Injusticia en Coahuila

En Coahuila, las víctimas enfrentan obstáculos para obtener asesoría legal gratuita. Las familias han tenido que salir a las calles para protestar por decisiones judiciales cuestionables. La falta de preparación de jueces y el trabajo ineficiente del Ministerio Público contribuyen a la falta de justicia en el estado.

Por Katya González

Saltillo, Coahuila, MÁS. – A raíz de un amparo federal, el pasado 22 de marzo un juez de control en Saltillo otorgó el cambio de medida cautelar a Jorge “N”, docente acusado de abusar sexualmente de sus alumnas de la primaria Juan de la Barrera, concediéndole así la libertad condicional.

Los hechos ocurrieron en febrero, cuando una madre se presentó ante la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) a denunciar el abuso que había sufrido su hija de 11 años por parte del maestro, con la posibilidad de la existencia de otras víctimas.

A pesar de la denuncia, el Poder Judicial Federal otorgó la libertad al imputado y se impusieron medidas consistentes en la prohibición de salida de la ciudad sin autorización del juez, no acercarse a la víctima o lugares que frecuenta, además de no ejercer la profesión hasta en tanto se resuelva el caso.

Durante los primeros meses del 2024, se han documentado casos en la capital del estado en los que las autoridades federales y estatales otorgaron o pretendían conferir la libertad condicional o absoluta a los victimarios, lo que ha dejado al aire una cuestión: ¿Qué está pasando con la justicia en Coahuila?

Javier Laureano Valdés, integrante del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, explicó que en un proceso legal ambas partes están en igualdad de condiciones, por lo que no se debería de dar preferencia a ninguna de ellas, sin embargo, consideró que existen deficiencias en los procesos que han dado lugar a la emisión de amparos federales a favor de los victimarios.

AUSENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LAS VÍCTIMAS 

En Coahuila, todos tienen derecho a ser representados durante un proceso legal. Mientras el Poder Judicial del Estado asigna casi de manera automática un defensor de oficio a los victimarios, el juez de control es el encargado de girar un oficio a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del estado (CEAV) para que estas puedan acceder a una representación legal gratuita.

Según el artículo 11 sección 5 de la Ley de Víctimas del Estado, estas tienen derecho “a recibir asesoría jurídica profesional gratuita desde el inicio de la investigación y juicio para la defensa de sus intereses, en todos los actos en que deba intervenir para la defensa de sus derechos, cuando así lo solicite”.

Según el capítulo octavo de la misma ley, la Comisión Ejecutiva garantizará información y asesoría legal completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho a través de la Asesoría Jurídica Estatal.

Sin embargo, existen casos en las que las víctimas no han podido hacer valer su derecho, como Minerva, madre de Víctor quien fue asesinado en noviembre de 2023 en Saltillo, quien señaló en entrevista con este medio que, al presentarse en las instalaciones de la comisión, ubicadas en la colonia República en Saltillo, el personal no prestaba atención cuando ella hablaba e incluso se la pasaron revisando el celular, por lo que no pudo obtener la ayuda solicitada.

Ante los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a una representación legal gratuita en Coahuila, estos se ven en la necesidad de cubrir grandes cantidades de dinero para contratar a un abogado privado.

Minerva explicó que a “base de sacrificios”, realizando rifas y obteniendo donativos de sus conocidos, pudo reunir 70 mil pesos para la contratación de un abogado privado.

Según el abogado Miguel Dávila, los defensores en materia penal pueden llegar a cobrar como mínimo entre 10 y 50 mil pesos por caso, tan solo en la fase de la integración de la carpeta de investigación.

El monto que la víctima deberá cubrir para tener una representación legal depende, entre otras cosas, de la reputación del asesor jurídico y su experiencia, así como de lo tardío que pueda llegar a ser el proceso, pues de ir a juicio, la cifra podría incrementar.

Por su parte, el abogado penalista Javier Laureano mencionó que otra de las variantes para determinar el costo de los honorarios del representante legal es el tipo de delito, así como la cantidad a recibir por parte del acusado como reparación del daño.

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el proceso penal las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa, en los términos del mismo instrumento normativo aplicable y en los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación.

De igual manera el artículo 9 en su sección 7 de la Ley de Víctimas del estado, señala que tienen derecho a “conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente”.

Sin embargo, Carmen, mamá de Olga, víctima de feminicidio en enero de 2021, señaló que en tres años no ha podido obtener justicia para su hija y responsabilizó de parte de ello a la asesoría jurídica del CEAV, pues no ha dado el seguimiento oportuno al caso.

Mencionó que al inicio del proceso legal, el abogado actuó conforme a lo esperado, sin embargo, este se ha alargado por más de tres años y actualmente pareciera que se le ha restado importancia, pues no se ha puesto en contacto con la familia.

“Lleva tres años y no ha arreglado nada, no le han dado sentencia, no se ha avanzado”, señaló.

