Boston, 08/08/24 (Más / IA).- Un juez estadounidense desestimó la mayor parte de la demanda sin precedentes de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses, quienes fueron acusados de facilitar el tráfico de armas de fuego hacia los cárteles de la droga en la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez de distrito Dennis Saylor en Boston desestimó las demandas contra seis de las ocho empresas demandadas por México en 2021, incluyendo Sturm, Ruger y Glock, debido a problemas jurisdiccionales.
Saylor consideró que la conexión de las empresas con Massachusetts era “delgada como una gasa en el mejor de los casos”.
Ninguna de las seis estaba incorporada en el estado, y México no logró demostrar que alguna arma de fuego vendida en Massachusetts le causara daños directos.
México argumentó que, estadísticamente, era probable que algunas armas de fuego vendidas en Massachusetts fueran traficadas ilegalmente a México. Sin embargo, Saylor concluyó que el país carecía de pruebas suficientes para establecer la jurisdicción necesaria.
Además de Sturm, Ruger y Glock, las empresas desestimadas del caso incluyeron Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing (una unidad de Colt CZ Group), Century International Arms y Beretta. Las empresas restantes en la demanda son Smith & Wesson Brands, que anunció en 2021 su traslado a Tennessee desde Massachusetts debido a regulaciones de armas, y el mayorista Witmer Public Safety Group.
Lawrence Keane, asesor general del grupo comercial de la industria National Shooting Sports Foundation, acogió con satisfacción la decisión de Saylor, calificando la acción de México como una “obvia compra de foros”.
Keane expresó su optimismo de que la corte suprema de Estados Unidos deseche el resto del caso.
En abril, las empresas solicitaron a la Corte Suprema que revisara una decisión de la corte federal de apelaciones, la cual determinó que el caso calificaba para una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Esta ley otorga a la industria de las armas de fuego una amplia protección contra demandas por el uso indebido de sus productos.
Steve Shadowen, abogado que representa a México, expresó la decepción del país ante la decisión y mencionó que están considerando apelar los reclamos desestimados, volver a presentarlos en otros tribunales o explorar otras opciones legales.
México acusó a los fabricantes de armas de socavar sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar, a sabiendas de que estas armarían a los cárteles de la droga, fomentando asesinatos, extorsiones y secuestros.
Según el Gobierno de México, más de 500 mil armas son traficadas anualmente al país desde los Estados Unidos, de las cuales más del 68 por ciento son fabricadas por las compañías demandadas. El país también afirmó que el contrabando de armas ha contribuido a las altas tasas de muertes relacionadas con armas de fuego, disminuyendo la inversión y la actividad económica, y aumentando los gastos en la aplicación de la ley y la seguridad pública.
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