Ciudad de México, 03/08/26 (Más).- La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó ante un juez una acusación contra cinco exfuncionarios del municipio de Aguascalientes por su presunta participación en la contratación irregular de la empresa Next Energy, encargada de un proyecto de suministro eléctrico que no se concretó y que habría ocasionado un daño millonario a las finanzas del ayuntamiento.
De acuerdo con información publicada por El País, los imputados formaron parte de la administración municipal encabezada entre 2017 y 2021 por la actual gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional (PAN). Aunque la firma de la entonces alcaldesa aparece en el contrato investigado, la Fiscalía no la incluyó en la acusación presentada hasta el momento.
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y señala a los exservidores públicos por el probable uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con autorizaciones económicas que habrían permitido comprometer recursos municipales y federales para un servicio que no fue prestado en los términos convenidos.
Los exfuncionarios acusados son Jaime Gerardo Beltrán Martínez, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno; Alfredo Martín Cervantes García, entonces secretario de Finanzas; Mónica Marcela Díaz Aranda, encargada del despacho de la Secretaría de Administración; Rodolfo Téllez Moreno, secretario de Servicios Públicos y administrador del contrato, y Luis Alberto Rivera Vargas, síndico procurador.
Beltrán Martínez, quien posteriormente fue elegido magistrado en el proceso judicial de 2024, ha sostenido que cuenta con inmunidad derivada del fuero. Como parte de su defensa, promovió un juicio de amparo contra la notificación de la demanda presentada por la Fiscalía federal, por lo que su situación jurídica deberá ser revisada por los tribunales correspondientes.
El contrato con Next Energy fue firmado en marzo de 2019 y tenía como propósito declarado el desarrollo de infraestructura para la generación y el suministro de energía eléctrica. La empresa planteó construir un parque de paneles solares en la capital de Aguascalientes, entregar parte de la electricidad al municipio y comercializar el resto de la energía producida.
Mediante un esquema de asociación público-privada, el ayuntamiento se comprometió a realizar pagos durante 30 años. El documento establecía inicialmente una obligación por 949 millones de pesos, aunque las investigaciones señalan que el costo real del acuerdo podía ascender a 7 mil 854 millones de pesos durante toda su vigencia.
Para garantizar los pagos, el gobierno municipal habría comprometido 26 por ciento de los recursos presentes y futuros que la Federación entrega al ayuntamiento. También se utilizarían ingresos obtenidos mediante el cobro del derecho de alumbrado público, bajo un esquema mixto administrado mediante un fideicomiso constituido en Banca Afirme.
La participación de recursos federales permitió que la FGR asumiera competencia en el caso. La acusación sostiene que el contrato presentó el proyecto como una inversión pública productiva y como una infraestructura que sería propiedad del municipio, aunque en los hechos la empresa conservaría el control del parque y únicamente prestaría el servicio de suministro de electricidad.
La Ley de Disciplina Financiera obliga a que los recursos federales comprometidos por los gobiernos locales se destinen a inversiones públicas productivas. Para los investigadores, la forma en que fue estructurado el contrato pudo haber creado una apariencia distinta a la operación real, lo que habría permitido autorizar pagos y compromisos financieros sin cumplir con los requisitos legales.
La Auditoría Superior de la Federación también identificó irregularidades en la ejecución del acuerdo. Aunque la vigencia del contrato estaba prevista del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2050, los pagos habrían comenzado desde marzo de 2019, inmediatamente después de la firma, en contravención con las fechas estipuladas.
Durante la administración municipal de Teresa Jiménez se habrían instruido anticipos y compromisos de pago por más de 6 mil millones de pesos en favor de Next Energy, pese a que todavía no se prestaba el servicio ni existía infraestructura terminada que justificara la liberación de esos recursos, según los hallazgos incorporados a las investigaciones.
De manera paralela, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió sus propias carpetas de investigación y detuvo en diciembre de 2025 a Eugenio Maíz Domene, propietario de Next Energy, acusado de fraude, cohecho y peculado. Las indagatorias locales lo identifican como uno de los principales responsables del esquema relacionado con el contrato.
Hasta ahora, las investigaciones estatales no han dirigido acusaciones contra la gobernadora. Un representante de Teresa Jiménez negó que la mandataria hubiera cometido irregularidades y acusó al oficialismo de litigar en medios el caso. “Hay detenidos y sentencias. El tiempo nos está dando la razón”, declaró.
El modelo de contratación promovido por Next Energy también fue utilizado en Baja California y Monterrey durante administraciones encabezadas por distintos partidos políticos. En esas entidades se formularon señalamientos contra exfuncionarios que aprobaron compromisos financieros para proyectos de infraestructura energética que tampoco llegaron a construirse.
En Baja California, las investigaciones y acusaciones políticas alcanzaron al exgobernador Jaime Bonilla, mientras que en Monterrey el exalcalde Adrián de la Garza fue denunciado por representantes de Morena y Movimiento Ciudadano. Ambos gobiernos permitieron la entrada de Next Energy mediante contratos similares al firmado en Aguascalientes.
Desde prisión, Maíz Domene ha denunciado presuntos malos tratos, incomunicación y la supuesta firma de documentos sin la presencia de su abogado. En una carta enviada al periódico, afirmó temer por su integridad y la de su familia, y responsabilizó de cualquier situación o intento de daño a la gobernadora, a autoridades estatales y a quienes, según su versión, participaron en la integración de las investigaciones en su contra.
La acusación federal contra los cinco excolaboradores abre una nueva etapa judicial para determinar cómo fue autorizado el contrato, qué funcionarios intervinieron en la disposición de los recursos y quiénes deben responder por el daño patrimonial. La eventual responsabilidad de cada implicado deberá establecerse durante el proceso y mediante las resoluciones de las autoridades judiciales.
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