Ante estas violaciones a los derechos de las víctimas, esta reportera se apersonó durante ocho días en las instalaciones de la comisión solicitando una entrevista con Magdalena López, presidenta de la CEAV, sin embargo, en siete de las visitas se le informó que esta no se encontraba, pues tenía una agenda ocupada con reuniones y solo en una ocasión la titular de la comisión estaría presente en el lugar no obstante dio instrucciones al personal de no ser interrumpida.

Asimismo, tras una consulta realizada en internet no fue posible encontrar registro de que en alguna ocasión haya atendido a la prensa, salvo el 20 de agosto de 2019, cuando ofreció una breve entrevista.

EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL PODER JUDICIAL EN COAHUILA

Javier Laureano Valdés señaló que el ineficiente trabajo del Ministerio Público, la representación jurídica y la falta de preparación de los jueces estatales son las principales causas de que no se imparta la justicia correctamente en Coahuila.

Tal es el caso de Sofía, cuya familia bloqueo la vialidad del bulevar Paseo de la Reforma en Saltillo en la exigencia de justicia el pasado 6 de marzo, luego de que un adolescente de 17 años identificado como Ricardo ‘N’, perdiera el control del vehículo que conducía y arrollará a la niña causándole graves lesiones y fracturas.

Ese mismo día, se llevó a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal de Saltillo y la jueza María Graciela Nava Ramos deliberó no vincular a proceso penal a Ricardo ‘N’ argumentando que no se encontraron elementos suficientes.

Según explicó la juez, no fue posible la vinculación por el cargo de “lesiones que ponen en riesgo la vida” puesto que el Ministerio Público no verifico mediante algún informe en el área de urgencias que tipo de heridas tenía Sofía para acreditar que sí ponían en riesgo su vida.

Por su parte y contrario a lo manifestado por el Poder Judicial estatal, la Fiscalía señalo que la capeta de investigación estaba integrada con todos los elementos requeridos. En esta se detalló que Sofía padeció un choque hemorrágico aunado a otras lesiones de las que también se presentaron pruebas recopiladas por agentes de investigación.

Según informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Everardo Javier Lazo Chapa, los agentes no pudieron analizar las heridas puesto que estas estaban vendadas, por lo que la Juez consideró que el adolescente no podría ser vinculado a proceso. 

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez consideró que la decisión de la Juez fue tomada desde su autonomía, pues sí existían elementos.

Días más tarde, una vez que Sofía se encontraba fuera de peligro, se hicieron las inspecciones correspondientes y se pudo agregar la información a la carpeta de investigación.

El poder judicial retomó el caso y tras una nueva audiencia el Juez Jesús Alfredo H. Ibarra, vínculo a proceso a Ricardo ‘N’ y estableció como medida cautelar el resguardo domiciliario con autorización de ir a la escuela y un plazo de cierre de investigación de 2 meses.

Asimismo, el 19 de marzo Minerva bloqueo la vialidad de las calles aledañas al edificio del Poder Judicial luego de que la Juez federal María Magdalena Hipólito emitiera un amparo a favor de Jonathan «N», presunto asesino de su hijo Víctor, otorgándole libertad condicional mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.

Víctor fue asesinado en noviembre de 2023 y el 19 de diciembre Jonathan ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado bajo la causa penal 3404/2023 por lo que el juez de control dictó la medida de prisión preventiva.

Fue hasta el mes pasado cuando Minerva se enteró de que el presunto asesino de su hijo estaba en libertad.

“Otorgo el amparo el 19 de diciembre y el 7 de marzo me notifican. Cuando cómodamente el asesino se va a su casa a pasar una feliz Navidad, para nosotros fue un infierno que haya privado de la vida a mi hijo”, señalo la madre.

En ambos casos las deficiencias truncaron el acceso a la justicia de las víctimas. Javier Laureano señaló que en la mayoría de los casos como estos en que parece que la justicia está a favor de los victimarios, se debe principalmente a la deficiente asesoría jurídica, la falta de preparación de los jueces del estado y al mal trabajo del Ministerio Público.

“En estos casos las víctimas no tuvieron una buena representación, no hicieron bien una investigación ni el Ministerio Público, ni la defensoría y si el juez no cuenta con elementos, no puede resolver”, mencionó el abogado. 

“A la justicia de Coahuila le falta mucho. Para uno estar preparado en cualquier lugar tienes que llegar con una preparación adecuada y aquí los jueces no la tienen”, consideró.

Laureano Valdés señaló que un error de un juez federal es casi nulo, pues son los más capacitados para tomar decisiones y aplicar las leyes en el país, mientras que los jueces estatales carecen de preparación debido a que Coahuila no es requisitoso con quienes pretenden ocupar el puesto, en comparación con la federación.

Agregó que estas situaciones ya se han expuesto al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Miguel Mery Ayup; sin embargo, este ha ignorado los señalamientos que le hacen ver los abogados.

