Ciudad de México, 02/07/25 (Más).- A pesar de contar con impuestos verdes tanto a nivel federal como estatal, México carece de mecanismos claros de control y seguimiento sobre el destino de los recursos recaudados, lo que impide asegurar que se estén utilizando efectivamente para fines ambientales.
Para 2025, 29 entidades del país incluyeron este tipo de gravámenes en sus leyes de ingresos, pero sólo 15 proyectan obtener recursos por esa vía.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los impuestos verdes son instrumentos económicos cuyo objetivo es reducir los efectos negativos de ciertas actividades económicas sobre el medio ambiente. Sin embargo, expertos advierten que si su propósito principal es meramente recaudatorio y no están respaldados por planes ambientales sólidos, pueden terminar afectando la actividad industrial sin lograr mejoras ecológicas.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha señalado que la efectividad de estos impuestos depende del contexto de implementación y de su diseño regulatorio. “Cuando lo hablamos en la teoría económica, vemos que sí ayudan. Ahora, cuando ya lo vemos en temas aplicados, va a depender de cómo se implemente esta regulación”, explicó César Augusto Rivera De Jesús, investigador en transición energética y medio ambiente del CIEP.
A nivel federal, México tiene cuatro impuestos clasificados como verdes por la Semarnat: el IEPS a gasolinas y diésel, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el impuesto a plaguicidas y el impuesto al carbono. Sin embargo, la trazabilidad de estos recursos no está garantizada. “Ese dinero puede irse a pagar salarios de políticos, medicinas, carreteras, pero no necesariamente se está destinando a una mejora ambiental”, advirtió la economista Karina Caballero Güendulain.
El caso del IEPS a combustibles es señalado como un ejemplo fallido. En 2022, debido a la política de subsidios, los ingresos por este impuesto fueron negativos: se dejaron de recaudar más de 79 mil millones de pesos. Caballero Güendulain afirmó: “En México aún no hemos llegado a ese ejemplo en el que quisiéramos ver un impuesto verde que haya generado los resultados esperados de mejora en el medio ambiente”.
A nivel internacional, países como Dinamarca han implementado con éxito impuestos ambientales. En ese país europeo, entre 1987 y 1996, un impuesto redujo en 26% la generación de residuos municipales. Otro gravamen, aplicado entre 1993 y 1998, redujo el consumo de agua en 13% y las fugas en 23%.
En el contexto estatal, las leyes de ingresos de 2025 muestran que sólo 15 entidades tienen proyecciones de recaudación con impuestos verdes, a pesar de que 29 los han incluido. Estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Veracruz no contemplan ingresos por este concepto, aunque sus leyes lo mencionan. Las entidades tienen autonomía para decidir qué actividades gravan. Algunas, como Nuevo León y Zacatecas, aplican cuatro impuestos verdes; otras, como San Luis Potosí, sólo uno.
Rivera De Jesús explicó que, a nivel subnacional, la recaudación no tiene etiquetado específico. En muchos casos no se sabe qué actividad fue gravada ni cuánto se recaudó. “En la Ley de Ingresos de cada estado aparece solamente como impuestos verdes. ¿Sobre qué actividad se capturaron o se recaudaron? No sabemos”, señaló.
Ante esta falta de claridad, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el funcionamiento de estos gravámenes. Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, anunció en mayo que se trabajaría en su homologación. “Pues hay que ver: ¿en qué estados hay estos impuestos?, ¿cómo es que se cobran?, ¿qué dice la Ley de Ingresos o cuál es la ley que establecen cada uno de los estados la condición para cobrar este impuesto?, y ¿a dónde se dirige?”, afirmó Sheinbaum en una conferencia el 25 de febrero.
La experiencia con el impuesto a la tenencia vehicular también refleja inconsistencias. Desde que su cobro fue transferido a los estados en 2012, muchos lo han abolido o establecido excepciones para ciertos tipos de vehículos. Aunque el parque vehicular creció 81.3% entre 2008 y 2021, la recaudación por tenencia disminuyó 44% desde 2014.
Especialistas han subrayado la necesidad de una mejor coordinación entre autoridades ambientales y fiscales, tanto federales como estatales. Iyari Balderas Cruz señaló que es crucial diseñar marcos regulatorios que consideren las características de las empresas en cada región. En algunas entidades, como el Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente determina qué empresas deben pagar impuestos verdes, mientras que la Secretaría de Finanzas los cobra.
En la Ciudad de México, se busca legislar en materia de fiscalización ambiental. El gobierno capitalino firmó un acuerdo con sectores públicos y privados para establecer un impuesto a empresas con emisiones superiores a una tonelada mensual de CO2. Guanajuato, por su parte, reformó su Ley de Hacienda en 2024 para destinar preferentemente estos recursos a programas ambientales.
Caballero Güendulain sugirió extender el análisis a nivel municipal, para facilitar el control sobre las fuentes de contaminación. Balderas Cruz abogó por una política fiscal en la que los mayores contaminadores, como las grandes empresas, asuman los costos ambientales. Un estudio de Oxfam reveló que 50 de los multimillonarios más ricos del mundo emiten más carbono en poco más de una hora y media que una persona promedio en toda su vida, y recomendó imponer impuestos permanentes sobre la riqueza del 1% más rico.
Expertos coincidieron en que, si bien los impuestos verdes pueden fomentar tecnologías limpias y generar ingresos, su impacto real dependerá de la forma en que se implementen y de si realmente se destinan a mitigar el daño ambiental.
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