Ciudad de México, 07/07/26 (Más).- El Gobierno de México reavivó sus cuestionamientos sobre la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, al considerar que aún existen aspectos sin esclarecer sobre el operativo realizado en julio de 2024 y la posible participación de autoridades estadounidenses en los hechos.
De acuerdo con información de El País, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes será presentado un informe relacionado con la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) informará la incorporación de la avioneta utilizada para trasladar a Zambada a territorio estadounidense a la colección de un museo en Nuevo México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que resulta importante esclarecer la forma en que ocurrió la detención y traslado del narcotraficante, al considerar que los hechos son relevantes tanto para las actuales autoridades de Estados Unidos como para las que se encontraban en funciones cuando ocurrió el operativo, durante la administración del entonces presidente Joe Biden.
El Gobierno estadounidense ha negado de manera reiterada cualquier participación en el presunto secuestro de Zambada y en su posterior traslado a Estados Unidos.
Sin embargo, el anuncio realizado por el FBI sobre la aeronave utilizada en el operativo volvió a generar cuestionamientos por parte del Ejecutivo mexicano respecto a la actuación de las agencias de seguridad estadounidenses.
La captura de Ismael Zambada marcó un punto de inflexión en la estructura del Cártel de Sinaloa. Tras su salida del escenario criminal se desató una confrontación interna entre distintas facciones de la organización, situación que provocó un incremento de la violencia en diversos municipios de Sinaloa, con enfrentamientos armados, homicidios y afectaciones a la población.
En días recientes, Sheinbaum también respondió a señalamientos contenidos en las memorias del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien afirmó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador habría manifestado preocupación por la información que Zambada pudiera proporcionar a las autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y actores políticos.
La mandataria rechazó esa versión y sostuvo que la principal inquietud del Gobierno mexicano siempre estuvo relacionada con una eventual participación de agencias estadounidenses en territorio nacional durante la captura del líder criminal, al considerar que cualquier intervención de ese tipo implicaría una vulneración a la soberanía del país.
El caso se suma a otros desacuerdos recientes entre ambos gobiernos en materia de seguridad. Entre ellos figura la controversia generada tras revelarse la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua, hecho que el Gobierno mexicano calificó como una intromisión en asuntos internos.
Posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer acusaciones por delitos relacionados con narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, situación que intensificó el intercambio de señalamientos entre autoridades de ambos países y alimentó las críticas de la oposición hacia el gobierno federal.
Sheinbaum también cuestionó la política del Departamento de Justicia estadounidense respecto a acuerdos judiciales con integrantes de organizaciones criminales, al señalar que existe una aparente contradicción entre la designación de ciertos grupos como organizaciones terroristas y los beneficios procesales que algunos de sus integrantes pueden recibir durante investigaciones penales.
Las recientes publicaciones periodísticas que señalan una posible participación del FBI y de otras agencias estadounidenses en la planeación del traslado de Zambada han reactivado el debate sobre la actuación de Estados Unidos en territorio mexicano.
De confirmarse esas versiones, el caso sería comparado con antecedentes como el del médico Humberto Álvarez Machain, llevado por la fuerza a Estados Unidos en 1990 en una operación vinculada a la investigación por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
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Hay que aclarar que es el actual gobierno de México y claro que le duele porque le han quitado patrocinadores aparte que la inquilina de palacio sigue con su cantaleta de la soberanía lógicamente para traer a los ignorantes a los chairos y a los que sobreviven con tarjetitas Amén de sus patrocinadores de Sinaloa. Mientras su gurú continúe libre esa va a ser diaria perorata