Casi 17 años después de su detención, la justicia venezolana cerró definitivamente el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada tras ordenar en 2009 la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño. El caso estuvo marcado por la intervención pública de Hugo Chávez, medidas restrictivas prolongadas y denuncias de tortura, agresiones sexuales y violaciones al debido proceso
Caracas, Venezuela, 08/08/26 (Más).- La justicia venezolana cerró definitivamente el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni, quien permaneció privada de la libertad y posteriormente bajo distintas medidas restrictivas durante casi una década, después de haber ordenado en 2009 la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño.
De acuerdo con información publicada por la BBC, la familia de Afiuni anunció el viernes la conclusión definitiva del caso y señaló que la decisión restituye plenamente la libertad de la jueza. Su hermano, Nelson Afiuni, y su abogada, Thelma Fernández, indicaron que el cierre del expediente pone fin a un proceso que, según afirmaron, estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Afiuni fue detenida en diciembre de 2009, poco después de ordenar la libertad bajo fianza de Cedeño, quien llevaba tres años en prisión preventiva acusado de realizar operaciones cambiarias ilegales. El banquero abandonó Venezuela y se trasladó a Miami después de recuperar su libertad.
La decisión provocó una reacción directa del entonces presidente Hugo Chávez, quien exigió públicamente que la jueza recibiera la máxima pena y pidió una condena de hasta 30 años de prisión. Chávez calificó a Afiuni de “bandida” y cuestionó que hubiera liberado a Cedeño.
Por la intervención pública del mandatario y las consecuencias que enfrentó tras aquella resolución judicial, Afiuni fue identificada durante años como “la presa personal de Chávez”, en referencia al poder político que, según sus familiares y organizaciones que respaldaron su causa, ejerció el entonces presidente sobre su proceso.
La jueza sostuvo que su decisión se ajustó a la legislación venezolana vigente en ese momento, que establecía un límite de dos años para la prisión preventiva sin sentencia. También argumentó que había tomado en cuenta una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que había cuestionado la situación jurídica de Cedeño.
Pese a ello, Afiuni fue detenida por los servicios de inteligencia venezolanos y trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, una prisión para mujeres. Durante su estancia en ese centro penitenciario, sus abogados denunciaron amenazas y agresiones en su contra.
En febrero de 2011, después de poco más de un año en prisión, la jueza pasó a cumplir arresto domiciliario. Durante ese periodo su estado de salud se deterioró y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la que le fue extirpado el útero. También presentó problemas en la vejiga y lesiones en un seno y una axila.
En junio de 2013 obtuvo libertad condicional, aunque permaneció sujeta a medidas cautelares. Años después, en marzo de 2019, fue condenada nuevamente a cinco años de prisión por el delito denominado “corrupción espiritual”, acusación que ella calificó como un delito inventado.
Afiuni también denunció haber sido víctima de torturas y agresiones sexuales durante su permanencia en prisión. En una audiencia celebrada en 2015 describió las consecuencias físicas que, según su testimonio, le dejaron los abusos sufridos durante su encarcelamiento.
Su caso adquirió relevancia internacional y fue respaldado por intelectuales y organizaciones que cuestionaron las condiciones de su detención. Entre quienes pidieron públicamente su liberación estuvo Noam Chomsky, quien había firmado una carta en la que Afiuni era considerada una presa política.
En diciembre de 2017, la jueza denunció que el tiempo que llevaba sometida a medidas restrictivas de libertad ya había superado la pena máxima prevista para los delitos por los que era procesada.
El deterioro de su salud volvió a poner el caso en primer plano esta semana. El jueves 6 de agosto, un día antes del anuncio sobre el cierre definitivo del expediente, Nelson Afiuni informó que su hermana había sido trasladada de urgencia a un centro médico después de presentar mareos, vómitos e hipertensión.
La jueza fue estabilizada, pero las evaluaciones médicas detectaron tres lesiones tumorales ubicadas en distintas partes de su cuerpo que, según la información difundida por su familia, requieren atención médica inmediata para evitar consecuencias graves para su salud.
Tras conocer la decisión judicial, sus familiares señalaron que el cierre del expediente no elimina los daños ni el sufrimiento acumulado durante los años de proceso, pero representa el final formal de una causa que calificaron como una persecución vinculada con el ejercicio independiente de la función judicial.
Nelson Afiuni sostuvo que la historia de su hermana no debe limitarse al relato de la persecución que enfrentó, sino que debe servir como una referencia sobre la importancia de preservar la independencia de los jueces y la protección de los derechos fundamentales.
El caso de María Lourdes Afiuni se convirtió durante los gobiernos de Hugo Chávez en uno de los episodios más conocidos de las tensiones entre el poder político y la independencia judicial en Venezuela. Su liberación plena, anunciada casi 17 años después de su detención, pone fin al proceso que comenzó tras la decisión judicial sobre Eligio Cedeño.
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