiales para hacer pasar algo como si viniera del gobierno. La otra, en la Cámara de Diputados, toca los derechos de autor y faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (marcas y patentes) para imponer multas de hasta 40 mil UMA. La UMA es esa unidad con la que el gobierno mide multas para no tener que actualizar la ley cada vez que sube la inflación; en pesos de este año, 40 mil UMA son casi cuatro millones setecientos mil pesos. Una cifra que ninguna persona común paga sin perder la casa.

Aquí está el truco de la tranquilidad que nos ofrecen: dicen que esto es para combatir la piratería, los portales falsos, los fraudes con el sello del gobierno para vender acciones inventadas de Pemex… Y sí, ese problema existe y hay que resolverlo. Pero la ley, tal como quedó redactada después de todos los ajustes de última hora, castiga a quien use esos elementos oficiales «a escala comercial» y con la intención de «inducir a error sobre el origen oficial» de algo. Deténgase un momento en esas dos frases, porque ahí está todo el asunto.

«A escala comercial» suena a que protege al ciudadano que solo comparte un chiste sin cobrar nada. Pero un cartón político publicado en un periódico también es, técnicamente, un producto comercial: el periódico vende publicidad alrededor de esa caricatura. Nadie escribió en la ley dónde termina el chiste gratuito y dónde empieza lo «comercial» e «inducir a error sobre el origen oficial» describe, con una precisión que asusta, exactamente cómo funciona una buena parodia política: usted hace un falso comunicado presidencial, un decreto inventado, un sello alterado, precisamente para que por un segundo el lector piense «esto parece oficial» y después se ría de lo absurdo. Ese segundo de confusión no es un descuido de la sátira. Es su mecanismo.

Los propios senadores de oposición pidieron, en la discusión, que se escribiera una excepción clara para la sátira y la parodia política. Se las pidieron de frente, con la redacción lista para copiar y pegar. No la incluyeron. Y en derecho eso tiene un nombre: cuando alguien conoce la objeción, tiene la solución enfrente, y aun así decide no ponerla por escrito, ya no es descuido, es elección. Las promesas verbales de Corral y compañía valen en un tribunal exactamente lo que vale cualquier promesa que no está en el contrato: nada.

El asunto deja de ser solo legal y se vuelve algo más profundo, algo que toca cómo sobrevivimos como sociedad a los tiempos difíciles. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración y fundó la logoterapia, hablaba de la «intención paradójica»: reírse de lo que nos amenaza como una forma de quitarle poder, de ponerse por encima de la situación en lugar de que la situación lo aplaste a uno. Es una de las herramientas más antiguas del ser humano para no quebrarse frente a lo que no puede controlar. El caricaturista que dibuja al poderoso con las orejas de burro no está negando la gravedad de la corrupción; está encontrando la manera de mirarla de frente sin que lo devore.

Quíteles esa herramienta a la gente y no desaparece el problema que la caricatura señalaba. Lo que desaparece es el amortiguador. La corrupción, el abuso, la torpeza del poder, todo eso sigue ahí, pero ahora la gente lo tiene que ver en crudo, sin el filtro que durante generaciones nos ha permitido procesarlo sin desmoronarnos.

Un país que no puede reírse de sus gobernantes no es un país más ordenado. Es un país más triste, y probablemente más resignado, porque cuando se le quita el humor a la crítica, lo que queda es solo el peso.

No hace falta que metan a nadie a la cárcel para que esto funcione, basta con que el caricaturista, antes de dibujar su próximo trazo, se pregunte si esta vez sí cruzó la línea que nadie quiso escribir con claridad. Esa duda, sembrada a propósito o por negligencia (a estas alturas ya no importa cuál de las dos), es la censura más eficiente que existe: la que no necesita un solo expediente abierto para funcionar. Solo necesita que usted, antes de reírse, lo piense dos veces.