Ciudad de México, 26/10/26 (Más).- El exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno acusó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de realizar declaraciones falsas en su contra y exigió el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN) ante los procesos judiciales que enfrenta por su presunta responsabilidad en el operativo de El Pinal, donde murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses.
El exfuncionario denunció un posible uso político de la justicia y pidió a sus compañeros de partido defender sus derechos.
De acuerdo con información publicada por Infobae, Jáuregui difundió una carta dirigida a senadores, diputados federales, dirigentes, consejeros, militantes y simpatizantes del PAN en todo el país, en la que reprochó la postura asumida por la mandataria estatal después de haberla respaldado públicamente cuando ella enfrentó cuestionamientos políticos.
También solicitó pronunciamientos y acciones institucionales para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos.
El exfiscal recordó que durante las controversias que involucraron a Campos se sumó a manifestaciones públicas en su defensa y participó en la campaña #YoConMaru, cuya imagen, aseguró, todavía conserva en sus redes sociales. Señaló que mantuvo su respaldo incluso en los momentos más difíciles para la gobernadora, por lo que ahora considera injustificados los señalamientos realizados en su contra.
“La apoyé hasta el último momento. Nunca hablé mal de ella en público. Siempre la defendí”, expresó Jáuregui, quien aseguró que no responderá con ataques personales a la mandataria, aunque manifestó su inconformidad por las declaraciones que considera contrarias a la verdad.
La confrontación ocurre después de que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, afirmara el 23 de octubre que Campos responsabilizó a su exfiscal por el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua; según la funcionaria federal, durante una reunión la gobernadora también hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, lo que abrió otra línea de investigación.
Por su parte, Campos negó haber responsabilizado directamente a Jáuregui por los acontecimientos y consideró excesiva la acusación de traición a la patria formulada por las autoridades federales. Las versiones contrapuestas han profundizado las diferencias entre ambos políticos, quienes anteriormente mantuvieron una relación de colaboración dentro de la administración estatal.
En su carta, el exfiscal recordó que cuando la gobernadora enfrentó cuestionamientos recibió el respaldo de dirigentes nacionales del PAN, expresidentes del partido y expresidentes de la República. Por ello, pidió que ahora se adopte una postura similar para exigir que los procedimientos judiciales en su contra se desarrollen conforme a la ley.
“Sin embargo, humildemente quiero que se respondan un par de preguntas, lo que está pasando conmigo ¿es justicia o abuso de poder?”, cuestionó el exfuncionario, al expresar sus dudas sobre las circunstancias de su detención y las acusaciones que enfrenta.
Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por autoridades de Chihuahua, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Según su relato, dos días después, cuando pretendía abandonar la Ciudad Judicial tras una resolución en la que un juez rechazó imponerle prisión preventiva, fue nuevamente detenido, esta vez por una orden federal relacionada con el delito de traición a la patria.
La acusación federal está vinculada con un operativo contra un narcolaboratorio realizado en abril en la comunidad de El Pinal, donde presuntamente participaron agentes extranjeros sin la autorización correspondiente. Durante el regreso, uno de los vehículos del convoy cayó por un barranco y murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La FGR atribuye al exfiscal haber permitido la participación de personal extranjero en esa operación, mientras que Jáuregui sostiene que no ordenó ni autorizó ninguna intervención ilegal. Reconoció que existieron fallas en la comunicación de lo sucedido, pero afirmó que algunas circunstancias del operativo no dependían directamente de sus decisiones.
“No cometí ningún delito y sé que lo que hice fue correcto. Lo dije en mi último video y lo reitero: lo volvería a hacer. Eso no es una admisión de culpa. No soy culpable de los delitos que se me quieren imputar”, aseguró.
El 25 de octubre, un juez federal resolvió vincularlo a proceso por traición a la patria y ordenó que permaneciera en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano, en el Estado de México. La determinación mantiene abierto el procedimiento penal mientras continúan las investigaciones y la defensa prepara los recursos legales correspondientes.
Su abogado, Héctor Villasana, anunció que impugnará la vinculación a proceso, al considerar que no existen pruebas directas de que Jáuregui hubiera ordenado o autorizado la intervención de los ciudadanos estadounidenses. La defensa cuestiona que la resolución judicial se sustente en inferencias relacionadas con las responsabilidades del cargo que desempeñaba y sus reuniones con otros mandos de seguridad.
Ante esta situación, el exfiscal solicitó al PAN que sus representantes en el Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional den seguimiento a los procedimientos judiciales y se pronuncien públicamente en favor de las garantías legales. También pidió a militantes y simpatizantes firmar y difundir una petición disponible en su sitio personal.
“Les escribo para pedirles que alcen la voz. Panistas de toda la vida y panistas nuevos, con cargo o sin él: no les pido que defiendan a César Jáuregui. Les pido que defiendan una causa”, manifestó en el documento dirigido a los integrantes de Acción Nacional.
Jáuregui relacionó además su situación judicial con sus aspiraciones políticas, al señalar que su detención ocurrió cuando buscaba convertirse en candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua. Consideró que la utilización de instituciones de procuración de justicia para impedir la participación de aspirantes políticos representaría un precedente peligroso, independientemente del partido al que pertenezcan.
“Usar fiscalías y tribunales para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de donde venga”, afirmó, al sostener que los poderes del Estado no deben emplearse como instrumentos de confrontación política, ya sea desde Morena, el PAN o cualquier otra organización.
El exfuncionario advirtió que la falta de respuesta de su partido podría sentar un precedente para otros militantes que enfrenten circunstancias semejantes. “Si hoy se tolera conmigo, mañana se usará contra cualquiera de ustedes”, expresó antes de insistir en que su petición no busca impedir las investigaciones ni obtener un trato privilegiado.
“No pido impunidad. Pido debido proceso”, puntualizó Jáuregui, quien aseguró que continuará enfrentando las acusaciones mediante su defensa legal.
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