La 4T sin recursos ni voluntad para rectificar tramo Los Chorros

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila 02/07/25 (Más). – La remodelación del tramo conocido como Los Chorros, en la carretera federal 57, sigue atorada en una decisión clave que el gobierno federal no termina por asumir: o invierte cerca de dos mil millones de pesos del erario para convertirlo en una vía libre y segura, o lanza una licitación nacional para concesionar su construcción y operación bajo un esquema de asociación público-privada (APP).

Así lo planteó el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien ha dado seguimiento al proyecto desde 2022 y ha sostenido reuniones con las dependencias responsables, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Banobras, Capufe y Fonadin.

“El proyecto ya está autorizado, ya la vía está liberada, ya la SICT se desdueñó de los terrenos, Capufe ya tiene todo. ¿Qué tiene que decirse ahorita? Ya la pelota está en la cancha de la SICT”, afirmó Abramo, al advertir que lo único que falta es que el gobierno federal decida si lo hace con recurso público o bajo concesión.

A lo largo de los últimos 15 años, el tramo ha sido escenario constante de accidentes fatales debido a su complicada orografía, curvas pronunciadas y pendientes peligrosas. En promedio, al menos 12 personas han perdido la vida cada año en ese segmento, sumando más de 130 fallecimientos en total, además de miles de lesionados. En ocasiones, el tráfico ha permanecido colapsado, en una ocasión hasta 25 horas, afectando la logística económica del norte y centro del país.

De acuerdo con el legislador coahuilense, ya existe un nuevo trazo aprobado por el gobierno federal, técnicamente superior, que eliminaría las curvas y pendientes, y permitiría una circulación más segura y fluida. Pero la decisión está estancada por razones presupuestales y políticas.

“El gobierno federal tiene dos opciones claras: o la hace de cuota a través de una APP y concesión, o le mete dinero público y la hace libre. Esas son las dos vías. No hay que buscarle tres pies al gato”, sentenció.

Pero Abramo enfatiza que la situación fiscal del país vuelve inviable la alternativa de obra pública directa. “Si lo va a hacer el gobierno federal, tiene que mandar ese presupuesto al presupuesto de egresos del 2026. Pero no tiene dinero, porque ahorita está pagando un billón, casi un millón 380 mil millones de pesos de intereses de la deuda que le dejó Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

En contraste, la figura de APP permitiría que un concesionario privado invierta los cerca de mil 860 millones de pesos que cuesta la obra, y a cambio explote la vía durante 20 o 30 años. “Pues mejor paga una cuota y ten una vía tranquila. Actualmente pagas una cuota y te juegas la vida”, dijo, ironizó.

Abramo consideró que lo único que falta es voluntad política desde la Presidencia de la República. En su opinión, no se trata solo de sensibilidad ante las víctimas, sino de que el gobierno federal no quiere reconocer públicamente que no tiene recursos para ejecutarla. “Más que sensibles, lo que no saben es si hacen una APP, porque saben que no tienen dinero y no quieren decir que no lo tienen, aunque no lo tienen”, expresó.

A fin de acelerar la toma de decisiones, el diputado priista presentó el pasado lunes un nuevo exhorto desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados, solicitando a la SICT, Banobras y Capufe que instalen una mesa técnica y decidan el modelo a seguir. “Fue el quinto exhorto que presento desde la legislatura pasada. Además, en cada presupuesto de egresos cabildeo que se incluya, pero te dicen que no hay dinero”, comentó.

Con el presupuesto 2026 en proceso de construcción, el tiempo apremia. “En mi experiencia, si hay voluntad política por parte de la presidencia de la República, lo van a liberar”, concluyó Abramo. De lo contrario, advirtió, el riesgo de seguir acumulando víctimas en Los Chorros persistirá otro sexenio más.