“No toma en cuenta a los abogados cuando se señalan los errores sobre los jueces que ponen, no vemos tampoco los exámenes de estos, solo es entre ellos, y no es solo eso, sino muchas otras cosas”, explicó.

Al respecto, el Magistrado presidente señaló que los abogados no le han manifestado dichos asuntos, y puntualmente sobre los casos documentados, dijo desconocer las situaciones, pues hay miles de casos registrados cada año.

“Que me lo presenten cuáles son los casos para atenderlos. Tienen los recursos necesarios como la queja, el amparo y los que tienen que ver con eso. No me habían manifestado esos asuntos. Sobre estas manifestaciones, no conozco los casos, hay muchos asuntos hay más de 200 mi cada año, pero con mucho gusto los atiendo y reviso el tema”, mencionó el magistrado.

EL PODER JUDICIAL FEDERAL

Aunque el jurista asegura que es nula la posibilidad de que un juez federal pueda cometer una equivocación, en Coahuila han sido documentados casos en los que las autoridades federales actuaron a favor del victimario sin haber investigado y conocido la situación que le permitiera tomar una decisión correcta.

Valentina tenía 11 años cuando decidió terminar con su vida en junio de 2022. De acuerdo con las averiguaciones el motivo que orillo a la niña a tomar la fatal decisión fue el abuso sexual del que fue víctima por parte de Gerardo, el subdirector de la escuela primaria en donde estudiaba. 

Días más tarde se confirmó un segundo caso de abuso por parte del docente a una menor que fue identificada como la mejor amiga de Valentina. Por este hecho el docente se encuentra enfrentando una condena de 40 años en el Centro Penitenciario Varonil en Saltillo, mientras que el proceso en su contra por la muerte de Valentina aún sigue su curso.

El pasado 16 de febrero, la familia de Valentina rodeo el edificio del Poder Judicial Federal en Saltillo, bloqueando sus entradas y salidas a manera de protesta, luego de que la Juez Claudia Luz Hernández Sánchez concediera en tiempo récord y por cuarta ocasión un amparo para que Gerardo Sánchez obtuviera una medida de libertad, sin tomar en consideración la sentencia que actualmente enfrenta.

Mientras que en ese caso el docente ya ha sido condenado, en el caso de Valentina, el acusado solo fue vinculado a proceso en octubre del año pasado y está sujeto a medidas cautelares de arresto domiciliario, monitoreo electrónico y una garantía económica de 500 mil pesos, gracias a una resolución de amparo de los tribunales federales, sin embargo, dado que se encuentra enfrentando una sentencia, Gerardo ‘N’ permanecerá interno en el Centro de Readaptación Varonil de Saltillo.

Ya que este sería el cuarto fallo que la misma juez federal promueve a favor del abusador, la defensa presentó una queja contra la jueza federal Claudia Luz Hernández.

Asimismo, a pesar de que Jorge Alejandro Ugarte Hernández enfrenta una sentencia de 46 años de prisión desde el 2018 por el feminicidio de Serymar, en Torreón, el asesino promovió un amparo en octubre del 2023 buscando su libertad absoluta.

Por ello, la familia de la víctima se manifestó a en la plaza de Armas de Saltillo exigiendo que el Poder Judicial de Coahuila no conceda la libertad al asesino de Serymar.

Sandra Soto, hermana de Serymar, reprochó el derecho del feminicida de poder acudir y obtener el respaldo de las autoridades. Según explicó el recurso fue promovido bajo argumentos absurdos como la violación de garantías individuales al ser juzgado por ser hombre.

“Y si nos preocupa por lo que ha estado pasando actualmente con las autoridades que se ven involucradas en irregularidades y en lagunas de la ley para que estos feminicidas salgan libres. En el caso del feminicida de mi hermana, dice que le violaron sus derechos de presunción de inocencia y que sus garantías individuales fueron violadas porque la figura del feminicidio no es válida en nuestro sistema porque es una pena contra su derecho de ser hombre. Además, niega la relación con Serymar cuando todos los puntos que señala se comprobaron desde el juicio original”, señaló Sandra.

“Estamos aquí tomando la plaza de Armas de Saltillo solicitando la atención del gobernador Manolo Jiménez y haciendo un llamado al magistrado Miguel Ángel Álvarez Bibiano, quien resolverá el recurso, que no le dé la libertad al asesino”, agregó.

De esta manera, las víctimas han tenido que emprender una lucha en contra de las mismas autoridades y organismos que deberían velar por sus derechos.

La falta de justicia en los casos expuestos ha desencadenado una serie de protestas que se ha traducido en la molesta a la ciudadanía. Estas manifestaciones han dejado al descubierto una serie de atropellos por parte de los impartidores de justicia quienes en su autonomía han privilegiado a los transgresores, exponiendo así, la falta de justicia en el estado.