Ignacio Ovalle, que dirigió Segalmex cuando ocurrieron las irregularidades, no ha sido alcanzado en las investigaciones de los desvíos multimillonarios en esa entidad que son abordados como casos de delincuencia organizada.
REDACCIÓN MÁS / IA
Ignacio Ovalle, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), no enfrenta ninguna investigación penal ni administrativa, a pesar del desvío de 17 mil millones de pesos durante su gestión en el organismo.
A pesar de que los multimillonarios desvíos en Segalmex, organismo creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, son investigados como delincuencia organizada, Ovalle, quien dirigió la entidad cuando ocurrieron las irregularidades, no ha sido alcanzado por estas investigaciones. Actualmente, Ovalle es director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
En el ámbito penal, el exfuncionario de Segalmex con el mayor cargo vinculado a proceso es René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, quien reportaba directamente a Ovalle. Gavira enfrenta cuatro procesos penales por el desfalco multimillonario en Segalmex. Una de las causas penales está relacionada con el presunto lavado de dinero por la disposición de recursos públicos de forma ilícita para la compra de certificados bursátiles por 700 millones de pesos.
En una declaración ministerial, Ovalle admitió que pudo haber firmado documentos sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, ya que recibía numerosos documentos diariamente. El único caso en el que existe confirmación de su involucramiento es cuando autorizó a Gavira a realizar inversiones bursátiles, según reveló Animal Político. En un oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, se confirma que él autorizó dichas inversiones supuestamente para «autogenerar a futuro recursos financieros propios» con los que Segalmex cumpliría su objetivo de garantizar que la población más pobre tuviera acceso a la alimentación.
A pesar de estas circunstancias, Ovalle no es investigado en materia administrativa. La Secretaría de la Función Pública (SFP), en respuesta a la solicitud de información 330026524000063, confirmó que “no se localizaron registros de sanciones graves, y no graves firmes en contra de la persona de su interés”, después de una búsqueda en diversas unidades internas.
El presidente López Obrador ha exculpado públicamente a Ovalle, afirmando que, durante su gestión en Segalmex, confió en personas con malos antecedentes y fue engañado por empresarios corruptos que realizaron compras a sobreprecios.
Mientras tanto, Juan Bautista Rojas Fontes, exgerente de control presupuestal en la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, también enfrenta dos procesos penales por delincuencia organizada y lavado de dinero, según reportó el periódico Reforma.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Gavira, como apoderado legal de Diconsa, presuntamente autorizó liberar recursos para realizar un convenio con una empresa llamada “Servicios Integrales Carregin”, la cual supuestamente recibió el pago completo sin entregar el producto. La empresa Carregin supuestamente transfirió los recursos a «personas autorizadas» y a otras que no tenían relación con la empresa. La FGR asegura que Gavira tenía la obligación de vigilar estas operaciones y su inacción permitió la distracción de 142 millones de pesos en beneficio de la entidad mercantil.
Con información de Animal Político
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