Ciudad de México, 05/11/2024 (Más / IA).- La controversia por la reforma al Poder Judicial continúa, y ahora un juez federal en Colima ha emitido una multa a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacato a una orden judicial.
El juez Francisco García Contreras impuso una sanción de 54 mil 285 pesos a cada consejero tras considerar que no acataron una suspensión provisional que instruía al INE a abstenerse de preparar las elecciones judiciales previstas para junio de 2025.
La resolución de García Contreras deriva de una solicitud emitida en septiembre, en la que el juez ordenaba al INE detener cualquier actividad relacionada con la organización y planeación del proceso electoral judicial, en el cual se elegirían jueces, magistrados y ministros por voto popular, una disposición clave de la nueva reforma al Poder Judicial.
El juez García Contreras ha otorgado a los consejeros un plazo de 24 horas para acatar plenamente la suspensión provisional, que prohíbe al INE emitir acuerdos o continuar con las actividades de organización, vigilancia y fiscalización de la elección judicial. Esta orden judicial busca evitar el avance de un proceso que, de no detenerse, podría iniciar formalmente el próximo año y extenderse hasta 2027, cuando se renovaría la segunda mitad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según información del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.
El INE había presentado una solicitud presupuestal de 13 mil millones de pesos para llevar a cabo las elecciones judiciales de 2025. Esta cifra ha sido criticada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien consideró excesivo el monto, señalando que duplica el presupuesto inicial de 7 mil millones de pesos presentado previamente. Sheinbaum advirtió que no habrá recursos suficientes para cubrir esa cantidad y ha solicitado que el presupuesto sea revisado y ajustado.
La reforma al Poder Judicial, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, introduce la elección popular de jueces y magistrados y establece que ningún ministro de la SCJN podrá ser reelecto en otro periodo. Esta reforma ha provocado diversas reacciones, desde manifestaciones hasta la renuncia de algunos ministros, y sigue generando fricciones en el ámbito político y judicial del país.
La situación refleja la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y plantea interrogantes sobre el desarrollo de las elecciones judiciales y la implementación de la reforma.
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