Inhabilitan por 10 años a 41 servidores públicos

Dos exfuncionarios de Birmex recibieron las mayores sanciones por pagos de servicios no comprobados. Las multas aplicadas suman más de 22.4 millones de pesos

Ciudad de México, 17/08/26 (Más).- El Gobierno federal sancionó a 41 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas que en conjunto superan los 22.4 millones de pesos, de acuerdo con resoluciones que involucran a instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Guardia Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con información de Infobae, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó el 16 de agosto sobre las sanciones impuestas a funcionarios y exfuncionarios por conductas cometidas durante el ejercicio de sus responsabilidades en distintas dependencias y organismos de la administración pública federal.

Entre las sanciones de mayor cuantía se encuentran las impuestas a dos exfuncionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), identificados como Luis R. y José B., quienes fueron inhabilitados durante 10 años y recibieron multas por 12.2 y 8.7 millones de pesos, respectivamente.

Las resoluciones establecen que ambos exfuncionarios autorizaron entre 2018 y 2019 el pago de cinco facturas relacionadas con un Sistema de Gestión Gubernamental sin comprobar la totalidad de los servicios contratados. La conducta ocasionó, de acuerdo con la autoridad, un perjuicio por 20 millones de pesos.

Las sanciones por faltas administrativas graves fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a partir de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades de la CFE y órganos internos de control de Birmex, Semarnat, la Secretaría de Cultura, IMSS, Banjército, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el SAT.

Las faltas administrativas no graves fueron resueltas por unidades de responsabilidades y órganos internos de control de 13 instituciones. Los procedimientos abarcaron conductas relacionadas con el uso de vehículos oficiales, pagos indebidos, contratación de familiares, manejo de documentación institucional y omisiones en el cumplimiento de funciones.

En la CFE, Christian S., adscrito a la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz, fue inhabilitado por 10 años y sancionado con una multa de 450 mil pesos por ingerir bebidas alcohólicas y conducir a exceso de velocidad un vehículo oficial en 2020. El automóvil sufrió una volcadura y fue reportado como pérdida total, junto con el equipo hidráulico que transportaba.

También en la CFE, Iliana R., de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez, en Ensenada, Baja California, recibió una inhabilitación de 10 años y una multa de 273 mil pesos. La resolución señala que entre junio de 2020 y mayo de 2022 recibió 13 pagos excedentes correspondientes a prima vacacional y no informó ni devolvió los recursos.

En otro caso de la empresa eléctrica, Eduardo A., adscrito a la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, fue suspendido durante 60 días por utilizar en 2022 un vehículo oficial para trasladarse a Monclova, Coahuila, junto con otra trabajadora para realizar actividades personales. El recorrido fue de aproximadamente 127 kilómetros.

En Semarnat, Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia en Ciudad de México, fue destituido, inhabilitado por 10 años y multado con 700 mil pesos. La resolución señala que en 2018 autorizó un pago por transporte terrestre, hospedaje y alimentación a una empresa, pese a no contar con atribuciones para aprobar ese gasto.

En la Secretaría de Cultura, Erik L., adscrito a una biblioteca pública de Tulum, Quintana Roo, fue inhabilitado por 10 años y multado con 114 mil pesos por presentar entre febrero y octubre de 2022 listas de asistencia falsas para cobrar su salario sin haberlo devengado.

En el IMSS, María S., perteneciente al Área de Recursos Humanos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, recibió una inhabilitación de tres meses por firmar en 2023 un documento relacionado con la contratación de su hija.

En Banjército, Otoniel A., de la Coordinación de Archivos en Ciudad de México, fue inhabilitado por 10 años y multado con 124 mil pesos por vender en 2020 a una empresa recicladora 37 mil cajas de archivo que contenían documentación institucional. La resolución señala que obtuvo el beneficio de la operación junto con su esposa.

En el AICM, Karlos M., Juan R. y Jordi M., de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, fueron inhabilitados por tres meses por elaborar, revisar y autorizar en 2022 una justificación para cancelar la licitación pública del servicio de limpieza de las terminales 1 y 2 sin contar con atribuciones para realizar esas funciones. La resolución establece que la actuación puso en riesgo la continuidad del servicio.

En el DIF Nacional, Jesús H., adscrito a la Casa Hogar para Varones en Ciudad de México, fue suspendido durante 30 días por ampliar en 2022 la jornada laboral de una servidora pública hasta 60 horas semanales sin autorización de Recursos Humanos. De acuerdo con la resolución, esta medida generó afectaciones físicas y emocionales a la trabajadora.

En el SAT, Oscar L., de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Baja California 2, en Tijuana, recibió una suspensión de 30 días por responder fuera del plazo establecido a una solicitud de aclaración relacionada con irregularidades fiscales en 2024. La demora dejó sin efectos el uso de la firma electrónica de una contribuyente para expedir facturas.

Las resoluciones forman parte de las acciones administrativas emprendidas por el Gobierno federal para sancionar conductas consideradas faltas administrativas graves y no graves dentro de las instituciones públicas. Los casos abarcan distintos niveles de responsabilidad y sanciones que van desde suspensiones temporales hasta destituciones, inhabilitaciones de una década y multas millonarias.