“Justicia en los bueyes de mi compadre”

David Guillén Patiño

Palabras Mayores

El pasado jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprehendió en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, bajo los cargos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, que habría sido realizado a través de la empresa Ingemar S. A. de C. V., fundada por el exmandatario, de 74 años.

La acción judicial tiene lugar a un año de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmara la investigación de dicha firma y el uso de ferrotanques como medio de almacenamiento, como parte de un modus operandi.

Dos semanas antes, el 8 de julio de 2025, se ejecutó en Saltillo y Ramos Arizpe el mega decomiso de más de 15 millones de litros de combustible ilegal —diésel, gasolina y destilados de petróleo—, volumen que, según el gobernador Manolo Jiménez Salinas, no provenía de tomas clandestinas de Coahuila, sino que «iba cruzando por la entidad», esto, dentro de 129 ferrotanques.

Dicha detención es doblemente significativa por varias razones. Primero, en 1989, luego de fungir como alcalde de Ensenada, Ruffo Appel pasó a la historia como el primer gobernador de oposición cuando el PRI tenía en sus manos, no solo la presidencia, sino también los gobiernos de todos los estados del país. A la postre, sería senador (2012-2018) y diputado federal (2018-2021).

Segundo, habiendo sido considerado por la militancia del Partido Acción Nacional como un referente moral, en virtud de su fama de hombre honesto y congruente, Ernesto Ruffo se pronunció a favor de la refundación del partido, pero en contra de que se aliase con el Revolucionario Institucional, convencido de que con ello perdería su identidad.

Y, tercero, en su afán de recomponer el bloque opositor en México, en julio de 2022 cofundó el Frente Cívico Nacional (FCN), movimiento político de la sociedad civil que el pasado 25 de junio consiguió convertirse oficialmente en el partido Somos México (o Somos Mx), bajo el liderazgo de Guadalupe Acosta Naranjo, en la presidencia, y Cecilia Soto González, en la secretaría general.

Tras la aprehensión, Jorge Romero Herrera, presidente Nacional del PAN, llamó a cerrar filas contra el autoritarismo del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), reflejado en la ofensiva legal contra el exmandatario, misma que el secretario general del blanquiazul en Tijuana, Hassan Franco Ruiz, denominó “parafernalia y espectáculo mediático”.

Tampoco se hizo esperar la desaprobación del dirigente nacional de Somos Mx, quien al calificar la aprehensión como un “inaudito atropello”, una “infamia absoluta” y una “cortina de humo”, motivada por fines políticos, exigió la liberación del aludido, quien todavía forma parte del consejo consultivo del partido rosa.

El expresidente Vicente Fox arremetió igualmente contra el Gobierno Federal, asegurando que Ernesto Ruffo es un “mexicano ejemplar”, por lo que consideró que este es objeto de una auténtica persecución política, enfatizando: “La democracia no se defiende persiguiendo a quienes la construyeron… México no puede ser botín de Morena y mucho menos de una dictadura que impone su ley”.

Romero, Acosta y Fox coinciden con partidos, analistas y denuncias periodísticas en el sentido de que la administración de Claudia Sheinbaum evita tocar los expedientes de figuras de la 4T, presuntamente vinculadas a financiamiento ilícito o a la red del extinto Sergio Carmona, como gobernadores, legisladores, funcionarios del gabinete presidencial o exdirigentes partidistas.

Lo cierto es que, según versiones de diferentes medios de comunicación, denuncias del PAN como del PRI y testimonios en cortes de Estados Unidos, la lista de contrabandistas de combustible es prácticamente infinita. Quizá se pueda dimensionar la red de involucrados con los siguientes botones de muestra:

Apodado el “Rey del huachicol”, el empresario Sergio Carmona Angulo (†); su hermano Julio César Carmona; el exdirigente nacional de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; su hijo Humberto Villarreal.

Asimismo: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el exdiputado federal y alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; diputada federal de Tamaulipas Olga Juliana Elizondo; y el senador del mismo estado, José Ramón Gómez Leal («El JR»).

El daño al erario provocado por este entramado oscila entre los 200 mil y 400 mil millones de pesos anuales por la evasión del IEPS e IVA aduanero. El dinero excedente es el que presumiblemente se lavó y desvió hacia las estructuras y campañas electorales citadas.

Los datos sobre el tema son abrumadores. De acuerdo con información reciente de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Federal de Inteligencia Criminal, existen al menos 555 empresas vinculadas al contrabando de combustible y “huachicol fiscal”.

De esta cantidad, el Gobierno Federal priorizó una lista de 108 compañías «foco» que concentran las operaciones más directas.

Como se sabe, son entidades que operan básicamente bajo esquemas ilícitos, incluidas grandes inconsistencias de volumen en al menos ocho de los principales puertos de México.

Más específicamente, el modus operandi de la mayoría de estos negocios se basa en reportar una parte mínima de la carga real o tramitar licencias masivas de importación mediante sociedades fachada y emisoras de facturas falsas.

La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informan haber documentado ya hasta 210 empresas que servían como «cuentas puente» o ficticias para inyectar el hidrocarburo robado o importado ilegalmente al mercado formal.

En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió un bloque de 109 expedientes penales relacionados con esta clase de fraude, a fin de proceder contra redes, aduanas específicas y suspender a los actores del padrón de importadores.

davidguillenp@gmail.com