Astillero
Julio Hernández López
La entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián Peralta, firmó y envió el 24 de marzo del año en curso un oficio, dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, con indicaciones para resolver un recurso judicial en contra de la lucha de años de habitantes de Coahuila y Durango contra la sobreexplotación del acuífero de la Comarca Lagunera.
El oficio, aseguran tres organizaciones civiles, “contiene instrucciones precisas para que la Suprema Corte modifique el alcance de la sentencia firme que ordena frenar la sobrexplotación del acuífero en beneficio directo de los grandes concesionarios del agua” (esta columna agrega que entre los beneficiarios de la insólita maniobra política y judicial destaca la familia Tricio, con Eduardo Tricio Hara como principal accionista del Grupo LaLa, líder nacional de la industria lechera, que durante décadas ha sobrexplotado los mantos acuíferos, generando escasez del líquido y concentración de arsénico que, a la vez, ha dañado la salud en la región).
En concreto, agregan, el oficio 100.CJEF.06053 2026 “instruye expresamente a la Corte a: redefinir los alcances de la ejecutoria de la primera sala, establecer que no puede paralizarse la actuación de la Conagua, fijar directrices favorables a los concesionarios para reanudar el trámite de prórrogas suspendido por mandato judicial, y resolver el recurso de queja 192/2025 en sentido favorable a los intereses del Ejecutivo Federal y de los grandes concesionarios del agua”.
Como ha sucedido en la Bahía de Ohuira, con el proyecto de una planta de amoniaco, y como se pretende hacer en la sierra de San Miguelito, con “correcciones” para ceder a planes inmobiliarios de superlujo, desde instancias gubernamentales se han venido buscando fórmulas en La Laguna para disolver conquistas de luchas populares.
En marzo de 2023, la primera sala de la SCJN “emitió la ejecutoria del amparo en revisión 543/2022, sentencia firme que ordena a las autoridades responsables garantizar la preservación y protección del acuífero”. Pero, señalan las organizaciones denunciantes, “desde que se dictó la ejecutoria, la Conagua y los grandes concesionarios han desplegado una estrategia documentada y reiterada –hasta la fecha sin éxito– para vaciar de contenido la sentencia de la Suprema Corte e incluso dejarla sin efectos. Un patrón claro, reiterado e inocultable de obstaculización al cumplimiento de una sentencia protectora de derechos humanos”.
Las organizaciones ProDeNazas, Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero y Encuentro Ciudadano Lagunero, reportan también que “la Suprema Corte decidió atraer el asunto y resolverlo, registrándolo como recurso de queja 11/2026 y turnándolo a la ministra Lenia Batres para su resolución, lo que hace urgente que la sociedad conozca las instrucciones que el Ejecutivo le envió previamente al tribunal”.
En un “comunicado urgente”, las tres agrupaciones afirman que “esta intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial constituye una violación frontal a la independencia judicial (…) y contraviene directamente el propio discurso público de Sheinbaum en materia de derechos humanos (…) y su compromiso de garantizar el derecho humano al agua. Para más información, el abogado Luis Pedroza (@luispedroza1390), integrante de las organizaciones civiles mencionadas, ha colocado mensajes en X sobre el tema (https://goo.su/uOaZ2); también está un video en YouTube (https://goo.su/sozvm).
Y, mientras Morena no ha podido resolver explícitamente el reto del Verde en San Luis Potosí, que pretende ir por fuera de la coalición 4T con la posibilidad de postular a la gubernatura próxima a la esposa del actual gobernador, ¡hasta mañana, con Trump reiterando desde la reunión del G7 sus amenazas e insultos hacia México y su Presidenta!
Facebook: Julio Astillero
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