Ciudad de México, 17/11/26 (Más).- Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la gestión de Alicia Bárcena, fue inhabilitado por un año para ocupar cargos en el servicio público, luego de utilizar su posición como funcionario para solicitar el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL) bajo el argumento de que se realizaría un acto diplomático, cuando en realidad el espacio fue utilizado para celebrar su boda.
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, la sanción fue anunciada el lunes 16 de noviembre y forma parte de un conjunto de resoluciones administrativas contra 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa, por diversas irregularidades detectadas en instituciones federales.
El caso ocurrió el 4 de octubre de 2024, cuando Borrego organizó una recepción en el MUNAL que fue presentada como una celebración por el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania. Sin embargo, el encuentro correspondió a su boda con Ionut Valcu, funcionario de la Embajada de Rumania en México.
La recepción reunió aproximadamente a 70 invitados, entre ellos integrantes del cuerpo diplomático y la entonces canciller Alicia Bárcena. Previamente, la pareja había celebrado una ceremonia religiosa en la Capilla de los Ángeles de la Catedral Metropolitana.
La utilización del recinto cultural generó cuestionamientos después de que se difundieran fotografías del festejo y publicaciones de los asistentes en redes sociales. La información trascendió en diciembre de 2024, cuando el periodista Claudio Ochoa Huerta reveló el caso en una columna publicada en EL UNIVERSAL.
Tras darse a conocer los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que su Órgano Interno de Control inició una investigación sobre el uso de espacios públicos. Asimismo, la entonces presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió aclarar lo sucedido y señaló que los recintos públicos no debían utilizarse para fiestas o celebraciones particulares.
Por su parte, Alicia Bárcena, quien posteriormente asumió la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se deslindó de la organización del evento y aseguró que no autorizó ni fue informada sobre la solicitud enviada por Borrego a la dirección del museo mediante una carta y su correo electrónico institucional.
Después de la polémica, Borrego presentó su renuncia como coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Semarnat, cargo que ocupaba tras dejar la Cancillería. En una carta manifestó que su separación era voluntaria, irrevocable y con efectos inmediatos.
En el documento reconoció que fue impropio solicitar el espacio mediante su correo institucional cuando se desempeñaba como jefe de Oficina de la SRE. No obstante, sostuvo que la recepción fue de carácter privado, se realizó conforme a los protocolos del museo y fue cubierta con recursos personales, por lo que afirmó que no existió daño al erario.
La sanción de un año de inhabilitación se incorporó al paquete de medidas administrativas anunciado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que también contempla destituciones, suspensiones, amonestaciones e inhabilitaciones de hasta 10 años. Las sanciones económicas e indemnizaciones correspondientes a los casos cuantificados por faltas graves suman 175 millones 91 mil pesos.
Entre los expedientes reportados se encuentra uno relacionado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde un trabajador de la División de Distribución Centro Sur, en Morelos, fue inhabilitado por 10 años y sancionado con 119 millones de pesos por no contestar cuatro demandas laborales entre 2019 y 2020, situación que ocasionó condenas de pago contra la institución.
En la zona Mérida de la misma empresa, otra trabajadora recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción de 750 mil pesos por no registrar 420 faltas injustificadas ni aplicar 496 días de suspensión sin goce de sueldo a empleados. También se sancionó a un funcionario que autorizó pagos de horas extra y alimentos a cuatro trabajadores sin contar con facultades para hacerlo.
En Petróleos Mexicanos (Pemex), dos empleados fueron sancionados por continuar cobrando la prestación de gasolina después de vender los vehículos que tenían registrados. Las multas fueron de 854 mil y 362 mil pesos, respectivamente. Además, un trabajador recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción de 286 mil pesos por cobrar salario y prestaciones durante seis meses de 2023 sin presentarse a laborar.
En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, dos funcionarios fueron inhabilitados por 10 años y deberán cubrir una indemnización solidaria de 33 millones de pesos por un convenio y un dictamen jurídico sin justificación relacionados con el pago de rentas e intereses por la ocupación de una parcela.
Asimismo, nueve trabajadores del SUPERISSSTE recibieron inhabilitaciones de 10 años y una sanción económica compartida de 18 millones de pesos por tramitar y pagar facturas a dos empresas sin autorización de la Comisión de Abasto del organismo.
La Secretaría también informó sobre irregularidades en el IMSS, donde una trabajadora fue inhabilitada por 10 años y sancionada con 1.7 millones de pesos por modificar registros de derechohabientes para incrementar indebidamente sus periodos de cotización. En el Banco del Bienestar, varios empleados fueron sancionados por reportar saldos de caja distintos al dinero disponible en sucursales de Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Chihuahua.
Entre las faltas administrativas no graves se reportó la destitución de 17 integrantes de la Guardia Nacional por entregar certificados de estudios presuntamente inválidos para cumplir requisitos relacionados con licencias de portación de armas. También hubo sanciones a trabajadores de Financiera para el Bienestar por faltantes en sus cajas, así como medidas por agresiones físicas y verbales, maltrato a usuarios y omisiones en trámites administrativos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad. También precisó que las personas sancionadas pueden impugnar las determinaciones ante las instancias correspondientes y que la dependencia defenderá sus resoluciones por las vías legales.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
