Ciudad de México, 17/09/25 (Más).- El Gobierno federal oficializó la inhabilitación por un año de la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una de las firmas contratadas para prestar servicios de vigilancia en recintos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La medida fue anunciada a través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y obliga a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno a abstenerse de contratar o recibir propuestas de esta compañía durante el periodo sancionado.
De acuerdo con información de Infobae, esta sanción fue dictada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y tiene su origen en la crisis registrada en junio pasado, cuando la falta de personal de seguridad derivó en el cierre temporal de múltiples museos y recintos históricos del INAH. Entre los afectados estuvieron algunos de los espacios más emblemáticos del país, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de las Intervenciones y el Museo del Castillo de Chapultepec.
Grupo Pryse fue una de las tres empresas que resultaron adjudicadas en la licitación pública federal LA-48-D00-048D00001-N-5-2025, resuelta por el INAH el 30 de mayo pasado. Las otras dos compañías seleccionadas fueron SSS Asistencia y Supervisión y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, mientras que Pryse quedó a cargo de la vigilancia de recintos ubicados en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.
La designación de esta firma generó inconformidad inmediata entre trabajadores de museos y personal del propio INAH, quienes se movilizaron por la falta de vigilancia en los inmuebles, situación que finalmente obligó al cierre temporal de diversas instalaciones culturales.
En la circular, la SABG aclaró que los contratos que ya fueron firmados con Pryse por parte de dependencias gubernamentales no quedarán sin efecto, por lo que continuarán vigentes, aunque no podrán establecerse nuevos compromisos contractuales durante la inhabilitación. No obstante, se advirtió que, si la empresa no cubre la multa impuesta en la resolución del 11 de septiembre de 2025, al término del año de sanción, la inhabilitación se extenderá hasta que se realice el pago correspondiente.
La sanción no detalla el monto de la multa, ni ofrece información explícita sobre las causas de la inhabilitación, aunque se presume que está relacionada con el incumplimiento en la prestación del servicio de vigilancia contratado. La firma sancionada mantiene el derecho de impugnar la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ya sea para solicitar su anulación o la suspensión provisional de sus efectos.
Con esta medida, las autoridades buscan evitar que continúe la contratación de empresas que, aun tras ganar licitaciones públicas, incumplen con los servicios comprometidos, afectando directamente el funcionamiento de espacios fundamentales para la preservación del patrimonio cultural del país.
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