Por Juan Rocha
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En seguridad pública y justicia, Coahuila gastó un 62% más a lo programado en el 2020, expuso el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En 2020, los poderes ejecutivos estatales destinaron en promedio 34% del total de sus recursos a educación, 14% a salud y protección social en salud, y 9% a seguridad pública y justicia, dio a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad en su reporte.
Los criterios en los que Coahuila fue evaluado arrojan que tiene un cumplimiento promedio del 97.2% desde el primer trimestre del 2020 al cuarto cuarto del mismo año.
Estados en Información Contable obtuvo el cien por ciento de créditos, lo mismo que en Informes Programáticos (Ipro), pero en Informes Presupuestarios (Ipre), llegó al 95% muestra el informe.
Principales Hallazgos:
En educación, los 32 estados gastaron 31 mil 25 mdp más de lo presupuestado. Los estados que gastaron más de lo originalmente aprobado fueron Michoacán (19%), Tlaxcala (19%) y Zacatecas (17%).
En salud y protección social, los estados ejercieron 26 mil 25 mdp más de lo que aprobaron sus congresos locales para 2020. Baja California redujo su gasto en 18% en comparación con 2019.
A pesar de las medidas de distanciamiento social, algunos estados ejercieron más de lo presupuestado en traslados y viáticos de funcionarios públicos. Cuatro estados ejercieron más del 30% del presupuesto aprobado para este rubro: Guerrero (902%), Nuevo León (87%), Baja California (39%) y Tamaulipas (36%).
El cumplimiento promedio de los 32 gobiernos estatales en el reporte de su información financiera es de 87%, 9 puntos porcentuales por encima del IEEG 2020.
Nueve entidades federativas cuentan con un cumplimiento que supera el 95%. Por el contrario, cuatro estados cuentan con un cumplimiento inferior al 70%. Chihuahua es la entidad con el menor puntaje obtenido en la evaluación (58%).
Las finanzas públicas estatales tienen grandes deficiencias en su planeación presupuestal. Esto sucede ya que una vez aprobados los presupuestos y las leyes de ingresos, los congresos locales se desentienden de su cumplimiento.
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