Astillero
Julio Hernández López
El gobierno federal pretende sentenciar despóticamente, en los hechos, a la Bahía de Ohuira, en Ahome, Sinaloa, y a la persistente batalla comunitaria en defensa del medio ambiente y contra una planta de amoniaco.
Al estilo salinista que presumía no ver ni oír a sus opositores, las administraciones federales encabezadas por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo buscan condenar a la virtual inexistencia cívica y jurídica al movimiento denominado “¡Aquí no!”, sin siquiera concederle la oportunidad de la escucha directa y atenta, a pesar de que en sus respectivos momentos hubo promesas de atención y escucha, siempre incumplidas, de María Luisa Albores, Adán Augusto López Hernández y Alicia Bárcena (titulares de Semarnat, la primera y la tercera; ambas habiéndose comprometido expresamente a ir a la Bahía a dialogar con las comunidades afectadas; de Gobernación el segundo, que también ofreció cita sólo para salir del paso en una visita a Sinaloa).
Ironía 4T: mientras en México el gobierno hace oídos sordos y juega con cartas menores a un legalismo que en el fondo implica litigar a favor de las empresas que contaminan, importantes voces internacionales denuncian los riesgos y afectaciones que implica el negocio político-empresarial en Bahía de Ohuira.
Irónico que el gobierno federal insista en enviar a actos internacionales a la titular de Semarnat, Bárcena (el más reciente, a Davos, cuyo mayor logro fue una foto con un hijo de George Soros), para promoverla como aspirante a secretaria general de Naciones Unidas y que justamente en el seno de esta organización se hayan emitido advertencias firmes sobre violaciones jurídicas, ambientales y de derechos humanos en el caso de la Bahía de Ohuira.
Doce expertos independientes, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han señalado que las actividades de la planta de amoniaco, “afectarían a los pueblos indígenas, a las comunidades pesqueras, a la niñez, así como a todas las personas de la zona, en particular su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, al desarrollo y a mantener formas de vida y prácticas culturales específicas relacionadas con la naturaleza y la tierra (…) la implementación de este proyecto puede haber impuesto obstrucciones en los derechos a defender sus derechos humanos, incluyendo las libertades de expresión, reunión y asociación, entre otros”.
También precisan que “las emisiones resultantes de las operaciones de la planta, y la producción y el uso de los productos petroquímicos, también contribuyen al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica, con repercusiones negativas adicionales sobre los derechos humanos. Este proyecto de planta de amoniaco está financiado en parte por KFW IPEX-Bank, domiciliado en Alemania y con recursos financieros adicionales del gobierno de Alemania, y habría sido aprobado sin la debida consulta a los habitantes de la región ni el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados” (https://goo.su/UoCS9a).
El grupo de expertos independientes pidió respuestas a Gas y Petroquímica de Occidente, a cargo de la planta de amoniaco, al banco alemán que financia parte del proyecto y al gobierno mexicano que, tardado en responder, mantuvo una postura favorable a la empresa.
Lo cierto es que, más allá de discursos, declaraciones y giras ambientales, el gobierno de la presidenta Sheinbaum pretende sentenciar a la Bahía de Ohuira y a su defensa comunitaria a una virtual inexistencia, con alegatos legaloides y “técnicos” que sólo han servido para que día a día, hora a hora, se avance de manera implacable en la construcción de la citada planta de amoniaco, que según eso lleva más de 70 por ciento terminado.
La presunta justificación de fondo, el pretexto fáctico, descansa en el Plan México (neoliberal a cual más) y sus polos de desarrollo que privilegian la inversión, sobre todo extranjera, por encima de cualquier otra consideración. ¡Hasta mañana!
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