El gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, impulsa una nueva normativa que amplía la aplicación de la pena de muerte a palestinos condenados por ataques, bajo criterios específicos relacionados con la seguridad del Estado.
La medida contempla ejecuciones en un plazo de 90 días tras la sentencia y ha generado críticas de organismos internacionales por su impacto en los derechos humanos.
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