Redacción Más / IA
El Tramo 7 del Tren Maya, que se ubica entre Campeche y Quintana Roo, continúa en construcción pese a una suspensión definitiva. Las vías atraviesan localidades como Nicolás Bravo en Quintana Roo, así como Xpujil, Centenario y Escárcega en Campeche. Comunidades mayas de la Reserva de la Biosfera de Calakmul siguen una intensa batalla legal contra el proyecto, denunciando al gobierno por desacato.
El primer amparo para detener la construcción de este tramo se presentó en 2020 por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, argumentando que no se había realizado una consulta conforme al Convenio 169 de la OIT. Desde entonces, las comunidades han observado estragos como tala, deforestación, contaminación, especulación inmobiliaria y desplazamiento. La información fue publicada por la agencia Animal Político.
Pese a que un decreto presidencial consideró la obra como de seguridad nacional, lo cual ha reducido el número de juicios activos contra el Tren Maya, la localidad de Xpujil mantiene un juicio vigente. El 4 de marzo de 2020, un juez dictó la primera suspensión de la construcción del Tramo 7.
Romel González Díaz, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, explicó que la ley no es retroactiva y que presentaron la demanda antes del decreto. Señaló que se vulneró el derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, ya que el gobierno no llevó intérpretes a la asamblea consultiva. Además, afirmó que el proceso fue un engaño con promesas no cumplidas, pues se hicieron 2,600 peticiones de necesidades comunitarias, ninguna de las cuales ha sido atendida.
El pasado 1 de julio, el Tribunal Colegiado en Mérida confirmó la suspensión definitiva del amparo 1519/2021, a pesar de los intentos de la Consejería Jurídica de la presidencia y Fonatur por revertirla. Sin embargo, el Comité Técnico Interinstitucional debe ser notificado sobre el desacato, aunque Romel González denuncia medidas dilatorias en el proceso.
El 8 de julio, habitantes de Nicolás Bravo realizaron bloqueos en protesta por los daños ocasionados por vehículos pesados y exigiendo la reparación de las calles. En Xpujil, las afectaciones incluyen inundaciones, socavones y caída de puentes. Romel González comenta que las obras se realizan con prisa debido a la presión presidencial para inaugurarlas en unos meses.
La Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 7, presentada en 2022, reconoce el peligro de inundaciones y advierte sobre estructuras kársticas que pueden causar hundimientos. A pesar de estos desafíos, la comunidad de Xpujil sigue en resistencia legal tras más de cuatro años. Las medidas judiciales buscan proteger los derechos indígenas y ambientales, representando un caso significativo de resistencia indígena en México.
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Y que responde el muy legal Y justo GOBIERNO Ante este hecho ??? Y claro la ley está muriendo ante el paranoico y ambicioso gobierno, con la ayuda del corrupto encargado de las obras.