Ciudad de México, 30/10/26 (Más).- La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que la organización de las elecciones de 2027 continuará conforme a los calendarios establecidos, pese a la crisis institucional derivada de la renuncia de Guadalupe Taddei y las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante su administración.
De acuerdo con información de Animal Político, la consejera presidenta difundió este viernes un mensaje en video dirigido al personal del organismo, en el que garantizó la continuidad de las actividades electorales, anunció plena colaboración con las instancias fiscalizadoras y planteó recuperar las decisiones colegiadas dentro del Consejo General, luego de los cuestionamientos por la concentración de facultades en la anterior presidencia.
Cruz García destacó que el instituto cuenta con personal experimentado en sus oficinas centrales, juntas locales y distritales, así como en los módulos de atención ciudadana, lo que permitirá mantener las operaciones institucionales sin afectar los preparativos del proceso electoral concurrente de 2027.
“Como consejera presidenta provisional, quiero transmitirles un mensaje de solidez institucional y confianza, sustentado en lo que ustedes representan, una estructura profesional experimentada y comprometida con el servicio público”, expresó al reconocer las inquietudes generadas por la situación interna del organismo.
La funcionaria subrayó que la prioridad será garantizar el cumplimiento de los procedimientos electorales, mantener el rigor técnico y asegurar que las responsabilidades del instituto se desarrollen sin interrupciones. “Las actividades deben continuar conforme los calendarios y los procedimientos establecidos con el rigor técnico que exige nuestra función”, señaló.
En paralelo, aseguró que el INE facilitará las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de recursos públicos y las contrataciones realizadas durante la administración anterior. Precisó que las revisiones deberán desarrollarse mediante los procedimientos legales correspondientes, respetando los derechos de las personas involucradas y sin anticipar responsabilidades.
“La función electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que debemos atender de manera simultánea”, afirmó Cruz García, al establecer que las investigaciones administrativas no deberán interferir con la organización de los próximos comicios.
La crisis institucional ocurre mientras distintas autoridades investigan posibles anomalías en contratos del INE. Entre las empresas señaladas se encuentran Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones, relacionadas con un contrato por 197 millones de pesos destinado al suministro de materiales para la elección judicial de 2025.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete proveedoras por posibles prácticas de simulación de competencia y triangulación de recursos, mientras que la ASF inició una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades contractuales, conflictos de interés y posibles acuerdos de colusión.
Por su parte, el OIC mantiene investigaciones iniciadas desde 2025 sobre eventuales irregularidades en contrataciones públicas. Según la información presentada ante la Cámara de Diputados, las indagatorias involucran al menos a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas.
En medio de estas investigaciones, Cruz García también propuso modificar la conducción interna del instituto para fortalecer la participación de las consejerías en las decisiones administrativas y operativas. “Esta nueva etapa debe estar guiada por la colegialidad”, sostuvo, al plantear que el diálogo, la deliberación y los acuerdos compartidos permitan recuperar la coordinación institucional.
El planteamiento responde a las diferencias surgidas durante la gestión de Taddei, especialmente después de la reforma aprobada en octubre de 2024, que modificó los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para permitir que la presidencia designara directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.
Antes de esa modificación, los nombramientos necesitaban al menos ocho votos de las consejerías. La reforma, promovida por el senador morenista Miguel Pavel Jarero Velázquez, también amplió las atribuciones de la Junta General Ejecutiva para aprobar acuerdos administrativos, técnicos y operativos, aunque mantuvo la aprobación colegiada para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.
La concentración de estas facultades generó inconformidad entre integrantes del Consejo General, seis de los cuales acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que las modificaciones afectaban la autonomía y el funcionamiento colegiado del instituto.
Sin embargo, el 4 de febrero de 2025 la Corte no consiguió los ocho votos necesarios para invalidar las disposiciones, por lo que permanecieron vigentes. Posteriormente, el 14 de enero de 2026, sobreseyó una controversia presentada por el INE al determinar que esa vía no era procedente para cuestionar normas electorales, sin analizar el fondo de los argumentos.
Con este escenario, la presidencia provisional enfrenta el desafío de mantener los preparativos electorales de 2027, colaborar con las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos y reconstruir los mecanismos de coordinación interna, mientras continúan las revisiones sobre las decisiones administrativas adoptadas durante la gestión anterior.
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