Quedan en evidencia fallas en la supervisión de las compras de medicamentos en México, a pesar de los cambios recientes; son frecuentes las adjudicaciones directas y las compras de emergencia
Ciudad de México, 13/04/26 (Más).- Empresas que incurrieron en irregularidades sanitarias y administrativas lograron acceder a contratos públicos millonarios para el suministro de medicamentos en México, en medio de un sistema de compras marcado por cambios estructurales, adjudicaciones directas y desabasto en el sector salud.
De acuerdo con El País, entre 2021 y 2025 distribuidores incluidos en el Listado de Distribuidores Irregulares de Medicamentos vendieron al sector público fármacos por al menos 9,500 millones de pesos, mediante más de mil contratos celebrados con gobiernos estatales y grandes instituciones federales de salud.
La revisión de estos contratos muestra que al menos 28 de las 162 empresas identificadas como irregulares lograron concretar 1,360 adjudicaciones, pese a que incumplían la normativa sanitaria, operaban sin autorización o presentaban inconsistencias en sus procesos. Estas condiciones no impidieron su participación en el mercado público, particularmente en periodos donde se flexibilizaron los controles para garantizar el abasto de medicamentos.
El reportaje, que forma parte de una investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, expone que los cambios implementados desde 2018 en los mecanismos de compra de medicamentos –que involucraron a diversas instituciones como la Secretaría de Hacienda, organismos internacionales, el Instituto de Salud para el Bienestar y Birmex– generaron un entorno de fragmentación que dificultó la supervisión y facilitó la entrada de proveedores cuestionados.
En este contexto, las compras de emergencia y el uso recurrente de adjudicaciones directas se convirtieron en prácticas comunes, lo que permitió a estas empresas acceder a contratos sin procesos competitivos estrictos.
Especialistas del sector farmacéutico señalan que estas medidas respondieron a la necesidad urgente de abastecer hospitales ante la escasez de medicamentos, pero también abrieron espacios a actores que no cumplían con los estándares requeridos.
Entre los casos más relevantes se encuentra la empresa Ethomedical, que obtuvo cerca de 8,000 millones de pesos en contratos entre 2021 y 2022, principalmente con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La compañía figura en el listado oficial por presentar irregularidades graves y encontrarse suspendida, y la mayoría de sus contratos fueron asignados de manera directa.
Asimismo, otras compañías como Santek Health acumularon cientos de millones de pesos en contratos, aunque actualmente enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades, incluyendo sospechas de medicamentos falsificados detectados en hospitales. También destacan Hima Promotions e Industrias Danjur, con montos significativos en contratos públicos.
El fenómeno no se limita a empresas, ya que personas físicas como Alan Jair de la Peña Rodríguez también lograron adjudicaciones relevantes, incluso después de haber sido señalados como distribuidores irregulares. En su caso, ha argumentado que su inclusión en el listado se debió a problemas administrativos y no a incumplimientos sanitarios, además de señalar que no recibió respuesta a solicitudes para aclarar su situación.
Documentos oficiales citados en la investigación advierten que México se encuentra entre los primeros países a nivel mundial en la venta y distribución de medicamentos falsificados o clandestinos, un mercado que se ha expandido de manera significativa en los últimos años. Este crecimiento ha ido de la mano con los problemas de desabasto en el sistema público, lo que ha configurado un entorno donde redes ilegales han logrado insertarse incluso en las cadenas de suministro gubernamentales.
El País informó que hasta el cierre de la investigación, autoridades como la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no habían emitido una postura oficial sobre estos hallazgos, pese a solicitudes de información realizadas con antelación.
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