La posible reactivación del fracking en Coahuila implica riesgos ambientales y sociales que han sido documentados en EU. Las afectaciones incluyen agua potable, emisiones y presión sobre comunidades locales
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 13/04/26 (Más).- La posibilidad de reactivar la fractura hidráulica o “fracking” en la franja coahuilense de la Cuenca de Burgos no sólo reabre el debate por el agua, sino por una cadena más amplia de riesgos ecológicos y sociales que van desde afectaciones a fuentes de agua potable y emisiones fugitivas de metano hasta apertura de caminos, tránsito pesado, ruido, presión sobre servicios públicos y conflictos comunitarios, según documentación técnica y sanitaria generada en Estados Unidos por agencias públicas y organismos científicos.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) concluyó en el estudio “Fractura hidráulica para petróleo y gas: impactos del ciclo del agua de la fractura hidráulica sobre los recursos de agua potable en Estados Unidos”, que las actividades del ciclo del agua de la fractura hidráulica pueden afectar recursos de agua potable bajo ciertas circunstancias, especialmente cuando hay extracción intensa de agua en zonas con disponibilidad limitada, derrames de fluidos, fallas en la integridad de los pozos o manejo inadecuado del flujo de retorno y de las aguas residuales.
Aunque el estudio se refiere al territorio de Estados Unidos, esa advertencia pega de lleno en el norte de Coahuila, donde ya existe estrés hídrico y déficit en acuíferos estratégicos y comparte el área de la Cuenca de Burgos con Texas.
En la dimensión sanitaria, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos (NIEHS) sostiene que financia investigación y trabajo comunitario para estudiar los posibles impactos del fracking en la salud pública, mientras que literatura científica recopilada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Academia Nacional de Medicina ha reseñado preocupaciones por contaminación del aire y del agua, estrés, ruido, tráfico, iluminación nocturna y cambios en la vida cotidiana de las comunidades cercanas a los sitios de extracción.
Pero el escenario que más amenaza con traducirse en conflicto visible para Coahuila es el comunitario. La Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos (NAE) y los talleres de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina han destacado, entre los impactos del shale, el ruido, el tráfico, los efectos psicosociales y la permanencia de infraestructura como estaciones compresoras, que pueden ser grandes, ruidosas y generar rechazo vecinal, además de reducir valor de propiedades y alterar el paisaje local.
La experiencia internacional indica que el “fracking” no llega solo pues implica plataformas, desmontes, apertura y uso intensivo de caminos, filas de camiones para agua, arena y residuos, maquinaria pesada, iluminación durante la noche, compresores, ductos y movimiento industrial continuo.
Un capítulo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sobre impactos ocupacionales y comunitarios resume precisamente las consecuencias cotidianas de vivir cerca de un sitio de extracción: ruido, tránsito, presión sobre infraestructura y transformaciones abruptas del entorno.
El frente sísmico también está documentado. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que los sismos sentidos directamente por la fracturación hidráulica son raros, pero advierte que el agua residual producida por pozos fracturados puede detonar terremotos inducidos cuando se inyecta en pozos profundos de disposición. Es decir, el riesgo no se agota en la perforación o fractura del pozo, sino que se extiende al manejo posterior de los residuos líquidos.
Sobre si existen ya quejas de personas y organizaciones civiles por estas razones, la respuesta es sí. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado reconoce de manera explícita que las quejas por ruido y olores son las más comunes entre personas que viven cerca de actividades de petróleo y gas.
A eso se suman reportes y bases de datos de quejas levantadas en estados productores como Colorado, donde organizaciones como Earthworks documentaron reclamos vecinales por ruido de operaciones, tráfico, emisiones y afectaciones a la calidad de vida, con seguimiento en expedientes de autoridades estatales.
En Pensilvania también hay antecedentes. La investigación sobre impactos del Marcellus Shale y literatura científica citada por los NIH y otros centros de investigación recoge testimonios de residentes preocupados por ruido, tráfico, desconfianza institucional y cambios comunitarios, mientras organizaciones civiles han presentado quejas formales por emisiones, olores y manejo de residuos ante autoridades ambientales estatales.
Con ese antecedente, el “fracking” en Coahuila no puede presentarse sólo como una apuesta energética o económica. La experiencia documentada fuera de México muestra que, además de los riesgos sobre agua, residuos y emisiones, esta actividad puede provocar un disturbio ecológico y social en comunidades rurales y semirrurales: más tránsito pesado sobre caminos locales, más demanda de servicios, más ruido, más conflicto por el uso del territorio y más presión para autoridades municipales y estatales que tendrían que absorber los costos cotidianos del desarrollo industrial.
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