Intentó Rocha Moya ocultar sus vuelos y traslados

Antes de solicitar licencia, mandatario impulsó una reforma que eliminaría obligaciones de transparentar vuelos oficiales. Organización ciudadana advirtió que la iniciativa representa un retroceso

Ciudad de México, 15/05/26 (Más).- Rubén Rocha Moya intentó modificar la ley de transparencia de Sinaloa para eliminar la obligación de hacer públicos los informes sobre vuelos, aeronaves oficiales o arrendadas, así como el padrón de vehículos del gobierno estatal, semanas antes de solicitar licencia como gobernador.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, la propuesta fue enviada por el propio Rocha Moya al Congreso de Sinaloa mediante una iniciativa con proyecto de decreto para expedir una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

El documento fue presentado bajo el argumento de adecuar la legislación local a la reforma constitucional federal impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se extinguieron diversos órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Sin embargo, un análisis técnico elaborado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa detectó omisiones relevantes respecto a la ley vigente. Entre ellas, la desaparición de obligaciones específicas relacionadas con el uso de aeronaves oficiales y vehículos públicos.

El análisis señaló que la iniciativa ya no contempla la publicación de informes de vuelos realizados en aeronaves oficiales o arrendadas con recursos públicos, los cuales debían incluir la bitácora de vuelo, el objetivo del traslado y los nombres de la tripulación y de las personas ocupantes. También se omitió la obligación de transparentar el padrón vehicular del gobierno estatal.

Para el Comité de Participación Ciudadana, estas exclusiones representan un retroceso medible en las obligaciones de transparencia en la ley estatal, contrario al principio de no regresividad en el derecho de acceso a la información.

La iniciativa fue recibida por el Congreso de Sinaloa el 16 de abril de 2026 y avanzó con rapidez en un proceso señalado como fast-track. Legisladores de Morena, partido que llevó a Rocha Moya al gobierno estatal, dieron trámite acelerado a la propuesta, lo que provocó reclamos de integrantes del CPC.

El organismo ciudadano pidió frenar el procedimiento legislativo y abrir un análisis más amplio, al advertir que la iniciativa no ha sido socializada ni tampoco se abrió un parlamento ciudadano. Además, contrastó que un proyecto alternativo elaborado por el propio CPC y organizaciones civiles fue desechado por una comisión legislativa.

El avance de la propuesta se frenó después de que el 29 de abril se dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de solicitar su detención con fines de extradición.

Otro cambio relevante en la iniciativa es la ampliación del plazo para responder solicitudes de información pública. La propuesta plantea que el gobierno pueda contestar hasta en 20 días, mientras que la legislación vigente establece un plazo de diez días.

El CPC advirtió que esta modificación implicaría que las personas tendrían que esperar el doble de tiempo para acceder a la información, lo que reduce su oportunidad y utilidad, y debilita en la práctica el ejercicio del derecho. También alertó que el cambio afectaría investigaciones periodísticas y el derecho de la sociedad a conocer información pública.

El análisis ciudadano calificó la propuesta como una ley espejo de la Ley General, sin adaptación a las condiciones institucionales de Sinaloa. Además, señaló que el proyecto omite garantías previstas en la normativa federal para que la ciudadanía pueda impugnar resoluciones de autoridades garantes mediante recursos legales.

Aunque Rocha Moya justificó la reforma con argumentos de austeridad y racionalización del gasto público, una unidad técnica del propio Congreso estatal concluyó que la nueva ley requeriría inversión en capacitación, módulos, centros de atención y equipo de cómputo, por lo que no generaría un impacto económico favorable para las dependencias públicas.