INE inicia purga y frena licitaciones de Taddei

Ciudad de México, 28/10/26 (Más).- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició una revisión de sus principales áreas directivas tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, con la salida de funcionarios nombrados durante su gestión y la suspensión de procedimientos administrativos relacionados con licitaciones y contrataciones, en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la relación con empresas proveedoras.

De acuerdo con información publicada por El País, los diez consejeros electorales que permanecen en funciones acordaron revisar la continuidad de los funcionarios que ocupan puestos de decisión, además de facilitar las investigaciones del Órgano Interno de Control del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La nueva etapa institucional contempla cambios en áreas estratégicas y el análisis de posibles responsabilidades, sin anticipar conclusiones sobre las personas señaladas.

Entre las primeras salidas se encuentra la de José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad de Servicios de Informática, quien presentó su renuncia después de que surgieran cuestionamientos sobre su asistencia a reuniones con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y la entonces presidenta del instituto, Guadalupe Taddei. También se solicitaron las renuncias de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Los tres funcionarios aparecen, según el reportaje, en videos de reuniones sociales en las que también participó Hernández Casillas, empresario señalado por su relación comercial con el INE. La aparición de estas imágenes y los cuestionamientos sobre posibles vínculos con proveedores forman parte de los elementos que han generado exigencias de revisión administrativa dentro del organismo.

La consejera Blanca Yassahara Cruz García, quien asumió provisionalmente la presidencia del INE, afirmó que el Consejo General evaluará el desempeño de los titulares de las áreas de decisión para determinar su permanencia. Señaló que la renovación debe realizarse conforme a la ley y garantizar la continuidad operativa del instituto, al tiempo que las estructuras directivas deben responder a las necesidades institucionales y a los acuerdos colegiados, no a lealtades personales.

La revisión alcanza a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), responsable de funciones relacionadas con el presupuesto, las licitaciones, las adquisiciones, las contrataciones y la nómina del organismo. Esta área se encuentra bajo especial atención debido a los cambios registrados durante la gestión de Taddei y a los señalamientos relacionados con empresas que suministran materiales y servicios al instituto.

Uno de los antecedentes mencionados en el reportaje es la salida de Jesús Octavio García, quien dejó la titularidad de la DEA después de que se conociera que había sido apoderado legal de Cajas Graf, una empresa proveedora de material electoral señalada en las investigaciones periodísticas sobre la red empresarial relacionada con Hernández Casillas. Actualmente, la dirección está encabezada por Liliana Díaz de León Zapata, exdelegada del INE en San Luis Potosí.

Otros espacios bajo revisión incluyen la Unidad Técnica de Fiscalización, la Coordinación Nacional de Comunicación Social y las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, Registro Federal de Electores y Vinculación con Organismos Públicos Locales. En estas áreas, el Consejo General analizará los nombramientos realizados durante la administración anterior y las necesidades operativas del organismo.

Por el momento, los consejeros acordaron mantener en funciones al secretario ejecutivo del INE, Roberto Félix, responsable de coordinar la operación institucional. Su permanencia ocurre mientras el organismo atraviesa la reorganización de su estructura directiva y continúa con los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027.

Blanca Cruz y los otros nueve consejeros también manifestaron su disposición a proporcionar información y facilidades al Órgano Interno de Control para colaborar con la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones abiertas por posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La presidenta provisional subrayó que el objetivo es esclarecer cualquier irregularidad con independencia y respeto al debido proceso, sin atribuir responsabilidades antes de que concluyan las indagatorias.

La consejera Rita Bell López denunció que personas cercanas a Taddei la habrían reunido tiempo atrás con Hernández Casillas, quien presuntamente le hizo ofrecimientos en nombre de la entonces presidenta para que permaneciera dentro de su grupo de colaboradores. López afirmó que recibió cuestionamientos sobre lo que quería obtener del instituto y señaló que, durante el último año, ella y otros consejeros recibieron denuncias anónimas sobre posibles malos manejos administrativos.

La consejera sostuvo que, cuando solicitaba información sobre esos señalamientos, encontraba negativas y presiones. Sus declaraciones se suman a las exigencias de esclarecer las relaciones entre funcionarios electorales y proveedores, aunque los hechos referidos deberán ser investigados y contrastados por las instancias competentes.

Otros integrantes del Consejo General también se pronunciaron sobre la crisis institucional. La consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Jorge Montaño negaron haber conocido al empresario Hernández Casillas o haber mantenido vínculos con él o sus compañías. De la Cruz, además, reconoció la gravedad de la situación que enfrenta el instituto y señaló que el daño institucional debe ser atendido.

Durante la sesión en la que se aprobó el nombramiento de Blanca Cruz, representantes de partidos políticos solicitaron que la salida de Taddei no represente el cierre de las investigaciones, sino el inicio de un proceso de rendición de cuentas. Los posicionamientos incluyeron llamados a esclarecer posibles daños patrimoniales y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

El consejero Uuc-kib Espadas también pidió que las investigaciones avancen sin excepciones y cuestionó la posible intervención de funcionarios electorales en intereses particulares relacionados con la venta de material electoral. Su postura se sumó a las exigencias para evitar que eventuales irregularidades queden sin sanción o que las prácticas señaladas continúen dentro del organismo.

La reorganización del INE ocurre en una etapa de preparación para las elecciones federales de 2026-2027, en las que se renovarán 500 diputaciones federales y se desarrollarán comicios para 17 gubernaturas, entre otros cargos. Por ello, el Consejo General deberá combinar la revisión de los nombramientos y procedimientos administrativos con la continuidad de las tareas de organización electoral.

Los señalamientos sobre posibles irregularidades continúan sujetos a investigación. El instituto deberá determinar qué cambios administrativos proceden, mientras los órganos de control y fiscalización reúnen los elementos necesarios para establecer si existieron faltas y quiénes serían responsables.