Ciudad de México, 19/01/26 (Más).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que desde el 25 de enero de 2020 entró en vigor una reforma legal que prohíbe el uso, fabricación, comercialización y posesión de inhibidores de señal, conocidos como jammers, dispositivos que han sido utilizados por grupos criminales para bloquear comunicaciones y cometer delitos como el robo de vehículos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los jammers permiten a los delincuentes anular sistemas de rastreo, comunicación y localización de automóviles, impidiendo que las autoridades o las empresas dueñas puedan ubicar los vehículos robados. Aunque su uso estaba originalmente reservado a autoridades de seguridad, su presencia se detectó en operativos criminales en diversas partes del país, lo que impulsó al gobierno federal a cerrar el vacío legal que permitía su acceso y uso indiscriminado.
La reforma se publicó el 24 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación e incluyó la adición del artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como modificaciones al Código Penal Federal. Con estas nuevas disposiciones, se prohíbe de forma expresa en todo el territorio nacional la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de cualquier equipo que bloquee, cancele o anule señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
La normativa establece que el uso de estos dispositivos queda restringido únicamente a autoridades en centros de reinserción social, penitenciarías, centros de internamiento para menores, y a instancias federales de seguridad pública y nacional, en ejercicio de sus funciones. Los particulares que posean este tipo de equipos debían entregarlos voluntariamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un plazo de 30 días tras la entrada en vigor del decreto, bajo advertencia de que el incumplimiento conllevaría sanciones conforme a la ley.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también tiene a su cargo la coordinación de la recolección, destrucción o inutilización de los jammers incautados, en un esfuerzo por frenar el uso de tecnología criminal en delitos de alto impacto, particularmente en las principales vías de tránsito del país.
Desde su implementación, la reforma fue respaldada por el Congreso y calificada por la SSPC como un paso fundamental para fortalecer la capacidad del Estado ante la delincuencia tecnológica, proteger la seguridad de los usuarios y reforzar la cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de seguridad pública.
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