Por Horacio Cárdenas Zardoni
De los ecos de la toma de posesión de Manolo Jiménez Salinas como gobernador constitucional del estado de Coahuila, y de la designación de sus principales colaboradores durante los días subsiguientes, la prensa dedicada a la política destacó un par de cosas.
La primera de ellas es que durante la ceremonia toma de protesta estuvo presente el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, hecho que puede ser interpretado desde muy diversos puntos de vista. El primero de ellos e innegable, es que Cepeda es líder de una de las organizaciones sindicales, o más bien políticas, más importantes del país, y hay quien dice que de Latinoamérica, lo que es un dato más para apantallar que algo que sea útil para algo. Su presencia se inscribe en las prácticas del viejo sistema político priísta, en que los mandatarios que asumían o rendían informes, invitaban a absolutamente todo el mundo que fuera alguien en la escena política, la del momento, la pasada y la futura. Ni que decir que muchos líderes sindicales, wannabes, políticos en decadencia, o en ascendencia, se dejaban ver en esa clase de eventos no porque pusieran un segundo de atención a lo que estaba pasando allá enfrente, sino que se dedicaban a lo único verdaderamente importante, para ellos, la grilla. Más que ir a ver, iban a dejarse ver, ya con eso valía la pena el viajecito.
Por supuesto el que invitaba podía presumir de su poder de convocatoria, a veces una toma de posesión se llenaba de gobernadores, uno que otro secretario de estado, ahora con las coaliciones, dos o tres presidentes de partidos y un montón de organizaciones políticas, todos en lo mismo. La presencia de Cepeda Salas cuadra en este esquema. Por un lado es líder nacional del SNTE, por el otro mantiene un pie en Coahuila, donde fue líder de la Sección 38 del mismo sindicato, desde acá podía echar un ojo a lo que estaba y sigue pasando en Nuevo León con ciertas denuncias por malos manejos en la Sección sindical, que lo involucran personalmente y si no a él, a su familia, y por supuesto a Manolo le da lustre poder convocar a tan elevado personaje, es un decir, y que este se apersone para acompañarlo.
La otra nota que resaltaron los periodistas fue que al menos en la primera lista de nombramientos, habían quedado fuera personajes asociados al grupo de “Los Moreira”, políticos y funcionarios afines a Humberto o a Rubén Moreira, que fueron gobernadores del Estado, y que al menos en la administración de Miguel Riquelme mantuvieron fuerte influencia a través de su gente, ubicada en posiciones selectas. No vamos a decir que muy aparentes, pero sí presentes para lo que pudiera ofrecerse. No para interpretarse como un rompimiento, del que por lo demás no hay mayores señales, sino más bien que ahora sí se está dando la renovación y relevo en la clase política que se dilató en la administración pasada porque así le convenía al gobernador Riquelme.
Todo esto viene a cuento porque se ha venido comentando que las cosas se han venido descomponiendo en el Sindicato de maestros, específicamente en lo que toca a la molestia por la falta de acción del gobierno del estado, y específicamente de la Fiscalía General de Justicia en torno a las denuncias que se han venido presentando y acumulando teniendo como eje malos manejos en la sección sindical, sin que les dieran para adelante, bueno y para el caso, que tampoco les dieran para atrás, simplemente allí las han dejado dormir, en espera de… en espera de nadie sabe qué, y nadie lo confesaría si lo supiera, pero nos podemos imaginar que tiene que ver con la posibilidad de la afectación política en relación con el aplicar la justicia a como se debería hacer conforme a la ley.
Lo que nos llamó la atención fue enterarnos de que de donde nos habíamos quedado, que eran como dieciséis las denuncias por malos manejos, desvío de fondos, malversación, tráfico de influencias, se ha elevado a 43… más del doble, lo que quiere decir mucho, y sobre todo el detalle de que lo que hasta el corte de caja anterior se estimaba en un desfalco por mil trescientos millones de pesos, al momento anda ya por los dos mil millones.
Entre las áreas afectadas por los malos manejos en la Sección 38 está la más difundida incluso entre la población en general, lo relacionado con el servicio médico para los derechohabientes, a saber trabajadores y sus dependientes directos. Quizá lo demás pudieran perdonarlo, en cierta medida, pero no la atención médica de urgencia, ni las cirugías, ni los tratamientos continuos para quienes están en activo y quienes ya se hallan pensionados. Y ponga que los profesores, sacrificados como pueden llegar a ser algunos, no les importe lo que les ocurre en lo personal, pero sí lo que les ocurre a sus familiares cuando el servicio médico al que tienen derecho, al que cotizaron los jubilados y siguen cotizando los activos cada vez que reciben su pago catorcenal, no garantiza atención o cura a los padecimientos de sus familiares, para quienes laboran en segunda instancia.
Está, claro, lo de vivienda, lo de pensiones, lo del fondo de ahorro, lo de defunciones, que sumado a lo del servicio médico, del que se ha dicho que está “técnicamente quebrado”, acumulan el boquete ya señalado de dos mil millones de pesos, y la pregunta, de una simplicidad pasmosa pero contundente es ¿y?
Estamos en un momento coyuntural. La asunción al poder de Manolo Jiménez lo hace responsable del asunto legal pendiente de la Sección 38, esto de entrada, y luego tenemos las señales encontradas, por un lado la presencia del líder del SNTE, que lo fue antes de la Sección 38, es de origen coahuilense y tiene fuerte presencia de negocios familiares relacionados con el organismo, y por el otro el relativo o real distanciamiento de lo que llaman “El Moreirato”, que todavía no demasiado lejos en el tiempo, tuvo a otro de los hermanos, Carlos, en la misma posición que Cepeda Salas, siendo su administración una de las señaladas en que habrían ocurrido los desvíos y malversaciones.
Total, que allí y así nos hallamos. Los faltantes ocurrieron, las denuncias se presentaron, pero el tiempo ha venido pasando y sería muy truculento que en la Fiscalía se hubieran “comido el tiempo” con la intención de que prescriban y nadie pueda ser perseguido o siquiera señalado como culpable. Pero el perjuicio persiste, la mala atención a la salud de los derechohabientes del servicio médico es el punto más grave, aun si hubiera una devolución de lo desfalcado, ¿qué representaría eso en la recuperación de la salud perdida de cientos de personas?
Como dice un lugar común en redes sociales: hay señales… pero todavía no estamos en condiciones de interpretarlas adecuadamente, ¿se va a proceder penalmente?, ¿se va a rescatar el servicio médico, y los demás fondos de los trabajadores de la educación?, ¿se dejarán las cosas como están con el peligro de explosividad social y política?
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