Ciudad de México, 15/01/2025 (Más / IA).- El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este martes nuevas medidas para regular la explotación del agua en México. Las acciones buscan frenar prácticas irregulares que permiten la comercialización indebida de un recurso esencial destinado al riego y otros usos prioritarios.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum denunció que desde los cambios legislativos en los años 90, el agua comenzó a tratarse como una mercancía, facilitando el traspaso de concesiones y el lucro por parte de algunos concesionarios. “Este esquema abrió la puerta a irregularidades que deben corregirse. El agua es un bien del pueblo, no una fuente de enriquecimiento para unos cuantos”, afirmó.
Uno de los casos más notorios, señalado por Sheinbaum, es el de concesionarios que han obtenido ganancias de hasta 400 millones de pesos al vender agua destinada al riego agrícola. Estas prácticas, según la mandataria, han permitido que el agua, otorgada sin costo para la producción de alimentos, termine abasteciendo unidades habitacionales o municipios, lo que cuestiona la legalidad de las transferencias de derechos.
El anuncio de estas medidas ocurre en un contexto de creciente presión por mejorar la gestión del agua en el país. En 2023, el gobierno federal impulsó la firma del Acuerdo Nacional por el Agua, un pacto entre los tres niveles de gobierno, el sector privado y organizaciones sociales para garantizar la sostenibilidad hídrica en México. Entre los compromisos adquiridos en dicho acuerdo, destaca la mejora de la infraestructura de riego, la protección de los acuíferos y la tecnificación de los sistemas agrícolas.
Sheinbaum enfatizó que el 75% del agua en México se utiliza en el sector agrícola. Sin embargo, solo el 10% de las tierras cuentan con sistemas de riego tecnificado, lo que genera un alto desperdicio del recurso. “Si logramos que los distritos de riego sean más eficientes, podremos destinar más agua hacia regiones donde escasea y garantizar su disponibilidad en el futuro”, explicó.
Un ejemplo de la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada es el caso del Grupo Lala, que en 2024 cedió un volumen significativo de sus derechos de agua en la Comarca Lagunera. La medida permitió redirigir el recurso hacia el abasto urbano de ciudades como Torreón y Gómez Palacio, beneficiando a miles de familias. Este tipo de acciones, aseguró la presidenta, son esenciales para alcanzar un manejo equitativo y sostenible del agua.
Además, el gobierno ha creado una base de datos nacional para registrar todas las concesiones de agua. Según Sheinbaum, esta herramienta ha revelado inconsistencias como concesiones agrícolas que en la práctica se destinan a otros usos. “Esto no solo es una irregularidad, sino un obstáculo para garantizar que el agua llegue a quienes más la necesitan”, señaló.
México enfrenta una crisis hídrica creciente, con 105 de sus 653 acuíferos en estado de sobreexplotación. Este panorama subraya la urgencia de implementar medidas que protejan el recurso. Sheinbaum reiteró que su administración trabaja en coordinación con municipios y estados para construir obras estratégicas, como presas y plantas de tratamiento, que aseguren el acceso al agua potable en comunidades vulnerables.
Finalmente, la mandataria destacó que garantizar el acceso al agua es un derecho humano fundamental. “Estas medidas no solo buscan frenar abusos, sino construir un modelo de gestión hídrica que priorice a las personas y al medio ambiente sobre los intereses comerciales”, concluyó.
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