La cuota para envíos de dinero que promueve el gobierno de EU afectaría directamente a los hogares más pobres de México
Ciudad de México, 23/05/25 (Más).- La propuesta de imponer un impuesto del 3.5% a las remesas que discute el Congreso de Estados Unidos podría impactar directamente en los hogares más pobres de México y fomentar el uso de canales irregulares para el envío de dinero desde el extranjero, según señalaron especialistas en economía y representantes del sector bancario.
Sofía Ramírez, directora de la organización México Cómo Vamos, explicó que este impuesto va afectar el consumo de las familias que reciben remesas. De acuerdo con sus datos, el 11% de los hogares en México recibe remesas, cifra que supera el 13% en regiones como el occidente, el bajío y el sureste. En el sureste del país, estas transferencias representan más del 40% del ingreso de los hogares.
En 2024, los ingresos por remesas a México ascendieron a 64 mil 745 millones de dólares, cifra que equivale al 3.5% del producto interno bruto (PIB) nacional y que representó un aumento del 2.3% respecto a 2023, según datos del Banco de México. En estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, el impacto de estas transferencias en el PIB estatal superó el 9%.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó una iniciativa promovida por el expresidente Donald Trump que contempla este impuesto a las remesas, como parte de una ley presupuestaria que también incluye recortes al gasto público y exenciones fiscales. De ser ratificada por el Senado, la medida entraría en vigor en 2026 y afectaría a migrantes con visa temporal o sin documentación, mientras que los ciudadanos naturalizados y residentes permanentes estarían exentos.
BBVA anticipó que esta medida incentivaría la búsqueda de canales alternativos para el envío de dinero, lo que podría elevar los costos y riesgos asociados. A su vez, las remesas enviadas podrían disminuir como consecuencia de la carga impositiva.
La directora de México Cómo Vamos advirtió que este cambio generaría presión sobre la comunidad migrante, que podría optar por reducir el monto enviado o asumir los costos adicionales.
Víctor Gómez Ayala, economista en Finamex, señaló que el impuesto afectaría principalmente a mexicanos de primera generación que aún no cuentan con ciudadanía estadounidense, lo que agravaría el impacto en estados que reciben mayor número de remesas como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas.
Según el CEMLA, en el sur de México las remesas representan el 41.7% del gasto en los hogares que las reciben, mientras que en el oriente esta cifra alcanza el 40%.
A pesar del posible daño a nivel microeconómico, Ramírez consideró que la medida no afectaría de forma severa a la economía nacional ni provocaría una caída significativa en el flujo total de remesas hacia el país. No obstante, se prevé un impacto considerable en las familias que dependen directamente de estas transferencias.
El uso de canales informales para el envío de dinero podría incrementarse como respuesta al impuesto. BBVA identificó como alternativas el uso de personas con ciudadanía o residencia en Estados Unidos, transferencias bancarias, comercio electrónico, y monederos electrónicos. También advirtió sobre la posibilidad de que estos mecanismos sean aprovechados por grupos del crimen organizado.
En 2024, el 99.1% de las remesas se enviaron mediante transferencias electrónicas. El Banco de México reportó que solo el 0.7% se envió en efectivo o especie, y el 0.2% mediante money orders. “Es muy probable que el flujo completo de remesas que llegan al país a México no cambie, mientras que los canales a través de los cuales se envía se podría modificar ligeramente”, señaló Ayala.
Desde el sector bancario, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), calificó la propuesta como un impuesto discriminatorio que afectaría negativamente la digitalización financiera. “Consideramos que es un impuesto discriminatorio y que va a generar mucha distorsión en el sistema financiero”, afirmó.
Romano Mussali explicó que el impuesto gravaría actos que no implican el consumo de bienes o servicios, lo que podría afectar operaciones fronterizas ajenas al envío de remesas. Añadió que esto representa un retroceso en los esfuerzos binacionales por digitalizar los sistemas financieros y facilitar el acceso al crédito.
El presidente de la ABM aseguró que el sistema bancario mexicano cuenta con regulaciones robustas contra el lavado de dinero, lo que debería mitigar algunos efectos negativos de esta medida. Sin embargo, advirtió que aumentaría la opacidad y dificultaría el rastreo de los flujos financieros internacionales.
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