Iremos tras ustedes: Carter

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

La respuesta a los arrebatos locales llegó vía Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, mucho más conocida como la zar antidrogas de la Casa Blanca, en una entrevista con Karina Yapor (y que ella haya sido la entrevistadora es ya de por sí un mensaje en medio de la defensa gubernamental de Gloria Trevi) y fue transparente: “El presidente Trump ha sido muy claro: si ayudan o son cómplices con los cárteles, si colaboran con los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si eres el gobernador o si eres la persona trabajando en la plaza en una pequeña tienda, te encontraremos, iremos por ti y nos aseguraremos de que pagues el precio”, dijo Carter. Los funcionarios que pertenezcan o colaboren con los cárteles “no podrán dormir tranquilos”. Y especificó: “No habrá ni un solo día, en los próximos dos años y medio, y probablemente mucho más allá de esta administración, en que cualquiera de los miembros de los cárteles o cualquiera que colabore con ellos, pueda dormir tranquilo”, dijo.

Me imagino que muchos gobernadores y exgobernadores de Morena, evidentemente, no podrán dormir tranquilos después de esta declaración. La defensa cerrada de Rubén Rocha Moya por parte del gobierno federal es la punta del iceberg de una red de complicidades que atraviesa a lo largo y a lo ancho el mapa político de México

Cuando los mandatarios de Morena salieron a decir que el gobernador de Sinaloa era víctima de una “cacería”, no sólo ignoraron los señalamientos del gobierno de Estados Unidos; validaron, ante la opinión pública, una forma de operar que ha permitido al crimen organizado consolidar plazas enteras bajo la mirada cómplice del poder local.

Los nombres se repiten. Además de Rocha Moya, en Sinaloa, la lista incluye a Américo Villarreal en Tamaulipas, señalado en querellas ante la FGR por presuntos nexos con estructuras criminales, involucrado de lleno en el financiamiento de las campañas de 2021, sobre todo la de Sinaloa, de la mano con Sergio Carmona, El Rey del Huachicol asesinado en 2021, y también, junto con él, de toda la trama de contrabando de combustible que creció dramáticamente en la segunda mitad del gobierno de López Obrador. Y, por supuesto, Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco en el apogeo del cártel de La Barredora, franquicia local del CJNG. A Marina del Pilar Ávila, en Baja California, denunciada por “presunto encubrimiento y traición a la patria” por dirigentes de su propio partido, y cuyo exesposo, Carlos Torres, acaba de ser incluido en la lista de sanciones de la OFEC por trabajar para el Cártel de los Rusos, aliados con Los Mayitos en Baja California. A Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, cuyo paso por la gubernatura estuvo marcado por acusaciones de todo tipo al permitir la operación del narco antes de ser, incomprensiblemente, recompensado con el consulado en Miami. Y muchos otros, comenzando por los hijos del expresidente López Obrador que, afortunadamente, no han llegado aún a posiciones ejecutivas en el poder federal.

El patrón es claro: gobernadores que llegan al cargo con el respaldo de una maquinaria nacional, que gobiernan con discrecionalidad con las fuerzas de seguridad locales y que, al ser señalados, activan un mecanismo de protección corporativa. No son investigados por los señalamientos de medios y opositores, siempre se les escuda con la insistencia de que no hay pruebas. Pero las mismas se acumulan del otro lado de la frontera, donde crecen los expedientes de investigación contra políticos y funcionarios de la 4T.

Morena no inventó la colusión entre política y crimen organizado, pero la ha normalizado y ampliado dramáticamente bajo un discurso que exige una lealtad absoluta que se está resquebrajando un día sí y el otro también. Ignorar las denuncias se ha convertido en una estrategia. Mientras Washington presiona por resultados contra los narcopolíticos, el sistema responde con gestos cosméticos y defensas cerradas. El mensaje es claro: la impunidad tiene partido, y el partido tiene gobernadores.

Hoy, esa narrativa choca de frente con la advertencia de Sara Carter: “No nos importa si eres el gobernador o si eres la persona que trabaja en la plaza en una tiendita pequeña. Te vamos a encontrar, vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio”, incluyendo sanciones como la revocación de visas y el congelamiento de activos. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

Ésas son las amenazas, la pregunta es hasta dónde llegará la justicia estadunidense si el sistema judicial mexicano sigue negándose a investigar a sus aliados políticos o si la lista de nombres seguirá creciendo hasta que la sombra del narco cubra por completo la geografía del poder de la 4T. 

Lo que sí queda claro es que, mientras en México se activan los mecanismos de protección corporativa, en Washington se afilan las herramientas para hacer rendir cuentas. Y cuando Carter dice “iremos tras ustedes” no está hablando de una amenaza retórica: está describiendo una política de Estado que ya ha comenzado a aplicarse. Los gobernadores que hoy se sienten protegidos por el blindaje partidista deberían recordar que, en el mapa del poder global, la impunidad local tiene, siempre, fecha de caducidad.