Ciudad de México, 28/05/25 (Más).- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) información relacionada con dos Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) por la presunta distribución de “acordeones”, materiales propagandísticos que sugieren cómo votar a favor de ciertas candidaturas en la elección judicial del próximo domingo 1 de junio.
La documentación fue remitida por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), instancia que ahora deberá determinar si los hechos constituyen delitos electorales.
En un comunicado, el INE explicó que las denuncias fueron promovidas por ciudadanos que recibieron dichos materiales, los cuales indicarían el sentido del voto para beneficiar a candidaturas específicas.
“Las partes denunciantes refieren haber recibido la propaganda señalada, cuya validez será materia de revisión por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al igual que sus alcances”, señaló el organismo.
La primera denuncia refiere la distribución de propaganda electoral por parte de personas servidoras públicas del gobierno del estado de Nuevo León. En la segunda, se señala que, entre el 20 y el 22 de mayo, se distribuyó propaganda en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, también por presuntos servidores públicos. En ambos casos, los materiales entregados, conocidos como “acordeones”, contenían indicaciones específicas para marcar las boletas electorales en favor de candidatas y candidatos particulares.
El INE precisó que los PES correspondientes aún se encuentran en fase de investigación preliminar por parte de la UTCE, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se distribuyó la propaganda y determinar si los hechos siguen ocurriendo.
“Por lo anterior y a partir de las investigaciones realizadas por la UTCE y, toda vez que los hechos denunciados pudieran actualizar un delito electoral o una infracción en materia de fiscalización, en los PES de mérito se determinó dar vista a la FISEL y a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de este Instituto, para que en el ámbito de su competencia y atribuciones determinen lo conducente”, indicó el INE.
El organismo electoral también recordó que la ley prohíbe condicionar el acceso a programas sociales o servicios públicos a cambio del voto, así como inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar en determinado sentido. Estas prácticas están tipificadas como delitos en la legislación electoral vigente.
Especialistas consultados han diferenciado entre preparar un “acordeón” de manera individual como ayuda personal para emitir el voto, lo cual no constituye un delito, y el uso sistemático de estos materiales para presionar o inducir el voto por parte de partidos políticos, funcionarios públicos o actores organizados, lo cual sí puede tener implicaciones penales.
“Lo que no se vale es pedir algo a cambio”, expresó Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, al explicar los límites legales en este tipo de prácticas.
El exconsejero del INE, Benito Nacif, advirtió que algunos actores están legalmente impedidos de hacer pública su intención de voto o promover el sufragio en favor de alguna candidatura.
“Ciertas personas están impedidas de hacerlo. Por ejemplo, los partidos políticos, los servidores públicos, otras personas también de asociaciones religiosas que no pueden hacer propaganda de ningún tipo en materia político-electoral”, puntualizó.
Hasta el momento, no se han encontrado evidencias de que los materiales distribuidos ofrezcan beneficios económicos o materiales a cambio del voto. Sin embargo, el INE subrayó que, de hallarse pruebas de presión al votante o de condicionamiento de programas sociales, se estaría frente a figuras jurídicas como la compra y coacción del voto, lo que ameritaría una investigación penal formal por parte de la FISEL. La entrega de esta información se da a solo unos días de que se realice por primera vez en México una elección popular para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, proceso que ha generado una elevada participación política y vigilancia institucional por su carácter inédito y sus implicaciones democráticas. El INE reiteró su compromiso con la legalidad del proceso y con la investigación de cualquier irregularidad que pudiera vulnerar la equidad de la contienda.
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